Las empresas del pacto de caballeros esquivan compromisos con Macri

La política del gobierno nacional y su equipo económico para frenar la inflación y estimular la economía, y así allanar su camino electoral, consiste en la firma de un acuerdo de precios en el que no cree con empresas que también lo rechazan.

La necesidad tiene cara de hereje, piensan a un lado y al otro de la mesa. El presente apremia y el objetivo es la reelección. Pero a los consumidores les toca, como único derrame, esperar al 29 de abril, día en el que los llamados Productos Esenciales entrarán en vigencia con más subas que cuidados.

Para elaborar la lista el gobierno de Mauricio Macri negoció con tan sólo 19 de las empresas más importantes de la industria alimentaria; una fracción de las corporaciones que dominan el mercado de consumo masivo, la mayoría también exportadoras. El aporte, sin embargo, se reduce a una nómina de 64 artículos (el 0,32% del total de productos que coteja el Indec para medir la inflación mensual) del rubro alimentos y bebidas, sin participación de las fábricas de artículos de tocador y limpieza.

Al presentar las medidas, el miércoles pasado, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que la garantía de cumplimiento reposa en un «pacto de caballeros» con las firmas.

La definición levantó polvareda porque se trata de empresas que, por definición, cuestionan todo tipo de intervención política en los mercados. Pero, además, porque son jugadores de peso en la formación de precios y desde que se conoció la intención oficial de propiciar este acuerdo particular, remarcaron precios a discreción mientras negociaban la elaboración de la lista final.

Informalidad

Sin reparar en críticas, Dujovne ratificó el carácter voluntario de la iniciativa el viernes en diálogo con el canal TN: «No se obliga a ninguna empresa. El acuerdo será efectivo y se va a cumplir porque nos pusimos de acuerdo».

Pero ya el miércoles se plantearon cuestiones elementales: ¿No existe un marco legal válido en el que el gobierno y las empresas se puedan apoyar para evitar una entelequia como la del «pacto de caballeros»? ¿Qué garantía tienen las autoridades –y los consumidores– de que las empresas van a cumplir con lo pactado y no van a seguir remarcando precios en el marco de alta volatilidad?

El gobierno agita la modificación de la Ley de Lealtad Comercial, pero mientras los Precios Esenciales no tengan formalidad, no hay sanción posible.

La comunicación del gobierno se apoyó en el valor de la palabra. Cuando el propio gobierno filtró, hace 15 días, el rumor de que estudiaba una batería de medidas económicas ya había tenido reuniones con varios de los dueños o altos referentes de las industrias alimentarias número uno del país. Tiempo pudo comprobar el dato que publicó inicialmente el diario Perfil. En pocos días el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, les pidió colaboración a Luis Pagani, de Arcor; Luis Pérez Companc, de Molinos Río de la Plata; Miguel Acevedo, de AGD; Javier Goñi, de Ledesma; y Martín Ribichich, de Pepsico.

Los convocados aceptaron y el oficialismo se preparó para un lanzamiento con el presidente Macri y los dueños de las grandes proveedoras juntos. Pero en el mundo real tallaron los rigores de la negociación y la presentación soñada se redujo a una conferencia de prensa de tres ministros que no pudieron dar el mensaje sin evitar las imprecisiones y los datos a medias (ver aparte). La posible foto con los empresarios quedó para mañana.

En desventaja

El CEO de la empresa Ledesma, Javier Goñi, confirmó que los empresarios fueron convocados por el gobierno a una nueva reunión este lunes a las 10:15. «Probablemente para una foto», planteó a este medio el representante de la familia Blaquier, quien dijo desconocer la razón del llamado.

De ser así la imagen verá la luz cinco días después de lo previsto por Balcarce 50. El miércoles, el Ejecutivo quiso dar señales de fortaleza hacia adentro y hacia afuera del país, pero el resultado revela que negoció con debilidad. Entre otras cosas, ni siquiera logró que las firmas que aportaron a la lista se prestaran a un compromiso formal.

Aunque mañana salga la foto que espera Macri, la negociación con un puñado de propietarios tiene trinando a una buena parte del empresariado, incómodo en el rol de espectador.

Un dirigente que pidió estricta reserva cuestionó la fragilidad que supone el acuerdo informal: «Al industrial que fabrica alimentos no le importa poner tres o cuatro terceras marcas con precios fijos en una lista. Eso no le cambia la ecuación a nadie y en sí misma no es ninguna garantía. Esto es el capitalismo y acá se trabaja con la maximización de la ganancia. Eso significa que nadie va a llevar su empresa a pérdida porque un gobierno hizo mal las cosas y tiene miedo de perder las elecciones».

La declaración desnuda el delgado hilo sobre el que se posa el acuerdo: si las variables macro, especialmente el dólar (ver página 20), que siguen volátiles, pegan un zigzag, las empresas van a remarcar precios. Tal vez no los del acuerdo, protegidos por el pacto, pero por qué no cualquiera de los miles restantes. El industrial agregó: «Un cambio real sería la desdolarización de las tarifas, porque una lista con 60 productos no le va a hacer mella a la medición del Indec». Las consultoras económicas ya prevén un nuevo pico inflacionario en abril. «

La semántica del despiste

«Estamos convencidos de que vamos a ganar la batalla contra la inflación», aseveró el miércoles el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con una seguridad que contradecía su propio semblante, visiblemente estresado.

Fue la única seguridad que apreció en la conferencia de prensa en la que también hablaron Dante Sica y Carolina Stanley, de Producción y Desarrollo Social, respectivamente, también con rostros extenuados.

Todo lo demás fue una larga sucesión de imprecisiones discursivas sobre las medidas anunciadas y sus detalles.

En las exposiciones de los ministros abundaron las estructuras del tipo «estamos trabajando » o «estamos lanzando». Más precisamente frases como: «Estamos sacando un DNU» o «estamos trabajando en el nombramiento de las autoridades de Defensa de la Competencia», que intentaron ser datos pero se quedaron en abusos del gerundio que no transmitieron la precisión que se esperaba de un mensaje tan importante, sino una sensación de que las definiciones están todavía en camino.

Una frase de Sica llamó particularmente la atención. Queriendo explicar el espíritu de la nueva lista de precios controlados expresó: «Tratamos de focalizar en productos esenciales, alrededor de 60, con alrededor de 16 empresas que se comprometieron de alguna manera para los próximos seis meses a mantener los precios». En rigor eran exactamente 64 productos y las empresas eran 19, sin mencionar la contradicción que supone la afirmación «se comprometieron de alguna manera».

El cansancio o la propia naturaleza informal de la mayoría de las medidas le jugaron una mala pasada al mensaje oficial.

Titular de la COPAL, Funes de Rioja: «No nos han convocado»

El presidente de la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL), Daniel Funes de Rioja, señaló que hay que sentarse a negociar con el gobierno una reglamentación adecuada de la Ley de Lealtad Comercial porque han hecho «algunas observaciones».

«Todavía no tengo el análisis de esas observaciones por parte de nuestros técnicos, pero a COPAL le han ofrecido sentarse a negociar, pero no nos han convocado», señaló Funes de Rioja.

El directivo confirmó también que el programa de Precios Esenciales, anunciado el miércoles, es complementario con Precios Cuidados, que se encuentra aún vigente y que tiene una nueva etapa de adecuación el próximo 6 de mayo. Es probable que las empresas pidan para ese momento alzas de precios por encima de lo habitual . «