Ley del Arrepentido: el macrismo apoyó el proyecto del FR

Los ministros de Seguridad Patricia Bullrich y de Justicia, Germán Garavano, junto a la titular la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, visitaron esta tarde el Senado para dar su visto bueno a la incorporación en el Código Penal de la Nación las figuras del «arrepentido» y de «extinción de dominio» en favor del Estado argentino. Estos dos proyectos nacieron en Diputados, donde fueron promovidos por el Frente Renovador.

En la audiencia de hoy de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Seguridad Interior y Narcotráfico, Bullrich, Garavano y Alonso reclamaron la pronta sanción de estas dos leyes bajo el argumento de que existe un reclamo de la sociedad al respecto. Ambos proyectos fueron votados en Diputados en medio del escándalo del ex secretario de Obra Pública José López. Sin embargo, constitucionalistas y legisladores de la oposición advierten que son inconstitucionales.

“Separamos la causa penal de la civil. Hay una infiltración del narcotráfico en los jueces, los políticos y las fuerzas de seguridad por el peso del dinero”, justificó Bullrich. “Es una acción de estricto contenido patrimonial, es independiente de la causa penal y se tramita por vía civil, no es penal, es sacar de manera inmediata el bien para que no puedan seguir siendo usados por los narcotraficantes”, amplió la funcionaria. “Se analiza el origen del dinero en un juicio, los delitos son los que ya se previeron en Diputados: son corrupción, trata, contrabando y terrorismo”, sostuvo.

Por su parte, Pichetto sostuvo que la corrupción y el narcotráfico son problemas que aparecieron hace más de 15 años debido a “la descomposición de las fuerzas de seguridad”. Y de paso aprovechó para criticar el funcionamiento del ministerio de Bullrich. “No veo presencia policial en la calle, se vendió como un eje importante la transferencia de la policía federal y no la vemos funcionando. Hay que tener un abordaje real y no teórico”, reclamó.

Pichetto sostuvo que “todos convenimos en que hay que sacarles los bienes rápidamente a los narcotraficantes” pero reclamó una judiciabilidad antes de que se produzca la extinción”.

Pero Bullrich le respondió que “no hace falta una causa penal (para la extinción de dominio) porque argumentó que “son dos jueces que trabajan en paralelo: uno civil y otro penal”. “No tenemos herramientas rápidas de interceptación de esos bienes. Hasta ahora las causas penales no han tenido consecuencia sobre los bienes, saqueémosle la plata que es lo más importante. Si no siguen operando desde la cárcel. Que los bienes vayan a acción social o al Sedronar», reclamó la ministra.

Por su parte, Garavano sostuvo que “no hay duda de la importancia de estas dos herramientas” y se pronunció para que “el Senado ayude para que las leyes tengan impacto; el sistema judicial sigue teniendo problemas estructurales en crímenes complejos”. “El arrepentido debe funcionar como una colaboración con la Justicia y no en términos morales, es para la recuperación de los bienes”, dijo. Además destacó la creación del registro de bienes secuestrados creado por el gobierno anterior.

En tanto, Alonso sostuvo: “Todos vivimos peor si hay corrupción”. “¿Habría ocurrido la tragedia en Once si hubiéramos tenido la figura del arrepentido, si alguien podría haber advertido la corrupción en el transporte, o se hubiera evitado?”, preguntó.

Alonso llamó a “incorporar estas nuevas herramientas, que no son mágicas”. Y sostuvo que “las razones de la gente son el derecho a saber de dónde vienen los 9 millomes de López y a dónde van a ir, ¿a hospitales, a rutas?» De la ley que ya cuenta con la media sanción en diputados destacó las competencias diferentes entre el fiscal y el juez para controlar el procedimiento. “Queremos que sean aplicables y que se apliquen. Será el titular de los bienes quien tendrá que demostrar el origen. Que vuelva el dinero a los argentinos”.

Por último, la senadora Liliana Negre se pronunció en contra al advertir que no es un argumento sostener que estas leyes son “una demanda de la sociedad” y recordó la cantidad de leyes que se sancionaron cuando se produjo el caso Blumberg y que no tuvieron efectividad porque eran inconstitucionales.