Libertad a Milagro, presa política

Ya no es un tema de Gerardo Morales ni de la provincia de Jujuy, ni de su Poder Judicial, como argumentaban –y argumentan todavía hoy- los funcionarios macristas nacionales: ahora es un asunto del Estado Argentino, en cabeza del Poder Ejecutivo, es decir, pasó a ser un problema de Mauricio Macri, que debe responder al pedido de la ONU.

El silencio de la política (a decir verdad, de un sector de la política) ante tan grave episodio es impactante. Mide, además, el retroceso que está viviendo el país desde diciembre de 2015 en materia de derechos y la indolencia que demuestran quienes deberían, en teoría, defenderlos. Hay presos políticos en la Argentina -esto viene a decir la ONU- que el dispositivo oficial y paraoficial consideran bien presos. Hay presos políticos en nuestro país, sin que el tema ocupe un lugar central en la agenda noticiosa, ni en la rutina que escriben diputados y senadores para su trabajo cotidiano.

Es decir: hay presos políticos y hay una indiferencia cómplice, cuando no aval consciente a la tropelía. Desde 1987, cuando Hilda Nava de Cuesta fue liberada, cuatro años después de la recuperación democrática, nuestro país no estaba en una situación así, de tanta fragilidad institucional. Milagro Sala lleva 200 días en la cárcel de Alto Comedero. Macri no tiene, como podría argumentar Alfonsín si estuviera vivo, que lidiar con un Partido Militar empoderado como a mediados de los ’80. Macri es el socio de Morales en la decisión de castigar a un legislador opositor, enviándolo a prisión sin motivo jurídico porque es la manera de castigar, demonizar y perseguir a un colectivo político, el kirchnerista.

Esto es lo verdaderamente imperdonable.