Las jubilaciones como variables de ajuste

Tras la categórica sanción en el Senado de la reforma jubilatoria, Javier Milei anunció el veto completo de la ley, para sostener el equilibrio fiscal “a toda costa”, según los términos utilizados en el comunicado de la Oficina del Presidente. Se señala que el proyecto tiene “como único objetivo destruir el programa económico del gobierno”, una frase que deja en evidencia lo que siempre sostuve: para que cierren los números fiscales del gobierno habría que recortar necesariamente las jubilaciones, que son la principal partida del gasto.

El presidente comentó que “la medida demagógica que votó el Senado implica un incremento de la deuda de 370.000 millones de dólares, a perpetuidad”. En realidad, lo que se aprobó, básicamente, es la compensación por un 8% que el gobierno otorgó de menos respecto a la inflación de enero. ¿O acaso podría suponerse que el nivel de las jubilaciones resulta excesivo?

Es una nueva estrategia: calcular una situación actual a perpetuidad, como si todo fuera inmutable de aquí en más. Cualquier gasto importante, así calculado, daría una cifra extraordinaria.

Se estima que la actualización de los haberes generará un costo fiscal de 1,2 puntos del PIB. Con estos datos y un PIB en dólares de 560.000 millones según el FMI para el 2025, el mayor gasto se ubica en unos 7000 millones de dólares anuales. ¿Cómo se llega a los 370.000 millones? Pero, más importante: ¿Cómo evaluar este cálculo en términos actuales, en el impacto en la vida de jubiladas/os, que es lo que ha tenido en cuenta el Congreso para sancionar la Ley? No es posible. Sólo es una argucia matemática que puede ser comparable a la falacia del “17.000% de inflación heredada del anterior gobierno”, u otras tantas por el estilo.

En forma adicional, para el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el principal método es analizar este gasto como “generación de deuda pública” y calcular cuánta deuda (a perpetuidad) generaría la nueva normativa, como si las leyes no pudieran ser modificadas a través del tiempo.

Pero el citado funcionario también incurre en un error conceptual: no considerar que el equilibrio fiscal se produce por la interacción de los ingresos y los gastos fiscales. No se puede analizar una variable desconectada de la otra.

Tratar los aumentos jubilatorios como deuda no sólo le impone una carga negativa a este beneficio a jubiladas/os, sino que el cálculo también es erróneo, pues si los salarios crecen, los aportes previsionales crecen. Y si los salarios crecen, es porque la economía también está creciendo, lo que implica mayores ingresos fiscales. Y otro tema que no se considera es que, a mayores ingresos por jubilaciones y pensiones, mayor gasto, mayor dinamismo para la economía y, por lo tanto, mayores ingresos fiscales.

La solvencia fiscal no es un valor absoluto. Si se resuelve con una mayor imposición basada en tributos progresivos, es loable. Pero si se trata de aplicar motosierra y licuadora, como lo está haciendo este gobierno, la economía y la sociedad seguirán sufriendo intensamente.

De hecho, el propio oficialismo reconoció en su momento que se les fue “un poco la mano”, ya que apuntaban a recortar el equivalente a 5 puntos del PBI y terminaron siendo 7. No obstante, van a vetar la actualización de las prestaciones previsionales.

Además de la aprobación en el Senado de la ley de movilidad previsional, otro hecho contundente fue el rechazo en Diputados al DNU 656 del Ejecutivo, que destina 100.000 millones de pesos en gastos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Por sobre todas las cosas, es un reflejo de que en la sociedad sigue existiendo una profunda convicción respecto de determinados valores democráticos.

Antes de la sesión en Diputados, los medios reparaban en los esfuerzos del gobierno para tratar que ésta no se realizara por falta de quórum aunque el mismo se conformó de forma holgada.

Los números finales de la votación hablan por sí solos, ya que 156 legisladores/as rechazaron el DNU, en tanto 52 votaron a favor de la norma del Ejecutivo. Se conformó una mayoría contundente: el 75% de los votos, un porcentaje que no es habitual.

La política en el sentido profundo del término está asociada al alcance de mayorías sobre la base de negociaciones y acuerdos donde se busca poner por delante lo importante, más allá de los proyectos de cada sector, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas existente en cada momento. Hacer política no es lograr lo que uno quiere hacer, sino conseguir lo más parecido a lo que se intenta hacer. Demanda trabajo y la búsqueda de coincidencias alrededor de los matices.

En el caso del financiamiento a las universidades en Diputados, se posibilitó el tratamiento del dictamen del bloque radical, y se incorporaron modificaciones que aportaron Unión por la Patria y otros bloques y sobre eso se construyó una mayoría.

El gobierno va a ir perdiendo capacidad de construcción de alianzas, en la medida en que profundice su política del “ajuste más grande de la historia universal”, de la “destrucción del Estado desde adentro” y de la desregulación de todas las actividades que deben ser reguladas. Si se siguen ampliando los daños productivos y sociales, como es previsible que suceda, el apoyo de amplios sectores de la ciudadanía irá menguando.

Es necesario reparar en que el malestar creciente no necesariamente llevará a que quienes hace tan sólo nueve meses votaron al gobierno actual cambien de opinión, al menos no masivamente. El proceso seguramente será gradual.

La muletilla de éste y de todos los gobiernos ajustadores (en todas sus versiones) es que hace falta más sacrificio. Se resume en frases como “estamos mal pero vamos bien”. Recientemente, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la economía tocó su piso entre abril y mayo, y que vamos a ver una recuperación que “va a sorprender a muchos”.

Sin embargo, los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec muestran una vez más que la realidad va por otro carril. Junio cayó 0,3% mensual y en niveles se ubica como el segundo peor mes de 2024 (el primero fue abril). En términos interanuales la caída fue del 3,9% en junio, y sin la contribución positiva del agro se hubiera desplomado un 8,3%. Este número debe ser visto como el verdadero impacto de las políticas que lleva a cabo este gobierno.

Tras seis meses consecutivos con resultado positivo, en julio se cortó la zaga de superávit fiscal financiero. Si bien la recaudación fue suficiente para que se registre un superávit primario de 900.000 millones de pesos, no alcanzó para el pago de los intereses, y el resultado financiero fue de -601.000 millones.

En relación con el gasto, en el acumulado enero-julio el gasto público primario se redujo interanualmente el 30,9% y estuvo explicado casi en su totalidad por: el recorte de las jubilaciones y pensiones (27,7% del total), de los gastos de capital (22,6%) y de los subsidios económicos (15,2%, que en parte explican la fuerte suba de las tarifas).

¿Cuánto sacrificio adicional hará falta, si las propias políticas de ajuste reducen la actividad económica y la recaudación, tornando cada vez más difícil (y costoso para la población) el alcance del mentando superávit fiscal? Con cada nueva poda se retroalimenta el círculo vicioso que impulsa al gobierno a nuevos ajustes. La crónica tiene un desarrollo que ya vivimos . «