Las nuevas medidas oficiales para controlar los aumentos profundizan aun más la tensión con las empresas

En medio de una escalada de los precios que se agrava con la segunda ola de la pandemia, el gobierno propuso el jueves pasado un paquete de medidas con el que aspira, nuevamente, a frenar los valores de los productos de consumo masivo y asegurar el abastecimiento en los canales comerciales.

Además del malestar que se generó por las subas constantes y su impacto en el salario, la iniciativa tiene la intención de ajustar la inflación a una meta anual que, a la luz de los últimos datos oficiales, parece cada vez más difícil de cumplir.

«Los tiempos se acortan»

La batería de medidas oficiales resalta por su ambición, pero a la luz del efecto que tuvieron los programas vigentes en el control de la inflación abren una incógnita. La iniciativa profundiza la tensión creciente entre el gobierno y las empresas de las que se espera un aporte significativo para que las políticas funcionen.

Pero parece que ello está lejos. El titular de Copal, Daniel Funes de Rioja, coincidió con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en un Zoom de la UIA. El empresario arguyó que la Ley de Góndolas es inconstitucional y el funcionario le reprochó el incumplimiento de los acuerdos de precios y el lanzamiento de productos mellizos para burlar lo convenido. Ese día el ministerio imputó a Nestlé, Agropecuaria Paso Viejo y Mondelēz por incurrir en esa práctica.

Pero Copal sumó el apoyo de la Amcham, la cámara de comercio argentino-estadounidense, que en las últimas horas renovó la presión contra la Secretaría de Comercio Interior con un comunicado crítico del programa Precios Máximos, renovado el 31 de marzo sin autorizaciones de aumentos.

En la misiva titulada «Los tiempos se acortan», la entidad acusó pérdida de rentabilidad durante el año de vigencia del programa al que atribuyó la responsabilidad por los desabastecimientos y por la caída de las inversiones privadas en infraestructura y publicidad. Amcham también apuntó contra los sistemas Sipre y Sifire. El gobierno respondió dos días después con el anuncio de que los inspectores de la Afip saldrán a controlar el cumplimiento de los programas.

El foco de conflicto

Las medidas están organizadas en cinco grandes ejes. El primero plantea garantizar el abastecimiento de carne vacuna a precios accesibles (ver aparte). El segundo, acuerdos de precios de los insumos que compran las cadenas de valor; en este caso se destaca la intención de suscribir entendimientos con los proveedores de la industria y de la construcción para «sostener el precio vigente al mes de marzo hasta fin de año con cláusula de revisión trimestral».

El tercer eje propone fortalecer el acceso a alimentos a precios accesibles. Contiene el llamado Mercado Federal Móvil, que ofrecerá alimentos frescos a precios mayoristas. En la primera etapa serán frutas y verduras. Según el anuncio oficial, incluye entre otras cosas «una nueva canasta» negociada con las alimenticias.

El cuarto eje comprende el Programa Pymes en Góndolas. También incluye cinco líneas por $ 4800 millones para financiar a pequeños productores de alimentos frescos.

Por último, se prevé monitorear los mercados y el cumplimiento de las normas vigentes. La Secretaría de Comercio Interior sumará 500 nuevos fiscalizadores durante el resto de la pandemia y se pone en funcionamiento el Sipre, el sistema de control de los costos en las cadenas de valor anunciado recientemente; y el Sifire, lanzado para controlar la veracidad de la información que publican las empresas en las etiquetas de sus productos. Finalmente entra en funciones el Observatorio de Precios de la Ley 26.992. «

Por qué las exportaciones de la carne están en la mira de las autoridades

Los anuncios de medidas para controlar la inflación motivaron observaciones más allá de la industria. El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) apuntó que «mayores controles y requisitos en materia de exportación (…) afectan de manera directa cualquier iniciativa de desarrollo exportador, generador de empleo y divisas”.

En sintonía, la Mesa de Enlace que conforman la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Coninagro y la Federación Agraria solicitó audiencia a los ministros de Agricultura, Luis Basterra; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y Economía, Martín Guzmán, para tratar las medidas anunciadas para la exportación de carnes. Al cierre de esta nota las medidas no se habían publicado en el Boletín Oficial, pero el tironeo con las patronales rurales  promete seguir en los próximos días.

Según expresaron distintos funcionarios en la semana, las iniciativas sobre la actividad de la carne apuntan a subir las retenciones a las ventas externas, abrir un registro de exportadores y hasta prohibir las exportaciones.

Mientras tanto, la Afip arrancaría la semana que viene con la actualización del registro de precios de referencia a partir de lo que informe la comisión mixta integrada por representantes de los ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Desarrollo Productivo, junto con organismos de control. El objetivo es evitar la subfacturación de las exportaciones.

A pesar de las continuas y permanentes mesas de debate sobre la carne que armaron las gestiones de gobierno desde hace 15 años, el sector sigue generando denuncias y escándalos vinculados con las exportaciones no registradas o en las que se efectúan maniobras de subfacturación, una forma de apropiarse dólares en negro. El mercado interno también es un territorio propicio para las maniobras de evasión, que algunos calculan en el 30% de la faena y la distribución, y con alcance nacional. «