Según ARBA llevan dos años sin pagar lo que le corresponde. La Provincia las intimó por 27 millones de pesos.

El director de ARBA, Cristian Girard, coordinó las acciones de control en el predio de casi 20.000 metros cuadrados ubicado en la localidad de Martínez, frente al Río de La Plata, y explicó que el grupo empresario que explota comercialmente el lugar «fue intimado a pagar los $27 millones que adeuda a la Provincia en concepto de canon de ocupación», se informó oficialmente.
«Son tierras ganadas al río, propiedad del Estado bonaerense, se trata de un lugar con una vista privilegiada donde funcionan locales gastronómicos y un autocine», por lo que «tienen un plazo de 30 días (para pagar el canon) o la Provincia iniciará las acciones judiciales de cobro», aseguró el funcionario
El grupo empresario, conformado por diferentes sociedades, mantiene deudas desde 2018 que se corresponden con el momento en que cada una de las explotaciones comerciales fue instalada en el predio: algunas se remontan a dos años, como los restaurantes, y otras a 2019, como es el caso del bar y cafetería que funciona en el lugar.
Girard consideró que «son emprendimientos positivos para la Provincia porque generan actividad económica y empleo», y además permiten que la gente pueda disfrutar de la gastronomía, el cine y espectáculos musicales en un entorno privilegiado».
Pero consideró fundamental «que quienes explotan el lugar cumplan con el canon que deben pagarle al Estado, tanto en San Isidro como en cualquier otra parte del territorio bonaerense», ya que «están haciendo uso de terrenos fiscales de la Provincia, y tienen que pagar de la misma manera que se paga un alquiler cuando se utiliza un predio privado».
«Es tierra de las y los bonaerenses, y es justo que por usarla se deba retribuir al Estado para que esos recursos puedan volver a toda la sociedad, en forma de obras e inversión en salud, educación, seguridad y mejores servicios públicos», resaltó.
Si las empresas no cumplen en los próximos 30 días, la Agencia de Recaudación dará intervención a la Dirección Provincial de Gestión y Recupero de Créditos Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense, y a la Fiscalía de Estado, para activar el inicio de las acciones judiciales de cobro y los procedimientos de apremio.
Las acciones de ARBA también incluyeron una fiscalización tributaria sobre las empresas que actúan en el predio de Martínez, para controlar medios de facturación, situación catastral y otros temas impositivos. Producto de esa labor, se detectaron deudas e incumplimientos referidos al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, motivo por el cual se labraron las notificaciones pertinentes.
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