Lawfare: La guerra jurídica que inventó EE UU; por Oscar Laborde

¿Qué significa Lawfare? El término “describe un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar” y es utilizado con este sentido en Unrestricted Warfare, un libro de 1999 sobre estrategia militar. En 2001 el concepto comienza a ser manejado en ámbitos diferentes a las Fuerzas Armadas de EE UU, tras la publicación de un artículo escrito por el general de la Fuerza Aérea, Charles Dunlap, de la Duke Law School. El tema fue reformulado para ser aplicado en política y teorizado desde la academia en la Universidad de Harvard. Luego diferentes think tanks lo perfeccionaron, lo difundieron y lo condujeron en América Latina, contando con la complicidad de la cúpula del Poder Judicial, de los medios de comunicación del sistema y de los políticos aliados.

Estados Unidos es uno de los principales proveedores de asesoría para la reforma de los aparatos jurídicos en América Latina y el Departamento de Justicia estadounidense ha estrechado en los últimos años los vínculos con los aparatos judiciales de la región en la lucha anticorrupción. Una de las acciones más importantes fue el llamado proyecto «Puentes», que consistió en cursos de asesoramiento a varios integrantes del Poder Judicial de Brasil y otros países de la región. El alumno estrella es el juez Sergio Moro, impulsor de la causa Lava Jato y que condenó a Lula da Silva a nueve años de prisión en primera instancia. 

La derecha en nuestra región adoptó el Lawfare en los últimos años como el mecanismo predilecto para derrotar gobiernos populares y denostar a sus dirigentes, con el objetivo de suplantarlos en el gobierno, encarcelarlos o al menos desprestigiarlos cruelmente, y en esta guerra hacen uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que este sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. 

Para esto se necesita una justicia cómplice, medios de comunicación que trabajen en absoluta concordancia con el objetivo de despedazar a las expresiones populares sin piedad y políticos que participen en el ataque, siempre propalado generosamente por los medios, y luego capitalicen los resultados de derrocar, inhabilitar y desprestigiar a las representaciones populares que se enfrentan a los intereses de los grandes grupos económicos

El Poder Judicial en nuestros países se ha convertido en los últimos años en un potente espacio desde donde se despliega, casi sin limitaciones, estrategias de desestabilización y persecución política, hasta colocarse muy lejos del principio republicano del equilibrio de poderes. Es el único que no deriva de la voluntad popular sino de complejos mecanismos de designaciones políticas y concursos, sumado a privilegios que los demás poderes no tienen. Esto le permite operar políticamente bajo un completo manto de institucionalidad, El argumento permanente es la corrupción. Se sostiene que esta debe ser extirpada del Estado apelando a las “buenas prácticas” del sector privado (eficiencia y transparencia) para desplazar la “lógica” de lo público, asociada al derroche y a la mala gestión de “los políticos”, apostando a la suplantación de estos en el Estado por “técnicos apolíticos” provenientes del sector privado, de grandes empresas o consultoras. 

La actividad de los grandes medios es más conocida y evidente. Incluso en un rapto de extraña sinceridad, un editorialista de Clarín la caracterizó como «periodismo de guerra».

Eso es lo que vivimos a diario en América Latina. De esta forma se destituyó a Manuel Zelaya en Honduras, a Fernando Lugo en Paraguay, a Dilma Rousseff en Brasil, se llevo a prisión al vicepresidente de Ecuador Jorge Glas y a centenares de luchadores. En Argentina se acosa descaradamente a Cristina Fernández de Kirchner. Se pretende acallar con la persecución y la cárcel a aquellos representantes del pueblo que puedan intervenir en su plan de desandar lo logrado en los últimos años por los gobiernos populares. 

Políticos que denuncian corrupción; medios que se «hacen eco»; políticos y medios que exigen celeridad a la justicia; mecanismos del poder judicial que disciplinan o excluyen a los jueces independientes. Todo eso para que magistrados condenen sin pruebas, encarcelen sin el debido proceso, forzando o directamente violando la ley.

* Diputado del Parlasur, Director IDEAL-CTA