Desde que asumió este gobierno, el INTA se fue retirando de las instancias de articulación.
El organismo viene padeciendo un proceso de retiros voluntarios forzados, lo que en la práctica es una política encubierta de despidos. Además de la gravedad de la pérdida de fuentes laborales, de este modo el gobierno nacional atenta contra los objetivos de una institución relevante para cientos de miles de familias trabajadoras de la tierra. Las motivaciones del gobierno son variadas, según denuncian los propios trabajadores del INTA: detrás de estos cambios está, además, el interés por vender edificios y más de 60.000 hectáreas de tierras estatales que son deseadas por capitales privados.
Debemos decir que esta situación no nos sorprende. Desde la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA), integrada por organizaciones y federaciones de productores de todo el país, venimos denunciando y enfrentando los recortes en el Instituto de Agricultura Familiar, en programas como el ProHuerta y Cambio Rural o el intento de eliminación del Fondo de Protección de Bosques. Son medidas que dejan en el abandono a trabajadores del Estado y a quienes producimos. Exponen nuestros territorios a los desalojos, al desmonte y a los incendios, y favorecen la concentración y extranjerización de la tierra y de la economía del país.
En el caso del INTA, desde que asumió este gobierno el organismo se fue retirando de las instancias de articulación con las organizaciones de pequeños productores. Productores de todo el país veníamos desarrollando un trabajo conjunto destinado a fortalecer la certificación agroecológica, la investigación en semillas, distintos proyectos de capacitaciones para mejorar el trabajo y la producción. Sin embargo, los trabajadores del organismo dejaron de tener directivas para dar continuidad a esas actividades. El INTA se fue retirando paulatinamente del acompañamiento al pequeño productor, hasta llegar a la situación actual.
Desde la Mesa Agroalimentaria Argentina planteamos la necesidad transformar el modelo agroalimentario. Ello requiere del aporte de la tecnología agraria desarrollada desde una posición independiente de las grandes corporaciones y sus paquetes tecnológicos, que están concebidos en función de un modelo que atenta contra el campo que alimenta.
Es fundamental contar con una institución del Estado que garantice la investigación y la promoción de tecnologías desarrolladas en función de experiencias concretas, adecuadas para el sector de los pequeños productores cooperativos tanto en el plano de las maquinarias, como en la generación de variedades hortícolas que resistan la sequía, o en el desarrollo de genética animal, por mencionar algunos ejemplos.
Por eso, uniendo fuerza con las y los trabajadores del organismo, vamos a defender el INTA para que no sea desmantelado. El país necesita políticas públicas a favor de quienes trabajan la tierra. Porque sin las familias productoras, sin las cooperativas y los emprendimientos comunitarios, no habría alimentos en la mesa de los argentinos. «
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