Fue a través de un decreto firmado por Alberto Fernández, Agustín Rossi y Victoria Tolosa Paz.
Así quedó establecido mediante el Decreto 253/2023 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, con las firmas de Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.
La Ley N° 27.709, sancionada el 13 de abril pasado, creó el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niñas, niños y adolescentes (NNyA), plan que le da nombre a la ley.
El mismo está dirigido a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de NNyA.
La capacitación prevista puede extenderse a administraciones provinciales y municipales y organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, será la autoridad de aplicación de la ley, por lo que tendrá una «obligación inmediata y directa» en las capacitaciones y campañas de concientización que deberán realizarse.
Uno de los artículos de la ley plantea, además, la creación de campañas de concientización para que toda la población se involucre en la promoción y defensa de los derechos de NNyA.
Asimismo, otro eje central es la protección de los denunciantes en los casos de posible vulneración, procurando «la reserva de identidad del denunciante y la protección de su integridad».
La ley enfatiza en el deber de comunicar una vulneración o amenaza de derechos y el deber de recibir y tramitar una denuncia por parte del funcionario público, conforme lo establecido en la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de NNyA y la 27.455 de Abuso en la Infancia.
La Senaf, en tanto autoridad de aplicación, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de esta ley a través de un medio accesible con «indicadores cuantitativos, cualitativos, estadísticas y evaluaciones sobre el impacto de las capacitaciones realizadas».
El proyecto de ley surgió tras el asesinato de Lucio, un niño de cinco años, en noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, hecho por el que fueron juzgadas y condenadas a perpetua su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ésta, Abigail Páez.
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