Las universidades presentaron un nuevo proyecto legislativo para garantizar el financiamiento

Con el acompañamiento de autoridades, estudiantes y trabajadores, se presentó en el Congreso el nuevo proyecto legislativo para garantizar el financiamiento de la educación universitaria. Tras el veto realizado por Javier Milei en 2024, la comunidad vuelve a la carga con un nuevo documento que busca recomponer los salarios, actualizar los gastos de funcionamiento y ampliar el monto y la cantidad de becas. Además, crea un fondo destinado a carreras estratégicas vinculadas a la aplicación de la inteligencia artificial y el desarrollo de Argentina.

También estipula un crecimiento en la inversión del PBI para el sector hasta alcanzar el 1,5 por ciento en 2031. A tono con el discurso oficialista, el actual proyecto no representa un “gasto extra”, sino que se sustenta con fondos de coparticipación federal (dinero que proviene de impuestos) y que le corresponden a la Nación. Por lo tanto, no afecta las cuentas del Estado ni el equilibrio fiscal.

“Se trata de insistir, pero ahora con el aporte fundamental de explicar qué recursos se pueden utilizar. En este sentido, el argumento del veto anterior a la Ley fue que no se explicitaba cómo se iba a financiar. Esto no genera déficit fiscal en lo más mínimo y no se crean más impuestos, sino que la propuesta es reasignar partidas del Estado”, afirma Alfredo Alfonso, rector de la Universidad Nacional de Quilmes, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ.

Y agrega: “Se trata de un proyecto para financiar el futuro de la formación en Argentina, con toda la complejidad y diversidad que implica. Asimismo, este nuevo proyecto prevé un incremento de los valores del PBI hasta alcanzar el 1,5 por ciento en 2031. Es un documento muy consciente y muy serio. Fue muy bien recibido por los distintos bloques que acompañaron esta presentación del proyecto. Confiamos muchísimo en que el 4 de junio tome estado parlamentario y el 18 de junio se pueda tratar en la Cámara de Diputados”.

Más allá de lo relativo al presupuesto, el nuevo proyecto establece como objetivos afianzar el ingreso, la permanencia y culminación de los estudiantes. Al mismo tiempo, se propone ampliar la oferta de carreras, fortalecer los vínculos entre las universidades y sus comunidades a través de la extensión, consolidar la investigación y asegurar la infraestructura de las Casas de Altos Estudios.

Además de la presentación en el Congreso, en las afueras se realizaron diferentes actividades que encabezaron los sindicatos de los trabajadores docentes y no docentes junto a miembros de la Federación Universitaria Argentina. El propósito es que se trate en las próximas semanas y se especula con una nueva marcha que acompañe el tratamiento del documento.

Según datos de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), desde noviembre de 2023, el salario de los profesores perdió 28 por ciento de su poder adquisitivo y las paritarias se transformaron en aumentos unilaterales otorgados por el gobierno. En esta línea, un informe de la propia Universidad Nacional de Quilmes advierte que uno de cada cuatro trabajadores de la institución está por debajo de la línea de pobreza.

A su vez, el presupuesto universitario pasó del 0,72 por ciento del PBI en 2023 a un estimado de 0,43 por ciento para este año. Como si fuera poco, los fondos para las becas disminuyeron casi un 75 por ciento en comparación a 2023, las obras que estaban anunciadas o que habían comenzado están paralizadas y no hay dinero para investigación y extensión universitaria.

Nadie se salva solo

Con alusiones a El Eternauta, en el Polo Científico y Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (donde funcionan el Conicet y el exministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación), se llevó a cabo una protesta de investigadores en reclamo a la situación que atraviesa el sector. Además, las manifestaciones se multiplicaron en diferentes ciudades del país e incluso en el exterior.

Bajo el lema Nadie se salva solo, trabajadores de ciencia y tecnología denunciaron el “cientificidio” que lleva a cabo el gobierno nacional: recortes presupuestarios, desfinanciamiento, salarios muy por debajo de la inflación, despidos, campañas de retiros voluntarios, venta de inmuebles, rumores de fusión entre diferentes organismos, y paralización de programas y proyectos de distinta índole.

Según estimaciones del grupo economía.política.ciencia., el presupuesto 2025 del Ejecutivo para la ciencia y la tecnología será el más bajo de los últimos 50 años, todavía más que en años adversos para el sector como el 2002 o la última dictadura. Aunque por ley la inversión debía ser del 0,45 por ciento del PBI, en el presente se invierte el 0,15 por ciento. En este aspecto, representantes de la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología señalan que, desde diciembre de 2023, “el gobierno eliminó del complejo CyT a 4148 investigadores provenientes de universidades, empresas tecnológicas del Estado y otros organismos públicos”. 

Si bien la Ley Bases prohíbe la disolución de muchos organismos vinculados al sector, trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria denunciaron la intervención encubierta del INTA. En esta línea, diferentes instituciones están en la mira para ser fusionadas bajo el argumento de la eficiencia y el gasto público. Frente a este panorama, muchos investigadores (especialmente los jóvenes) no tienen otra opción más que emigrar en busca de trabajos bien valorados y remunerados, lo que provoca una nueva fuga de cerebros.