Un proyecto de ley para garantizar las prestaciones sociales que interrumpió la gestión Milei

En su primera presentación ante el Congreso el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, afirmó entre otras cosas que se está pagando en tiempo y forma el Programa de Acompañamiento al Egreso (PAE), que asiste a chicos y chicas que crecieron sin cuidados parentales, en hogares, y reciben ese apoyo para salir a la vida adulta. Sin embargo, organizaciones sociales y beneficiarios del programa aseguran que no es así: lo último que cobraron fue por febrero, y no tienen certezas sobre la continuidad del Programa, establecido por ley.

El próximo 31 de mayo se cumplirán siete años de la creación del PAE, a través de la sanción de la Ley N° 27.364. “Desde nuestra perspectiva es una ley modelo en cuanto a reparación de derechos, porque se construyó con la participación de los jóvenes y se votó por unanimidad por ambas cámaras”, destacaron desde Doncel, asociación civil por los derechos de niñas, niños y adolescentes, una de las que reclama contra la interrupción del programa que implica dejar desamparados a chicos y chicas que crecieron al amparo del Estado, por no tener familia.

Un proyecto por la continuidad

Este lunes, la diputada nacional de Unión por la Patria Mónica Macha presentó un proyecto de ley por la “declaración de emergencia para las personas beneficiarias de prestaciones sociales”. El proyecto contempla situaciones diversas, como las de quienes dejaron de recibir medicación para el cáncer y otras enfermedades graves a través de Capital Humano y Salud. Y apunta también al colectivo del PAE: “Tenemos especial preocupación por el Programa de Acompañamiento al Egreso (PAE). Alrededor de 3.500 chicxs sin cuidados parentales dependen del Programa que asiste a quienes alcanzan la mayoría de edad en hogares”, remarcó la legisladora.

El proyecto –que debe pasar por las comisiones de Acción Social y Salud Pública, y de Presupuesto y Hacienda- propone que se declare la emergencia por 180 días, se garantice el pago de los fondos adeudados y se retome su paga en tiempo y forma. En este lapso, se plantea que se mantengan en funcionamiento todas las sedes donde deban tramitarse y cobrarse estos derechos.

En los fundamentos del proyecto se detalla que “los casos sobre los que el Estado nacional se ha desentendido a partir del 10 de diciembre de 2023 son muy diversos y complejos”. Involucran, entre otros, a “personas que dependen de la provisión regular de medicación para enfrentar enfermedades crónicas o para tratamientos ante padecimientos graves, cuya interrupción puede implicar severos riesgos para la propia vida (…) personas jubiladas o pensionadas, en general adultas mayores, que ya no reciben los medicamentos y demás servicios, como sillas de ruedas, andadores, prótesis, pañales (…) personas con discapacidad a las que se les recortan prestaciones y reconocimientos cotidianamente; mujeres y diversidades que ya no cuentan con políticas de acompañamiento en casos de resultar víctimas de violencia (…) personas jóvenes sin cuidados parentales que se quedaron sin ningún tipo de apoyo al egresar de las instituciones que las albergaron por la falta de ejecución del Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales”. Y la lista sigue.

El texto que presentó la diputada Macha remarca: “Consideramos que las medidas paliativas que estamos proponiendo, por el plazo de ciento ochenta (180) días, posibilitarán que se construya una especie de puente temporal que repare los derechos vulnerados, mientras tanto este Congreso tiene la responsabilidad de garantizar el adecuado financiamiento de las áreas sociales involucradas en la discusión que debe efectuarse en torno al presupuesto 2025. Es un imperativo ético que trasciende filiaciones partidarias y que, desde nuestra óptica, puede ser el punto de partida de una Argentina menos cruel e indiferente”.

Un programa que equipara derechos

El PAE “está establecido por ley e involucra a chicos y chicas que vivieron en instituciones de cuidado por alguna medida de protección especial del estado. Porque eran víctimas de alguna vulneración grave de sus derechos en sus núcleos familiares y el Estado tomó la decisión de separarlos de esas familias. Crecieron en estos espacios pero a los 18 deben abandonarlos y afrontar la vida de manera independiente. Hasta 2017, este momento del egreso era muy traumático: se daba en un contexto de extrema vulnerabilidad y soledad, porque debían afrontar la terminalidad de los estudios, conseguir trabajo, un lugar donde vivir, y todo eso en un contexto de falta de acompañamiento familiar por los contextos donde crecieron”, explicó a este diario Dana Borzese, directora de Asociación Civil Doncel.

