Liberaron a un joven del Mocase acusado de amenazar al presidente en una red social

La Policía Federal de la provincia de Santiago del Estero detuvo este jueves a Ramón Ferreyra, un joven indígena lule vilela que milita en la organización Mocase Vía Campesina, en Monte Quemado. Lo acusan de haber amenazado al gobierno nacional en un mensaje privado enviado desde su cuenta de Facebook. Tras el reclamo de la gente, fue liberado cerca del mediodía de este viernes, pero aún continua procesado.

“Fui detenido injustamente. Recibí una llamada anónima en la que me citaron en una dirección, yo pensé que era un trámite del correo que estaba esperando. Cuando llegué al lugar me agarró la Policía Federal. Me incomunicaron y trasladaron a una comisaría en Santiago del Estero. Por suerte me liberaron. Estoy muy agradecido con toda la gente buena que me ha ayudado, por tanta solidaridad”, expresó Ferreyra, a Tiempo Argentino.

La organización Mocase presentó un hábeas corpus a favor del joven indígena de 24 años. También reclamaron por la libertad de expresión. No analizan el caso como un hecho aislado y denuncian que en los últimos años las organizaciones campesinas y populares vienen sufriendo una persecución sistemática por parte del Estado Nacional.

El juez federal Sebastián Argibay fue quien liberó la orden de detención. Lo hizo a partir del requerimiento del fiscal Pedro Simon.

“Si, el mensaje está en un Facebook que dice Ramón Ferreyra, fue enviado a la cuenta presidencial. Pero no es la que la usa en forma habitual, él tiene otra. El texto dice, ‘te voy a matar a vos y a todos tus allegados por todo el daño que le has hecho a mi país’. Lo concreto es que le abrieron una causa federal, en la cual sigue procesado, lo acusan de intimidación pública. La investigación la realizó el Servicio de Inteligencia de la Oficina de Terrorismo”, explica Deolinda Carrizo, una de las referentes del Mocase.

“El fiscal Simon trabajaba como abogado y defendía a los empresarios de la empresa agronegocio, de los cuales es amigo desde que fue diputado provincial. Por eso cuando anuncian que asumía al Ministerio Público, expresamos nuestro rechazo. Hay varios casos como el de Ramón en Santiago del Estero, en los que estás involucrados policías y funcionarios del Poder Judicial. Quieren apropiarse de nuestras tierras”, asevera Carrizo.

“Estamos hablando de gente que tiene mucho poder económico, como ser los empresarios Luis “Toto” Caputo, Méndez Escurra, Orlando Canido y Gándara entre otros. Hay mucha gente que permanece en carpas para defender sus tierras. Está el caso de la familia Ruedas, a quienes les derrumbaron la casa con una topadora mientras ellos no estaban. Les destruyeron los corrales y el pozo de agua. El 14 de septiembre metieron cuatro topadoras para desmontar el territorio”, denuncia Carrizo.

Y continúa: “Como consecuencia de todo esto, el 18 del mismo mes detienen a Marcelo Ruedas. Los empresarios lo acusan de usurpación. Él ya fue indagado pero aun continua preso y nosotros reclamando su libertad. El pasado 23 se hizo presente el Comité de Crisis, la Secretaría de Derechos Humanos y de la Dirección de Bosques, esta última es la que autorizó el desmonte a los empresarios. Es muy injusto porque existen muchos antecedentes de suspensión ante este tipo de accionar. Nunca se hizo una audiencia pública como corresponde para debatir sobre esto”.

Cabe destacar que Marcelo Ruedas sigue detenido en Campo Gallo, por defender sus tierras. Ramón –liberado este viernes- es primo de Cristian Ferreyra, quien fue asesinado en 2011 por un sicario que contrató un empresario santafesino, quien fue sometido a juicio como actor intelectual del crimen.

“Al no poder avanzar sobre nosotros con la justicia provincial lo están haciendo con la federal. Los empresarios quieren desmontar para poner soja transgénica o ganadería. Esto afecta de forma directa a la economía local de nuestro pueblo. Como no pueden hacer lo que quieren con nuestras tierras, está atacando a los referentes de las organizaciones y a los militantes. Estamos sufriendo una terrible persecución. Pero seguiremos organizándonos y luchando en forma pacífica para defender nuestras propiedades”, finaliza Carrizo.