“Las petroleras, con el dinero que tienen, tapan los ojos y compran obediencia”

El 26 de diciembre de 2007, la costa de Caleta Córdova, en el norte de Comodoro Rivadavia, en Chubut, se volvió una oscura y espesa mancha. La noche anterior, en lo que coincidió con las últimas horas de la celebración por navidad, un buque tanque derramó el petróleo suficiente para cubrir de negro siete kilómetros de playas, acantilados y restingas y estropear para siempre la vida de más de 100 familias que vivían de la pesca artesanal y la maricultura. Trece años después, aquel desastre ambiental comenzó a ser juzgado, lo que podría convertirse en la primera condena en el país por verter crudo en el mar. La demora y la necesidad, la misma que llevó a sus vecinos a aceptar dinero a cambio de retirar las demandas contra los tripulantes y la empresa, no quebraron la voluntad de una mujer, la única que continuó como querellante en la causa. “Lo mío –avisa– no es personal. Yo represento a mi familia, al sector pesquero y a toda la comunidad porque el mar es de todos. Lo lógico es que, si alguien provocó un daño, tenga que haber consecuencias”.

Caleta Córdova es, apenas, Caleta para los pobladores de la zona. Allí lo que se impone es el puerto, con sus lanchas amarillas o “fresqueras”, y la monoboya, un depósito de crudo de la empresa Terminales Marítimas Patagónicas (Termap S.A), donde los buques atracan y cargan el petróleo que luego transportarán hacía refinerías y terminales de ultramar. Durante una de esas maniobras, entre las 22:30 del 25 de diciembre de 2007 y las seis del día siguiente, el carguero Presidente Arturo Illia, propiedad de Antares Naviera S.A., derramó petróleo causando un daño ecológico irreparable en la zona. La costa de Caleta se llevó la peor parte.

“Más de 100 familias, casi todas de pescadores artesanales, pulperos y marisqueros, vieron afectada su fuente de vida. Estamos hablando de un barrio que vivió de economías familiares durante 50 años, una actividad que involucraba a los chicos y chicas que colaboraban con sus padres”, explica Sonia Ivanoff, abogada de la única vecina que llegó como querellante al debate oral.

Según el requerimiento de elevación a juicio del fiscal federal Norberto Bellver, “la contaminación ambiental con hidrocarburos de la costa de Caleta Córdova fue el resultado de la voluntad consciente y deliberada de los imputados”, y detalló que luego de tomar conocimiento del vertimiento al mar del petróleo, “se retiraron del lugar, sin dar aviso y sin implementar o solicitar el plan de contingencia y que con tal decisión omisiva aceptaron la creación de un daño ambiental afectando playas, acantilados, restingas, pesquerías, flora y fauna marítima”.

De los siete acusados –seis tripulantes del buque y un empleado de la empresa– que llegaron a juicio, dos ya fueron sobreseídos durante la segunda jornada debido a la prescripción de las causas. El resto enfrenta una pena posible de hasta diez años de prisión por infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

“Comodoro Rivadavia es la capital del petróleo, tiene empresas de mucho dinero que tapan los ojos, la gente ha visto y sigue viendo lo que sucede con la contaminación con hidrocarburos, pero han logrado comprar una obediencia debida. Por ejemplo, algunos vecinos que trabajaban en los gasoductos fueron echados luego de que los dueños se enteraran de que habían hecho una demanda por el derrame”, explica Beatriz Calvo, la vecina que sigue denunciando el desastre.

Beatriz tiene 52 años y ya hace 30 que vive en Caleta. Cuenta con orgullo que su hijo Natán es cuarta generación de pesquero con trasmallo y bote a remo, culpa de antepasados portugueses por el lado del padre.

“Este era un barrio de economía familiar –continua– de mucho fileteros, de los hijos ayudando a las madres a pelar langostinos y limpiar centollas, todos trabajaban en sus casas. Una vez con los vecinos llegamos a juntar diez toneladas de almejas”.

Ivanoff destaca que el derrame afectó especialmente a los menores, tanto que tuvo que intervenir la Oficina del Derecho y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia y el Consejo de la Niñez. “Además de vulnerarles el derecho a la salud, les modificó el modo de vida. Ellos salían a ´pulpear´ y se encontraban con que todo estaba cubierto de petróleo. Después, había que cocinar y comer o vender esos productos con el riesgo de que estuvieran contaminados. Quedaron muy temerosos”.

Otra frustración importante fue que la Escuela 7703 de Caleta dejó de entregar el título simbólico con orientación en maricultura. “Qué práctica iban a hacer los chicos si estaba todo contaminado “, se lamenta Ivanoff.

Zona de sacrificio

El Observatorio Petrolero Sur y la Fundación Ecosur presentaron un amicus curiae en la causa por el derrame en Caleta Córdova, exigiéndole al Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia que niegue el planteo de prescripción y pedido de extinción de la acción penal presentados en diciembre pasado por las defensas de los imputados argumentando que lo juzgado “tiene potencial dañoso transgeneracional y se inscribe en el elenco de delitos que han comenzado a tratarse por su especial dañosidad para el género humano y el ambiente, como delitos de lesa humanidad”.

Para Ivanoff la convivencia de la industria petrolera con un pueblo que realiza una actividad artesanal de pesca “conlleva riesgos” y destaca que Caleta “pareciera ser una zona de sacrificio porque no hay presencia estatal de control y administración”.

Las consecuencias del impacto sanitario causado por el derrame y las posteriores tareas de remediación todavía es una incógnita. “Hubo muchos casos de conjuntivitis –recuerda Beatriz– y problemas en la piel, pero nunca se realizó un control a la población. Para remediar la playa tiraban querosene y bacterias sulfato reductoras que son las que se usan para limpiar los tanques de petróleo. Los pingüinos aparecían desplumados, les carcomía la grasa corporal. Mucha flora y fauna se destruyó. Tardó 10 años en crecer de nuevo el verdín de la costa”, y agrega: “sabemos que la industria petrolera tiene mayor peso económico, pero tampoco puede atropellar derechos individuales y colectivos. Espero una sentencia en el juicio porque todos los imputados pudieron seguir trabajando después del derrame. Nosotros, en cambio, nos quedamos sin nada”.