La ministra Bullrich volvió a agrupar tropas de la Federal, la Gendarmería y la Prefectura. Echaron a las personas que estaban sobre la plaza y las veredas.
La avanzada de las fuerzas fue desmesurada, al juntar efectivos de Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal en la acción represiva que derivó en la hospitalización de un trabajador de prensa, quien fue atropellado por una moto policial. Además, se reportaron múltiples casos de personas afectadas por gases arrojados contra sus rostros.
El trabajador fue identificado como Diego Gómez y fue trasladado al hospital Ramos Mejía, el mismo donde está internado el fotoperiodista Pablo Grillo, quien se recupera del impacto en su cabeza de una granada de gas lacrimógeno disparada a matar por un gendarme el pasado 12 de marzo.
La violencia ejercida por las fuerzas de seguridad este miércoles no respetó ni siquiera al «protocolo antipiquetes» (Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad), un instructivo que legaliza la represión con la excusa de enfrentar «impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal».
La decisión de aplicar la fuerza sobre personas que protestaban desde las veredas aledañas al Congreso o sobre la Plaza misma, sin interrumpir el tránsito de personas o vehículos, pone de relieve, una vez más, que la orden desde el más alto nivel político, el de la ministra Patricia Bullrich, es la de impedir la manifestación.
La palabra «¡Circule!» se escuchó de boca de los agentes de la Federal, lanzada contra las personas que se encontraban sobre la vereda en la esquina de Rivadavia y Callao, en diagonal al Palacio Legislativo, cuando ya quedaban muy pocos manifestantes.
Es la misma voz de orden con la que las fuerzas represivas de la última dictadura cívico militar pretendían que la población no se plantase. Pasado cierto tiempo, no pudieron imponer más esa pretensión.
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