La Oficina Anticorrupción argumenta que no está obligada a dar a conocer sus denuncias, presentaciones o querellas contra los actuales funcionarios macristas y que su sistema no reconoce cuándo asumieron dichos funcionarios. Además, como respuesta a un pedido de informe, les respondió a los solicitantes que buscaran esa información en internet.
Las abogadas Gabriela Carpineti y Elizabeth Gómez Alcorta, la socióloga Victoria Freire y el hoy candidato a diputado nacional por el Frente de Todos Federico Fagioli presentaron en abril pasado un pedido de informes sobre la actividad de la OA, “el estado actual de cada una de las presentaciones que se hayan realizado, el listado completo de denuncias o presentaciones que haya recibido la OA respecto de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en funciones desde diciembre de 2015 y en su caso, cuál ha sido el trámite que la OA le ha dado a cada una de aquellas denuncias”.
El pedido –aclararon- se fundaba “en el derecho de acceso a la información pública reconocido como parte indispensable de la forma republicana y democrática de gobierno por la Constitución Nacional, Declaración Universal de los Derechos Humanos, convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“El interés legítimo para el presente no requiere conforme a derecho de una invocación o acreditación específica», sostenía el escrito inicial, que además reclamaba que la información fuera suministrada en un lapso no mayor a 15 días. Tal plazo no se cumplió y, en el ínterin, la OA pidió una prórroga argumentando que estaba desbordada de tareas.
Finalmente, mediante una nota oficial fechada el 12 de junio pasado, pero que sólo trascendió este lunes, el organismo respondió que «el sistema informático de esta Oficina no registra la fecha de designación de los funcionarios investigados o denunciados por cuanto este dato no resulta relevante para las investigaciones, presentaciones o cursos de acción a tomar». El dato es inexacto, porque los funcionarios públicos tienen –por ejemplo- incompatibilidades que derivan de los tiempos que hubieran transcurrido desde que abandonaron la actividad privada para acceder a un cargo público.
Pero más allá de esa cuestión, la OA consideró que no está obligada a suministrar información sobre su actividad ante un pedido formulado por ciudadanos. “En los términos que fuera solicitada, es una información que esta Oficina no se encuentra obligada legalmente a producir de conformidad con la ley 27.275″, conocida como ley de Derecho de Acceso a la Información Pública.
La OA indicó que sus investigaciones se encuentran regidas por el Código Procesal Penal, que establece que «el sumario será siempre secreto para los extraños». E invocó también una resolución del Ministerio de Justicia de 2008, que “dispone que la reserva de la información se regirá por las respectivas disposiciones vigentes en materia del procedimiento penal o administrativo, según el caso. Asimismo, dicha norma prevé la reserva de las investigaciones preliminares”.
La respuesta recomendó a los peticionantes que busquen los datos que requieren en internet. “A fin de dar adecuada respuesta a su solicitud en relación con investigaciones, denuncias y querellas, se informa que la información (sic) producida por este organismos se encuentra reflejada en los Informes de Gestión que anualmente realiza. Los mismos se encuentran publicados en la página web del organismo”.
La respuesta está firmada por el director nacional de Asuntos Estratégicos de la OA, Leonardo Limanski.
En abril, la propia Laura Alonso había reconocido que la Oficina Anticorrupción no es querellante contra funcionarios de Cambiemos. Lo hizo en una entrevista con Luis Majul.
«¿La Oficina Anticorrupción es querellante o las deja pasar (a las causas que comprometen a funcionarios del oficialismo)?», le preguntó el conductor de La Cornisa, y la licenciada en Ciencias Políticas esbozó la siguiente respuesta: «Mirá, nosotros hemos hecho aportes de información en varias causas, y dado que he sufrido acusaciones personales durante mucho tiempo con respecto a parcialidad o falta de imparcialidad -y por la falta de recursos humanos que también tenemos- no estamos querellando en ninguna de esas causas, porque para que me acusen de encubridora en las causas y de ir a embarrar causas de corrupción que la lleven adelante los fiscales que son los fiscales y los jueces naturales de las causas de este gobierno. Y esa me parece es la decisión que preserva cualquier tipo de sospecha o duda que pueda haber de la actuación que nosotros podamos tener sobre los funcionarios del actual gobierno (sic)».
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