Con la misma premisa que vienen desarrollando hasta ahora, el fiscal federal Diego Luciani volvió a apuntar a una audiencia que sume repercusiones mediáticas y reafirmó que «se montó un aparato ilegal» para direccionar 51 obras públicas a favor de empresas de Lázaro Báez entre 2003 y 2015 en Santa Cruz. Además, dijo «se cumplían las órdenes que emanaban de los organizadores» de la presunta asociación ilícita que se juzga.
Luciani abrió la tercera audiencia dedicada al alegato final fiscal en el juicio a la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros doce acusados y continuó con el análisis de cada una de las licitaciones.
«Se cumplían las órdenes que emanaban de los organizadores de la asociación», en base a una «planificación», sostuvo ante el Tribunal Oral Federal 2
En el repaso de licitaciones «hemos encontrado direccionamiento hacia las empresas de Lázaro Báez, desde la 1 hasta la 51», aseveró. En la jornada comenzó a detallar las primeras licitaciones a las que accedió «Austral Construcciones», la empresa de Báez y otras firmas vinculadas, como Kank y Costilla y Gotti.
Entre ellas, se refirió a las dos primeras que se le adjudicaron cuando asumió la presidencia Cristina Fernández de Kirchner.
En relación a la primera de ellas, la número 39, «se encuentra plagada de los mismos vicios que vimos en casos anteriores, mismo representante técnico, aprobaciones ad referendum, falta de presentación de certificación. Un plazo de 25 meses pasó a ser de 74 meses», enumeró.
El juicio se realiza de manera semipresencial y, salvo la Vicepresidenta que obtuvo autorización para no presenciar esta audiencia por motivos de su agenda parlamentaria en el Senado, estaban conectados a la plataforma Zoom los restantes imputados.
Durante toda la semana, referentes del Frente de Todos y funcionarios de la coalición gobernante expresaron mensajes de apoyo a la Vicepresidenta a través de las redes sociales, reunidos con la etiqueta #TodosConCristina y ayer, algunos organismos de derechos humanos expresaron su solidaridad con Fernández de Kirchner, y denunciaron que existen «prácticas judiciales persecutorias hacia líderes políticos».
También ayer el Grupo de Puebla, el foro que nuclea a funcionarios y exmandatarios latinoamericanos de signo progresista, advirtió que la Vicepresidenta es víctima de una «guerra jurídica (lawfare)» y consideró que el juicio es «un proceso plagado de contradicciones y motivado por oscuros intereses políticos de poderosos conglomerados económicos».
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