Las grandes marcas, cada vez más inmersas en la corrupción

Mackie Messer (El Navajas) pasó a la historia no solo por ser un personaje clave de la Ópera de tres centavos de Bertolt Brecht, sino por una frase con la que pretende justificarse minutos antes de ser ahorcado. «¿Qué delito es robar un banco comparado con fundarlo?» Y al menos desde la quiebra del Lehman Brothers, en septiembre de 2008, los grandes bancos no hicieron sino corroborar ese aserto por sus oscuros procedimientos para hacer dinero más allá de todo límite. La parábola podría cerrar con el escándalo de los Panamá Papers, donde claramente aparecen los mismos bancos que hace casi diez años llevaron al mundo a la mayor crisis económica desde 1930.

Pero últimamente grandes marcas industriales se encolumnan en las mayores investigaciones judiciales de varios países por manejos copiados del capitalismo financiero: manipulación de datos, sobornos, evasión y hasta lavado de dinero. Los que descuellan por estos días son la alemana Volkswagen, el segundo mayor fabricante de autos del mundo; Samsung, el coloso de la electrónica coreano; Odebrecht, la constructora brasileña; y Airbus, la trinacional europea productora de aviones comerciales. Pero no son los únicos, ni habrán de ser los últimos seguramente.

En el caso de las instituciones financieras, es bueno mencionar que desde aquel aciago 2008 pagaron la friolera de 321 mil millones de dólares de multas (la mitad del PBI argentino) por delitos detectados por organismos de control estadounidenses, según datos del Boston Consulting Group.

En la lista están el Deutsche Bank, el Credit Suisse, el JP Morgan Chase, el HSBC, el ING, el Lloyds, el ABN AMRO, el Barclays y, más recientemente, el BNP Paribasy el Commerzbank. Que hayan preferido pagar a las autoridades reguladores antes que someterse a juicio indica que el riesgo de pasar por el banquillo es mucho mayor, y no solo a nivel monetario.

Para tener una idea de lo que significa este proceder valga contar que en España hay más de 200 banqueros acusados de delitos económicos. Algunos, como los titulares del Santander, Emilio Botín –ya fallecido– o Emilio Yebra, expresidente del BBVA, fueron acusados de delitos fiscales, otros como el extitular del FMI y ministro de Hacienda español Rodrigo Rato, por utilizar tarjetas de crédito no declaradas cuando fue directivo del Bankia, aunque también enfrenta cargos por haber llevado esa entidad a la bancarrota.

Pero las empresas industriales, esas que se dedican a elaborar productos tangibles, se ven sometidas cada vez más a ese mismo tipo de escrutinios judiciales.

Un caso flagrante es el de Volkswagen, que también prefirió pagar 23 mil millones de dólares a organismos estadounidenses antes que explicar por qué había fraguado un equipamiento electrónico que aseguraba un nivel mínimo de contaminación en motores diesel para burlar los controles oficiales de emisiones. Cuando se detectó la maniobra, el presidente de la compañía, Martin Winterkorn, se cargó todas las culpas y renunció para no profundizar el escándalo. Ya se habían vendido 11 millones de vehículos en todo el mundo, 600 mil solo en EE UU. Este miércoles la canciller alemana, Angela Merkel, tuvo que pasar por una comisión parlamentaria para rendir cuentas, ya que la firma tiene participación estatal. Allí dijo que no supo nada del caso sino hasta que estalló en la prensa, a fines de 2015.

En América Latina el caso Odebrecht resuena en los despachos de cientos de dirigentes políticos, con o sin mandato actual, luego de la orden de los propietarios de la compañía brasileña, un gigante de la construcción que tiene intereses también en la industria química, para que los ejecutivos involucrados en la causa Lava Jato ingresen en el sistema de delación premiada . O sea, que prendan el ventilador en la fiscalía a cambio de morigerar las penas que le cabrían.

En estos días el fiscal Rodrigo Janot tiene en sus manos un frondoso expediente con las declaraciones de casi 80 directivos que salpican a prácticamente toda la dirigencia brasileña, sin distinción de lengua, raza o religión (ver página 23). Pero también involucra a dirigentes de una docena de países de la región e incluso del África lusoparlante. La empresa también pagó multas –2600 millones de dólares en EE UU, Suiza y Brasil– tras reconocer que pagó sobornos. De todas manaeras su presidente, Marcelo Odebrecht, continúa preso y difícilmente eluda el proceso judicial.

La operatoria también roza al expresidente peruano Alejandro Toledo y al colombiano Juan Manuel Santos. Todavía en Argentina no se conocen todos los alcances, aunque ya tocó al jefe de los espías, Gustavo Arribas y a la empresa del primo del presidente, Angelo Calcaterra.

Al mismo nivel presidencial, pero en la lejanía, descuella el hecho que le costó el cargo esta semana a la primera mandataria de Corea del Sur, Park Geun-hye y que llevó tras las rejas al vicepresidente de Samsung, Lee Jae-yong, hijo y heredero del fundador de este enorme conglomerado orgullo de la tecnología de su país.

La mandataria tiene –o tenía, quién sabe– una amiga y confidente, Choi Soon-sil, maliciosamente apodada «la Rasputina». La investigación judicial determinó que Soon-sil le había pedido fuertes sumas de dinero a Jae-yong a cambio de facilitarle la resolución de ciertos asuntillos necesarios para el crecimiento de la empresa. Según parece, le habría dado unos 40 millones de dólares para, entre otras cosas, financiar en Alemania el entrenamiento de jinetes surcoreanos. Una de las amazonas es hija de Soon-sil. A cambio de tamaño altruismo, Samsung recibió el aval para la fusión de sus dos unidades de negocios, Cheil Industries y C&T.

Fiscales financieros de Francia y Gran Bretaña, a su vez, investigan desde hace algunas semanas el presunto pago de sobornos para «aceitar» la venta de aviones Airbus en distintas partes del mundo. Airbus Group integra el selecto club de miembros de la industria aeroespacial y de defensa y surgió en 2000 de la fusión de la alemana Daimler-Benz Aerospace AG, la francesa Aerospatiale-Matra y la española CASA.

A mediados de febrero, el gobierno de Austria se sumó a este embate judicial con una demanda por la venta hace 15 años de aviones caza Eurofighters. Argumenta que las autoridades fueron víctimas de un «engaño fraudulento» y reclaman el pago de 1100 millones de euros en daños. Por ahora Airbus dice que no hubo dolo y que no piensan pagar. «