Una vez más, las organizaciones feministas se manifestaron en la ciudad ante la cantidad de femicidios registrados en lo que va del año y para exigir a las autoridades que implementes una serie de medidas para mitigar la violencia hacia ellas.

Las manifestantes se concentraron cerca de las 18 en el ex Ministerio de Salud de la Nación, en Carlos Pellegrini al 300, donde realizaron un pañuelazo y de allí marcharon a Plaza de Mayo. Cerca de las 19, se realizó la habitual lectura del documento confeccionado en conjunto por los diferentes colectivos.
La consigna de la jornada fue “contra las violencias hacia las mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries”. Además, los organizadores del encuentro plantearon: “El estado, Macri, les gobernadores y las iglesias son responsables. #AbortoLegalYa”
Entre otras agrupaciones, la movilización fue convocada por la Campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres, la Campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, ATE Nacional, la CTA Autónoma, Ademys, el Partido Obrero, el PTS, el MST, Ni Una Menos y La Bancaria.
En la movilización circuló la invitación a firmar la “Declaración de Emergencia en Violencia contra las Mujeres” a través de la cual se le exige “al gobierno nacional la aplicación de políticas efectivas en prevención de violencia, con el presupuesto necesario para su correcta implementación y control por parte de las organizaciones de mujeres. Por promotoras en prevención de violencia en todo el país”.
De esta manera, se pretende que se asignen “partidas presupuestarias extraordinarias para desplegar las medidas necesarias de asistencia y prevención”; la creación en todo el territorio nacional de centros de día y refugios “como instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres víctimas de violencia para aquellos casos en que la permanencia en su domicilio implique una amenaza para su integridad”.
Además, la declaración de emergencia contempla la reglamentación del patrocinio jurídico para las víctimas de violencia de género. La medida ya está creada por ley pero nunca se concretó. Se solicita también disponer de una asignación económica mensual equivalente a un salario mínimo, vital y móvil para las mujeres en situación de violencia.
Por último, se propone que “se incorpore un plan nacional de promotoras comunitarias en prevención y acompañamiento de mujeres en situación de violencia, siendo esta una tarea remunerada”.
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