La licenciada Laura Isla Raffaele, docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), advirtió que la iniciativa “pone en riesgo uno de los marcos legales de protección hídrica más importantes del país”.
Sancionada en 2010, la norma fija presupuestos mínimos para proteger glaciares y ambiente periglacial, incluyendo glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros, fundamentales como reservas estratégicas de agua dulce.
La licenciada Laura Isla Raffaele, docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), advirtió que la iniciativa “pone en riesgo uno de los marcos legales de protección hídrica más importantes del país”.
“Almacenan agua en forma de hielo y la liberan en períodos secos, sosteniendo ríos, poblaciones y actividades productivas. Sin estos aportes, muchas regiones áridas no podrían sostener su vida ni su economía”, explicó la especialista.
El proyecto redefine qué glaciares quedarían protegidos y delega en las provincias la determinación de qué cuerpos de hielo cumplen esas funciones, desplazando el rol técnico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), dependiente del CONICET.
“Es extremadamente riesgoso trasladar la decisión del ámbito científico a autoridades provinciales que pueden tener intereses económicos en la expansión minera”, sostuvo. Según indicó, las provincias podrían incluso solicitar la eliminación de glaciares del inventario, dejándolos sin protección legal.
Desde su origen, la ley enfrentó resistencias del sector minero porque prohíbe la actividad extractiva en zonas con cuerpos de hielo por el impacto que generan las obras y el movimiento de suelos.
“La modificación busca habilitar más proyectos mineros en zonas periglaciares”, afirmó Isla Raffaele. La propuesta cuenta con el impulso de gobernadores de provincias con fuerte desarrollo minero, como San Juan, Mendoza, Salta, Jujuy y Catamarca.
La especialista ya había expuesto en diciembre ante comisiones del Senado, donde sostuvo que las provincias no pueden degradar ecosistemas que sostienen actividades esenciales y que el impacto sobre los glaciares trasciende fronteras políticas.
También señaló la contradicción de promover la transición energética mientras se flexibiliza la principal ley que protege reservas de agua vulnerables al calentamiento global.
“El agua es un recurso vital y estas reservas tardaron miles de años en formarse. Si los glaciares se destruyen, no hay forma de recuperarlos”, cerró.
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