AEA, la UIA y la Cámara de Comercio salieron a discutir la legalidad de la iniciativa oficial. Diferencias de tono entre los dueños de las grandes compañías y las integrantes del G6.
Este miércoles salió al ruedo la Asociación Empresaria Argentina (AEA) con una posición clara en contra de la iniciativa a la par de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) que también se manifestaron críticos del avance del gobierno aunque en un tono más contemplativo.
AEA, la entidad que integran los dueños de las empresas más grandes de la economía local, anticipó su rechazo a la medida oficial desde el título de su comunicado porque “no ha respetado un principio básico de la seguridad jurídica por cuanto no es facultad del Poder Ejecutivo intervenir una empresa que se encuentra en concurso de acreedores”.
La Junta Directiva de la UIA que integra la dirigencia fabril de todo el país se refirió a la cuestión pero, a diferencia de AEA, como un tema más de la agenda, en el comunicado quincenal que emite al cabo de sus reuniones.
No obstante los industriales, que un día antes manifestaron posiciones divergentes según los sectores, abogaron por la “necesidad de garantizar el efectivo respeto del principio de legalidad” como “condición necesaria para el desarrollo de la empresa privada y la inversión” dos factores que definieron como “fundamentales” para la recuperación económica de la pospandemia.
La CAC sí emitió un comunicado específico en el que destacó “el respeto de las normas y la división de poderes” algo que asoció con una defensa de la economía de mercado y el rol de la iniciativa privada.
En esa línea reconoció la capacidad del Estado para intervenir pero solo para legislar a favor de la inversión.
La expropiación, agregaron los empresarios mercantiles, “debe ser una medida excepcional y ajustada a lo que establece la Constitución Nacional (CN)” en relación a que debe fundarse en utilidad pública y estar calificada por ley y previamente indemnizada, argumentó la entidad, factores que el gobierno del Frente de Todos hasta el momento no negó.
En pocas palabras concluyeron “la intervención de una empresa que se encuentra en trámite concursal implica un procedimiento anómalo que es probable que provoque litigiosidad”.
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