Las tensiones que genera el primer caso de covid en el penal de Florencio Varela

El ex juez Eduardo Gerome, célebre por sus reflejos punitivos, recientemente denostó por Twitter el recurso de las detenciones domiciliarias  como modo de evitar el contagio de coronavirus en los penales con un planteo no exento de humor involuntario: “Sin visitas, la cárcel es el mejor lugar para estar aislado”.

El devenir de los acontecimientos supo refutar dicha lógica con rapidez: la peste ya circula en las prisiones argentinas. Al menos, en la Unidad 42 de Florencio Varela, donde se detectó al primer interno infectado. Y en otros tres reclusorios con casos de Covid-19 entre el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Pese a que algunas versiones lo dieron por fallecido, el director del Hospital General de Agudos “Presidente Perón”, de Avellaneda, en donde el preso fue internado, confirmó que está vivo y “evoluciona favorablemente”.

Debido al diagnóstico de este interno, hay actualmente en la Unidad 42 medio centenar de presos bajo aislamiento absoluto. 

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Por ahora solo se sabe con certeza que su contagio se produjo en aquel hospital, donde era atendido por una afección en los riñones que lo obligaba a sesiones de diálisis tres veces por semana. El viernes pasado quedó allí, luego de presentar un cuadro febril.           

En paralelo, un suboficial del SPB asignado a la Alcaldía Departamental Nº 3 de La Plata fue también diagnosticado con coronavirus. Se presume que contrajo el mal a través de su pareja, una enfermera del Hospital Gutiérrez, de esa ciudad. A su vez, una agente de la Unidad 22 de Olmos y un suboficial de la Unidad 21 de Campana corrieron la misma suerte.

Lo cierto es que tal suma de casos augura un sombrío panorama en los institutos carcelarios, en vista de su posible multiplicación geométrica. De los 44 mil internos que hay en los penales del SPB (con una superpoblación del 44%), a los que hay que añadir otros 14 mil en cárceles federales (con una superpoblación del 9%), la Justicia solo dispuso 800 detenciones domiciliarios para presos varones y 60 para mujeres, cuando en realidad habría ocho mil en condiciones de obtener ese beneficio por razones sanitarias.

En medio de este escenario, la huelga de hambre iniciada durante el fin de semana en la Unidad 42 ya se extendió a otras 15 cárceles bonaerenses. En cada una de estas la tensión crece como una enorme bola de nieve. En parte, porque el ánimo de los carceleros es también vidrioso.

En lo jurídico, los 19 defensores generales de la provincia insisten en su pedido de que los presos por delitos leves y no violentos salgan de los penales, ya sea excarcelados o con domiciliarias, en conformidad al fallo de la Cámara de Casación Penal bonaerense del 9 de abril. Pero esa acordada mereció una apelación por parte del fiscal Carlos Altuve, quien la considera de “extrema gravedad institucional”, con el agravante de su “falta de fundamentación”. Y ello dio pié a un farragoso debate entre las partes, con la consiguiente parálisis resolutiva de los jueces de ejecución, quienes tienen a su cargo la potestad de decidir cada caso. Una suerte de Juego de la Oca al borde de la cornisa.