Las murgas uruguayas, una voz crítica estridente que el gobierno no puede callar

Por primera vez en la antigua historia del Carnaval uruguayo, el gobierno de turno boicotea la fiesta popular que en febrero/marzo de cada año ilumina la vida de grandes y chicos en lo que se ha convertido en un monumento a la libertad de expresión, un capítulo de juego y transgresión único en una sociedad esencialmente retraída, prudente. Aunque se lo califica como un convocante atractivo turístico, el gobierno ultraconservador de Luis Lacalle Pou le quitó todo apoyo. Ni la dictadura (1973-85) había llegado a tanto. Fiel a su ideología, el discurso oficial de patas cortas olvidó que existe la solidaridad. Gracias a ella, sin embargo, allí florece hoy otro Carnaval, rozagante, decidor de las cosas que no se quieren escuchar.

Detrás del boicot hay una decisión política: la de hacerle perder brillo, atractivo y audiencia –sobre todo audiencia– a una expresión popular crítica, como siempre. Los gobernantes saben muy bien que las murgas son cooperativas nacidas en las barriadas pobres y formadas por gente humilde. Y saben muy bien, también, que “sacar una murga” cuesta mucho dinero. La vestimenta y los sombreros son costosos, como lo es la reposición de los instrumentos y los vehículos de transporte. En las sombras de cada grupo hay decenas de colaboradores: utileros, electricistas, arregladores musicales, escenógrafos. En los meses previos, y durante el Carnaval, los murgueros dejan de hacer las changas con las que comen en el transcurso del año, y los jornales perdidos van a los costos de la cooperativa.

Desde sus orígenes la murga es transgresora, irreverente. “El Carnaval es, desde la época bárbara de 1800, la fiesta del cuerpo y del alma sin límites temporales, universal”, decía el historiador José Pedro Barrán. En un país joven “no hay otro fenómeno cultural y social que se pueda medir en términos del siglos”, dice hoy la socióloga Milita Alfaro. Cuestiona al poder, y oculto en un humor inocente, no deja títere con cabeza. Objeta a los dirigentes, denuncia tramoyas y muestra la corrupción. Como era previsible, este año pone la mira en el referéndum que se realizará el 27 de marzo para derogar parte de una llamada Ley de Urgente Consideración, un compendio neoliberal con el que el gobierno de Luis Lacalle Pou se propone destruir el país (ver aparte).

El grueso del repertorio apunta contra la LUC. Los 38 grupos que participan del Carnaval, todos, tienen al engendro neoliberal en el centro de su canto. Se sabía, porque los ensayos de las murgas son abiertos. Es por ello que ya en diciembre Alejo Umpiérrez, el intendente del departamento de Rocha –donde brillan La Paloma y una cadena de playas oceánicas menores pero igualmente hermosas– “sacó a relucir su espíritu democrático”, se olvidó de la fiesta de la gente y anunció que su gobierno no financiaría ni el desfile ni los tablados (escenarios públicos) en los que las murgas cantan para su gente. “La murga no es una vaca sagrada, el Estado no les pagará para que suban a los tablados a criticarnos”. Clarito, Umpiérrez.

También fue claro el colectivo de murgas: “Tendremos un Carnaval cogestionado”. Miles de personas participan de él. Fue, es posible, porque las murgas renunciaron a su cachet y los sindicatos de docentes y de las empresas públicas amenazadas de privatización fueron inmediatamente solidarios y enviaron sus cheques de apoyo. A la cola de Umpiérrez, los directorios de las empresas públicas se sumaron al boicot y decidieron que en 2022 no harán como siempre, que ayudaron económicamente a las agrupaciones En todo el país, el rechazo a la LUC, la defensa de la educación y de las empresas públicas, la reivindicación de las grandes conquistas laborales y el nombre del expresidente Tabaré Vázquez, muerto en diciembre de 2020 (este año el Carnaval de Montevideo se realiza en su homenaje) se llevaron los aplausos en todos los tablados.

Mientras día a día se suman las organizaciones que rompen el boicot –hasta la Cooperativa Policial de Ahorro y Consumo apoya económicamente a los grupos–, el secretario general de la Presidencia, Álvaro Delgado, se molestó con las críticas murgueras, las primeras que no puede ocultar el gobierno, apañado por los medios. Este no, pero todos los gobiernos, desde el lejano siglo XIX, se han bancado olímpicamente las críticas. Por eso, además de Umpiérrez y de las empresas públicas, la Secretaría de Deportes –un organismo que depende del presidente– prohibió la inscripción “Viva la educación pública” en las casacas de los ciclistas que, en medio del Carnaval, disputan la ya célebre prueba Rutas de América.  

Junto con la LUC, las murgas ironizan con la primera dama, la “primera frívola” le dicen, con la senadora Graciela Bianchi, fiel ladera de Lacalle a la que sin rodeos llaman “la loca”, y con el propio presidente, a quien le recuerdan sus “años de falopero” (“Tuitea de noche y aprieta los dientes / pa’ mi está tomando la del presidente”, canta Queso Magro). Ante el éxito del pregón, tres diputados del Partido Colorado, miembros de la coalición antiprogresista, decidieron apostarse el jueves 17 ante el tablado situado ante el Palacio Legislativo, donde cantaba Queso Magro. No fueron bien recibidos. Se fueron. “Son muy combativos contra el gobierno”, dijo el diputado Felipe Schipani. Con una celeridad sorprendente, dentro del tablado, un grupo de jóvenes parafraseó una célebre canción murguera de 1932, un clásico de los Patos Cabreros, y acompañó la fuga de Schipani con un “se van los colorados / los colorados se van / es la primera sanción / para la coalición”.  «