Diputados del oficialismo y de la oposición dieron versiones diferentes sobre la exposición del titular de la AFI ante la comisión bicameral de Inteligencia. El rol del estado en las operaciones de D'Alessio es el punto clave.
A la salida de la reunión entre los legisladores y la cúpula de la AFI, que duró más de dos horas, el diputado del PRO Daniel Lipovetzky y el opositor Leopoldo Moreau dieron sus versiones.
En respuesta a la pregunta del por qué la AFI no detectó la extendida actividad de espionaje ilegal de D’Alessio, los funcionarios argumentaron que nadie se lo pidió. Sostuvieron que no tenían una orden judicial para llevar a cabo una investigación sobre D’Alessio. “La contra inteligencia no pide órdenes judiciales porque tiene esa responsabilidad”, criticó Moreau.
En tanto, para Lipovetzky, “la conclusión mayor que venía quedando clara desde que vino el juez Ramos Padilla es que aquí no hay intervención de organismos públicos de inteligencia en la causa que investiga”. Además, el legislador oficialista consideró: “Desde la comisión bicameral lo que tenemos que hacer es un control de inteligencia porque si hubiera habido intervención estatal habría habido violación de esa ley. Al no haber intervención estatal, lo que sí hay son personajes que pudieron haber cometido delitos, que es violar ley de inteligencia a través de hacer inteligencia para estatal como lo dijo Ramos Padilla”.
Al ser consultado por el exagente de la AFI, Rolando Barreiro, que declaró ante el juez haber estado en contacto con D’Alessio, Lipovetzky recordó que el ex agente ingresó en 2012 y egresó en mayo 2016: “Estuvo muy poco tiempo en esta gestión, pero sí está claro que tenía vínculo con D’Alessio”.
En cambio, para Moreau las actividades de espionaje y extorsión que llevaba a cabo D’Alessio, investigado por el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, “son propias de una organización que tuvo por objeto inicial llevar adelante una persecución política a dirigentes, en especial a Cristina Fernández, dirigentes sindicales sociales y figuras públicas”.
“Pero no que se trata de una organización paralela manejada por un loquito, sino que es está protegida por el Estado que vincula a la AFI de manera decisiva, que es la que monitorea esta organización y probablemente la financie y que involucra otros organismos del Estado, como jueces, la AFIP, el ministerio de Justicia y el de Seguridad”, opinó el diputado opositor.
“Utilizaron un grupo de espías de la AFI a los que cerca de 2016 desvincularon formalmente para que constituyeran este grupo paralelo, porque las primeras operaciones de persecución política, una de ellas contra (el juez Sebastián) Casanello y la otra con la causa Baéz con Fariña, dejaron los dedos marcados como parte de operaciones oficiales de la AFI. Entonces para no volver a cometer el mismo error, tercerizaron estas tareas en este grupo”, sostuvo Moreau.
Para el diputado del FpV la línea de mando estaba compuesta por D’Alessio, que realizaba tareas de campo e informaba a excomisario Ricardo Bogoliuk, que a su vez reportaba al funcionario de la AFI Pablo Pinamonti, y éste por último a Majdalani. “D’Alesio ha sido utilizado por la AFI y el ministerio de Seguridad”, sentenció Moreau.
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