Látigo sin zanahoria: la Rosada ofrece poco y aspira a enviar la Ley de Bases en abril

El gobierno nacional quiere llegar al segundo semestre con la Ley Bases y puntos de partida para la Libertad de los argentinos aprobada. La estrategia será mantener como su principal herramienta el látigo, pero con una aclaración que ningún gobernador deberá desoír si quiere mantener un buen vínculo con el oficialismo: no se abrirá ninguna billetera.

Este jueves el oficialismo tuvo la última de una serie de cumbres con los caciques provinciales que se venían realizando desde mediados de marzo. El encuentro en el pomposo Salón de los Escudos se extendió por poco más de una hora y media con escasos sobresaltos y puntos de negociación. Los diez gobernadores del extinto Juntos por el Cambio llegaron a Balcarce 50 con una lista no tan unificada de demandas que afectan a cada una de sus provincias, en la que los pormenores del paquete fiscal tuvo un protagonismo ineludible.

El piso del Impuesto a las Ganancias -renombrado en un licuado “Ingresos personales” para controlar el impacto político del tributo eliminado durante los últimos meses de gestión de Sergio Massa en Economía- es el principal eje en disputa entre el Ejecutivo nacional y los provinciales. En el proyecto madre, el gobierno establece un piso de 1.146.000 pesos para comenzar a tributar, una base repelada por los gobernadores, quienes propusieron aumentar el bruto entre 1.500.000 y 1.700.000, con escalas de cobro que comiencen en el 5% pasado el monto mínimo y crezcan a la par del sueldo hasta llegar al 35%.

Un pedido similar se extiende con la obra pública. Los gobernadores se comprometieron a enviar una lista de las más prioritarias para que el gobierno nacional evalúe si deben o no ser reactivadas. Desde el oficialismo adelantaron que las que cuenten con financiamiento internacional se retomarán prontamente para evitar caer en un incumplimiento de contrato que empuje al país a no volver a contar con patrocinio extranjero.

La otra opción que evaluará el gobierno será transferir todas aquellas obras que sean de gestión nacional a las provincias para que las mismas sean finalizadas con fondos propios.

Sin más reuniones en agenda con ningún representante de la oposición, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, se comprometieron a dar una respuesta a inicios de la próxima semana, cuando les hagan llegar a los mandatarios y los jefes de bloque -a más tardar el martes, prometen desde Casa Rosada- el borrador final con los cambios aceptados por Javier Milei y su equipo de asesores. Ni más, ni menos.

A contramano de lo esperado por los mandatarios, el gobierno nacional no entregó ninguna otra ofrenda en una negociación en la que inició con desventaja. Si bien desde el comienzo el Ejecutivo aclaró que entre sus planes no se encontraba la posibilidad de coparticipar el Impuesto PAÍS o al Cheque, varios gobernadores se movieron con la expectativa de que esta negativa formara parte de las cartas que se jugaran en los  acuerdos y que el Ejecutivo iba a terminar cediendo ante las exigencias de los líderes provinciales. El cálculo falló y los nueve gobernadores volvieron a sus pagos con sabor a poco.

En medio de esta desazón provincial, una fuente con acceso directo al presidente confirmó ante este medio que el gobierno no aceptará modificaciones ni negociará otros puntos que puedan poner en jaque su objetivo de alcanzar el déficit fiscal cero. Además adelantó que no incluirán cambios en el decálogo del Pacto de Mayo presentado por el libertario, quien este fin de semana abocó su agenda a disertar en la presentación de un libro que se realizó en Paraguay y en un evento organizado por la organización AynRandCon.

La estrategia de no aceptar cambios incluye la modificación de la Ley de Educación Nacional, anunciada por el vocero Manuel Adorni esta semana, con la que el gobierno buscará “penar el adoctrinamiento en las escuelas”.

Si bien la firma del Pacto de Mayo está ligada a la aprobación de la Ley Bases, desde el oficialismo entienden que Córdoba no recibirá a los 24 gobernadores el próximo 25 de ese mes. En Balcarce 50 dan por descontada la ausencia del bonaerense Axel Kicillof y entienden que lo mismo podría ocurrir con otros mandatarios peronistas. “Una vez que se apruebe la ley habrá que esperar para ver cómo queda dividido el país y quién queda o no de este lado”, sostuvo otra fuente con despacho en casa de gobierno, que entiende inevitable que se abra una nueva línea de conflicto con los gobernadores que no apoyen el llamado del presidente.

A pesar del descontento provincial, en el mapa que imagina el oficialismo no hay margen de error: la ley bases será aprobada en menos de un mes. Con este escenario el oficialismo romperá el marcador con su primer gol legislativo y empezará a abrir la cancha para consolidar el poder que supo construir en los resultados electorales del último noviembre y buscará replicar en los comicios del próximo año, con un armado propio que le permita consolidar representantes de varias provincias.

De cumplirse los plazos deseados por la cúpula presidencial, el Congreso podría recibir los dos proyectos -Bases y paquete fiscal- la segunda quincena de abril para comenzar su tratamiento en las mismas tres comisiones que se conformaron para la primera versión de la ley.  «