Las organizaciones sociales se reconfiguran en el escenario de ajuste

En medio de una situación social de fuerte tensión, donde la crisis que golpea a los sectores más vulnerables amenaza con hervir, el gobierno nacional de Cambiemos apuesta a  las organizaciones sociales y a las ONG para contener las demandas tras el ajuste, en una relación que intenta configurar como de mutua necesidad. Por un lado, decidió mantener y modificar programas sociales como Argentina Trabaja y Ellas Hacen haciendo partícipes a otros jugadores y no sólo a los municipios, y al mismo tiempo cierra otros, como el Programa Sociocomunitario para viviendas, para llevar a sus trabajadores a una situación límite que los obligue a resignar la formalidad de la que gozaban y aceptar en cambio subsidios ubicados por debajo de la canasta básica familiar, en una precarización encubierta. Las organizaciones, además de alertar sobre el pulso del deterioro socieconómico creciente en este semestre, enfrentan el desafío de abordar un nuevo escenario que las llevaría a gestionar en forma directa con el Estado los programas sociales, pero posiblemente deban compartir con las ONG el trabajo territorial.

El diagnóstico

“Por cada puesto de trabajo formal que se cae, se pierden aproximadamente cuatro puestos de trabajo informal”, resumió a este medio Gildo Onorato, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). “En los últimos seis meses, pasamos de tener 450 comedores en todo el país a más de 500, alredededor de 100 más, y crecieron en número los que ya existían. Por ejemplo, donde iban 100 chicos ahora van 150, 160”, narró a Tiempo Juan Carlos Alderete, coordinador nacional de la Corriente Clasista Combativa (CCC). 

“Hace 15 días que estamos pidiéndole alimentos a Desarrollo Social porque nuestras copas de leche duplicaron la cantidad de niños. El gobierno no nos viene contestando ni por la positiva ni por la negativa. Si esto sigue así, si no nos dan alimento para asistir a nuestros chicos, vamos a empezar a ir a los supermercados a pedir. Ellos son los beneficiarios de estas políticas”, advirtió el coordinador nacional de la Tupac Amaru Alejandro “Coco” Garfagnini. 

“En estos seis meses, sólo en la provincia de Buenos Aires empadronamos, en merenderos y comedores, a 10 mil compañeros caídos del sistema. En el interior del país, entre 8000 y 10 mil más. Solicitamos programas sociales para ellos. Hasta el momento nos entregaron alrededor de 600 programas”, consignó el dirigente nacional del Polo Obrero Eduardo “Chiquito” Belliboni. “Cuando le planteamos la situación a la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley en abril, quien tuvo la amabilidad de recibirnos, el resultado fue muy malo porque planteó que su visión del problema era que el sector estaba siendo atendido con el aumento de la Asignación Universal por Hijo, que había pasado de 600 pesos a 800”, sostuvo

Alternativas y debates

En las organizaciones sociales los análisis de las medidas del gobierno difieren. Algunas se posicionan cerca de la posibilidad de liberarse de la mediación de los municipios en los programas. Otras, menos dispuestas a compartir trabajo territorial con las ONG, señalan en algunos casos precarización laboral encubierta. Con el gobierno anterior, la ejecución de programas como Argentina Trabaja y Ellas Hacen se concretaba con provincias, municipios, cooperativas o federaciones de cooperativas y universidades. “Vamos a esperar a ver qué pasa y ahí evaluaremos. Con el anterior gobierno veíamos una estructura muy orientada a sostener a los intendentes”, marcó a este medio Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, ante los posibles cambios. “Nosotros estamos en diálogo con el gobierno nacional por el tema de tener una relación directa, no a través de los municipios”, reconoció Ricardo Fernández, representante territorial nacional del Frente Popular Darío Santillán. 

“En 2001 sí apostábamos a la crisis porque no había salida institucional para los sectores populares. Hoy hay salida institucional”, marcó Gildo Onorato de la CTEP. “Si las ONG expresan los intereses de los trabajadores y son parte de las organizaciones, no hay ningún problema. Si las ONG son las de Laura Alonso, no tenemos nada que ver con eso”, sentenció el dirigente. El 12 de mayo, la CTEP firmó un convenio con el gobierno nacional para la construcción de 700 viviendas en Almirante Brown y otras 270 en Escobar, según Onorato, a través de “Obra Pública”. 

Desde la Tupac, Alejandro “Coco” Garfagnini eligió correr el eje de la discusión hacia el cierre de programas de viviendas cuyos salarios, según el dirigente, estaban cerca de los sueldos de convenio. Concretamente, planteó que esos programas de construcción de viviendas cerrados se canalizarían por medio de Argentina Trabaja, con salarios que no llegan a los 4000 pesos. “Las viviendas sociales de Argentina de 2004 a 2015 las hicieron cooperativas que no tenían nada que ver con Argentina Trabaja. Se realizaban a través del Programa Sociocomunitario que dependía del Ministerio de Planificación Federal, puntualmente la Subsecretaría de Vivienda. Ese programa aglutinaba 70 mil cooperativistas y los sueldos que percibían respetaban el convenio de la Uocra… ahora quieren hacer trabajar en la construcción de vivienda a compañeros con el sueldo del Argentina Trabaja. Estamos generando mano de obra recontra barata”, acusó. Para Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, “esta es una política de cooptación de las organizaciones sociales. Y, por otro lado, el gobierno se desentiende del problema social que ha generado”. 

Alerta de los curas sobre la situación social

El obispo de Lomas de Zamora Jorge Lugones advirtió esta semana sobre la situación de “emergencia” que atraviesan los comedores en la provincia de Buenos Aires, mientras el Grupo de Curas en Opción por los Pobres subrayó en su última carta: «Comenzamos a ser testigos de reclamos crecientes por comida en nuestro pueblo”. El religioso lomense consignó que «un panorama muy desolador». «Tenemos comedores superpoblados, merenderos que no dan abasto, se nos hace cuesta arriba porque en todo este descalabro que se ha producido en estos meses vemos que no podemos atacar esta emergencia”. Para Lugones, además, «el invierno, la inflación y el aumento en las tarifas han generado una situación muy crítica».

También los Curas en Opción por los Pobres alertaron sobre la situación socioeconómica. “Comenzamos a ser testigos de reclamos crecientes por comida en nuestro pueblo. Se multiplica la participación en comedores comunitarios y escolares. La escena del vuelco de un camión jaula y las vacas faenadas en la zona de Añatuya el 25 de mayo nos traen a la memoria momentos tristes de nuestro país en el 2001-2002”, lamentaron los sacerdotes en su última misiva pública.