Después de que Macri e Iguacel defendieron la medida, en la Unión Industrial amagaron con llevar el tema a la Justicia y la Federación Económica bonaerense reclamó la marcha atrás de la medida.
Pocas horas después de que el secretario de Energía, Javier Iguacel, y el presidente Mauricio Macri ratificaron la decisión pese a las críticas y el descontento generalizado de los consumidores, desde la Unión Industrial Argentina (UIA) condenaron la medida como “insostenible” mientras que la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA) expresó oficialmente su “total rechazo”.
La Junta Directiva de la UIA, en la que confluyen dirigentes de todo el país, mantuvo este martes una tensa reunión en la sede que la central fabril tiene en la porteña Avenida de Mayo.
Tras el encuentro, los industriales publicaron un comunicado en el que manifestaron “la preocupación existente por el incremento en el costo de la energía, particularmente del gas, que afecta en especial a las Pequeñas y Medianas Industrias, fundamentalmente del interior del país”.
Pero la fuente fue enfática al remarcar que “en este marco, las pymis (pequeñas y medianas industrias) no están en condiciones de absorber aumentos retroactivos en el costo energético, con el riesgo jurídico que esto representa”.
Tras la reunión, los industriales cuestionaron la intención del gobierno como inadmisible. Un referente consultado no descartó una queja formal de la entidad ante las autoridades, y otro indicó que en el plenario de la Junta Directiva varias cámaras y federaciones se mostraron dispuestas a denunciar la situación en los Tribunales.
Uno de ellos aseveró a Tiempo que la queja “está en camino” porque esta nueva medida favorable a las empresas que operan en el sector gasífero “no se puede sostener”.
Por su parte, el comunicado de FEBA hizo público su “total rechazo al ajuste retroactivo de tarifas que significa alterar los precios de los insumos y costos de nuestros comercios e industrias habiéndose cerrado los procesos económicos en los cuales fueron considerados”.
Por otra parte, apuntó que “el fundamente jurídico que se invoca (ley de convertibilidad 24076) regulaba el sector cuando en la Argentina había tipo de cambio fijo circunstancia que no rige actualmente”.
Por lo que la entidad exhortó al gobierno “a retrotraer la medida dispuesta y restablecer el cuadro tarifario vigente en un momento en que la recesión económica y la presión tributaria y financiera no permiten afrontar costos adicionales incausados”.
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