Lawfare en Brasil: no fue error sino un horror histórico

Con cierto cinismo, el Juez José Antonio Días Toffoli, del Supremo Tribunal de Justicia, máximo órgano judicial de Brasil, afirmó que el arresto de 580 días al actual presidente Luiz Inácio «Lula» Da Silva fue un error histórico al haberse hecho con una prueba que declaró inválida, la delación premiada a representantes de la empresa Obredecht.

A confesión de parte, nos releva de pruebas para afirmar que hubo un lawfare en Brasil. Da argumentos para exponer otros casos en América Latina, por el cual el establishment de la región, en alianza con EE UU, restringieron con proscripciones la elección de gobiernos populares. Además, podemos sostener que generaron un horror histórico al permitir la llegada de una derecha descontrolada, en Brasil expresada por Jair Bolsonaro, que en cuanto pudo barrió con todo avance en derechos, no solo los económicos, algo que los capitales concentrados impulsan, sino con medidas sociales, culturales o ambientales.

El caso tiene gestores claros. En primer lugar el actual senador Sergio Moro, exministro de Justicia de Bolsonaro y ex juez de la operación Lava Jato, al cual el alto magistrado Toffoli le endilgó haber obtenido las pruebas por medios «heterodoxos e ilegales», por lo cual las anuló a pedido de la defensa de Lula. No solo eso, consideró que la maniobra tuvo la intención de «poner a un líder político entre rejas».

Mismo, el exfiscal y exdiputado, Deltan Dallagnol, fue quien marcó un quiebre en la garantía republicana al lograr que se sostenga la acusación sin pruebas y solo con la convicción de que Lula era culpable de los delitos. Recordemos que la misma confesión sostenía que se había entregado un Departamento, que nunca dejó de ser propiedad de la firma, al líder petista en concepto de soborno.

Sostener que fue un error podría centrar las culpas y acciones judiciales en Moro y Dallagnol, pero sería necesario pensar en los múltiples responsables del horror histórico que significó poner en prisión al principal referente político  de la historia brasileña. Así lo vió el actual ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino, quien se alegró por la resolución del STF y sostuvo que «La decisión del Juez Toffoli tiene dos implicancias: una, reafirmar la inocencia de Lula, que fue injustamente juzgado sin el debido proceso legal; y la otra es política, al dejar constancia de los absurdos perpetrados en una página oscura de nuestra historia».

Cabe reflexionar que la condena tuvo la implicancia de todos los niveles judiciales de Brasil, incluso el mismo STF que rechazó un pedido no vinculante del Comité de DDHH de la ONU para autorizar la candidatura de Lula en 2018, quien lideraba todas las encuestas y su elección hubiese evitado el horror del gobierno de Jair Bolsonaro.

Ahora Brasil tiene el desafío de recuperar todo lo perdido y deja una lección a América Latina para garantizar la expresión democrática de sus pueblos.