Ley de Emergencia Pediátrica y Residencias Nacionales: por qué el proyecto merece convocar a todo el arco político

Por: Claudio Ortiz / Emiliano López / Martín Recanatti

La evidencia científica disponible es contundente: los esquemas de contratación flexibles no sólo degradan las condiciones laborales de quienes trabajan en salud, sino que atentan contra el funcionamiento mismo del sistema sanitario.

En un contexto de desgaste institucional, fragmentación normativa y creciente precarización laboral del sistema nacional de residencias, surge un Proyecto de Ley que hizo oídos a un actor históricamente silenciado: los y las residentes.

Lejos de constituirse como un sujeto pasivo los residentes, mientras trabajan y se forman, logran imponer su agenda e interpelar a la sociedad. Un colectivo que reclama representación a una política que viene sufriendo el desencanto en las urnas. El dictamen al proyecto de Ley sobre la Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud, que se logró el martes pasado, es el resultado del reclamo de los residentes por mantener sus derechos.

El proyecto de Ley pone un freno a la reciente Resolución 2109/2025 del Ministerio de Salud de la Nación, la cual retrocede en derechos adquiridos. La resolución que intentará derogar la Ley, además de formalizar un proceso de precarización laboral mediante la opción de un contrato libre de aportes sociales y previsionales, aumenta la carga de trabajo mediante guardias de 24 horas, limita los contratos a un año y estimula el pluriempleo mediante la eliminación de la dedicación exclusiva, entre otros embates.

Esta nota busca argumentar con evidencia por qué el proyecto merece convocar a todo el arco político y lograr, la próxima semana, el respaldo de los legisladores para que sea Ley.

Tres motivos

Para empezar, queremos mencionar tres motivos generales para votar a favor el proyecto: uno, porque en un contexto de crisis de representación, la política tiene la oportunidad de demostrar que no es una herramienta insensible a las demandas de la población; dos, porque fortalecerá el dispositivo de residencias que sostiene el sistema público, privado y de obras sociales de nuestro país, y con ello al cuidado de la población; tres, porque las cuentas se pagan en las urnas, y no hay vuelta atrás.

¿Pero qué hay estudiado a nivel internacional? ¿Qué aportes hace la literatura que se ocupa de la planificación del recurso humano en salud sobre este tema?

La evidencia científica disponible es contundente respecto a este debate: los esquemas de contratación flexibles no sólo degradan las condiciones laborales de quienes trabajan en salud, sino que atentan contra el funcionamiento mismo del sistema sanitario. Un estudio reciente publicado en la revista Human Resources for Health (basado en datos de más de 31.000 médicos y enfermeros en México entre 2005 y 2022) demuestra que la precarización laboral se traduce en inestabilidad, salarios insuficientes, múltiples empleos y ausencia de derechos básicos como vacaciones, jubilación y cobertura de salud. Sus autores advierten que estas condiciones impactan directamente en la productividad, la calidad de atención y la seguridad del paciente.

Otras investigaciones señalan que, bajo condiciones de precariedad, se reduce el interés por ingresar a carreras de salud y se profundiza el déficit de profesionales tanto en el ámbito público como privado (OMS, 2023). Además, los salarios bajos afectan la posibilidad de equilibrar la oferta de trabajadores con la demanda y estimulan el pluriempleo con consecuencias negativas en la calidad de la atención (Scheffler, 2012). Incluso estudios recientes en educación médica (Delgado-Domínguez, C., & Campos-Uscanga) muestran que a mayor carga horaria semanal y peor bienestar psicológico, se incrementan los errores médicos, problema que ya se ubica entre las principales tres causas de muerte en varios países.

Para concluir, ya sea para atraer a nuevas generaciones al campo de la salud o para mejorar el desempeño clínico o reducir los errores médicos, las políticas basadas en la precarización laboral de quienes sostienen el sistema no sólo son ineficaces, sino abiertamente perjudiciales.

Ahora la pregunta ya no es técnica, sino política: ¿de qué lado va a estar el Congreso? ¿Del lado de quienes sostienen con esfuerzo y compromiso un sistema en crisis? ¿O del lado de quienes, por acción u omisión, profundizan su deterioro? Votar esta ley no es solo responder a una urgencia: es elegir entre acompañar la reconstrucción de lo que aún funciona o permitir que se destruya lo que queda.

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