La iniciativa del oficialismo fue duramente criticada este jueves en el nuevo plenario de comisiones por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y profesionales del INTI y el Conicet.

Entre los expositores, fue el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez quien advirtió que con esa ley el gobierno busca “cambiar el orden socioeconómico a través de una reforma constitucional encubierta”. Además, el letrado cuestionó el RIGI y la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo y aseguró que, de sancionarse, la ley viola la Carta Magna.
En ese punto, señaló que “las bases establecidas deben ser claras, concretas, precisas, no pueden ser indeterminadas, vinculadas a la situación de emergencia que se quiere superar. Si no se cumple con estos requisitos o la ley es inconstitucional o los DNU serán declarados inconstitucionales”, y advirtió que “hay determinadas materias que no deben ser delegadas”.
Asimismo, Gil Domínguez marcó una contradicción en cuanto a la delegación en materia administrativa y la declaración de la emergencia administrativa: “Hay una doble delegación sobre la misma materia. Hay otros problemas en el resto del articulado”.
“La delegación legislativa que se propone lo que implica es una habilitación al Poder Ejecutivo para que pueda hacer una reforma constitucional encubierta de lo que es el orden socioeconómico previsto en la Constitución y en los Tratados Internacionales”, indicó.
En ese sentido, precisó que eso se ve explícito en el artículo 162 del RIGI y propuso que establezcan que “todos los decretos delegados deben ser aprobados en el plazo de 30 o 60 días para el Congreso y de no ser aprobados, serán rechazados”.
Por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, estuvo presente Guillermo Baudino (INTI Regional NOA) quien señaló que es una institución del Estado, federal e integrada permite tener un patrón de ensamble de todas las piezas que se fabrican en el país, controla todas las balanzas de exportación del país y el sello del INTI garantiza que se cargue un litro de nafta y sea un litro y no tres cuartos”.
Por parte del CONICET, expuso Alberto Baruj quien que “el CONICET es el organismo transversal que provee recursos humanos, científicos y tecnológicos a todo el sistema que siempre puede mejorar y ser direccionado según las políticas de los gobiernos. Hoy está en vigencia la Ley 27.738 que marca el Plan de Ciencia y la Ley 27.614 que establece que el sistema es de interés nacional”.
Asimismo, señaló que hay artículos que “ponen en riesgo el sistema”, como el 3 que “es un peligro muy grande para el sistema de ciencia y tecnología porque quedan expuestos a su disolución la mayoría de las instituciones. Podría desarmarse toda la estructura federal de los organismos de ciencia y técnica y el Ejecutivo quedaría facultado de cerrar los centros científicos, atómicos, estaciones experimentales del INTA”.
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