“Desde 2017, gracias a la lucha de organizaciones sociales como Doncel, pero también de organismos como Unicef, redes de organizaciones, los propios egresados y especialistas en la temática se hizo un trabajo de incidencia muy fuerte que culminó en la aprobación de una ley que reconoce derechos específicos para este colectivo de chicos y chicas. Equipara sus derechos con los chicos que crecen en sus familias. Es decir, extiende la protección del Estado después de los 18 a través de la figura de un acompañamiento personalizado de un referente y de una asignación económica de los 18 a 21 años y hasta los 25 si estudian”, detalla la referente. El monto es el 80% del salario mínimo, vital y móvil.

Ese acompañamiento “genera una situación de igualdad de un chico que crece separado de su familia con el chico que crece en su entorno familiar, para quien según el Código Civil y Comercial la familia tiene una responsabilidad alimentaria hasta los 21 años. Ahora nos encontramos a siete años de la sanción de la ley en un contexto de incertidumbre porque no hay a ciencia cierta información sobre la continuidad del programa”.

Quedar en la calle

Mercedes Vaca tiene 22 años. Vivió en hogares y pasó por un proceso de adopción fallido. A los 17, volvió a quedar sola bajo el amparo del Estado. Entró entonces al Programa de Acompañamiento al Egreso. Hoy estudia Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán y trabaja en la Asociación Civil Doncel, que defiende los derechos de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales. Por ese empleo se siente “un poco privilegiada, por tener un trabajo formal”, pero como coordinadora del área de participación de Doncel conoce de cerca el impacto que tiene en jóvenes como ella la interrupción y la puesta en duda del PAE.

“Mi realidad no es la de todos, sino de la minoría. Hace seis meses me podría haber pasado de no tener para pagar el alquiler sin el PAE. La mayoría lo usamos para cuestiones básicas, alimentación, alquiler. En este momento hay chicos que ya han quedado en la calle, conozco cinco casos que han quedado en la calle o han tenido que volver a su familia de origen, donde son vulnerados. Pasó en Corrientes, Jujuy, San Luis”, enumeró en diálogo con Tiempo.

En la mayor parte de los casos, el impacto se siente sobre el alquiler. “Hago hincapié en el alquiler porque se nos complica mucho por no cumplir requisitos, la mayoría no tenemos familia y apoyo, no podemos tener un garante por ejemplo”.

“En Salta tenemos jóvenes que han tenido que dejar sus alquileres, con lo que significa conseguir eso. Quizás no tienen la posibilidad de acceder a alquileres elevados, no tienen garantías, cuando encuentran un alquiler es muy importante y perderlo por la falta de dinero es lamentable. Hay situaciones en las que los dueños de las pensiones les están cobrando una mora por cada día que no pagan. Eso se suma como otra responsabilidad y necesitan el dinero”, planteó Noel Britos, coordinadora del PAE en Salta. “Y no solamente los alquileres. Muchos han tenido que discontinuar sus estudios, porque no pueden pagar pasajes o se les dificulta planificar el desarrollo de su vida autónoma. Tenemos madres con uno, dos, tres niños y cuando no se tiene una fecha de cobro, ¿cómo planificar los gastos? Creemos que todo esto está produciendo una revictimización hacia quienes son sujetos de derecho y tienen que ser protegidos por el Estado, porque siguen siendo parte de alguna manera. La gestión del Estado cuenta con información pública y transparente que da cuenta del impacto positivo de esta política”, remarcó. De hecho, hubo monitoreos de entidades como la Universidad Católica Argentina (UCA) que mostraron el impacto favorable del PAE en cuestiones como la continuidad de estudios, que antes de la existencia del programa solían ser abandonados por quienes salían solos y solas a la vida adulta.