“Libertad educativa”: el proyecto de La Libertad Avanza que corre al Estado de la escuela

La docencia está en estado de alerta. El 17 de noviembre se filtró el borrador del proyecto de Ley de Libertad Educativa. La iniciativa busca derogar la Ley de Educación Nacional (LEN), que definió a la educación como un derecho social y un bien público. Una conquista que el año próximo cumple dos décadas y fue el resultado de la discusión entre amplios sectores políticos y sociales. Como contó Tatiana Scorciapino en este diario, los ojos por la divulgación están puestos en el secretario de Educación Carlos Torrendell, como parte de una venganza interna con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El texto recupera la visión confesional que se opuso a la Ley 1420 de Educación Común, Gratuita y Obligatoria, sancionada en 1884. Incluso, retoma la posibilidad de impartir enseñanza confesional en escuelas públicas. El Estado Nacional pasa a cumplir un rol subsidiario, en lugar de ser el agente responsable del sistema en su conjunto. La contracara es el incremento de la «autonomía». Se distingue entre planes de estudio comunes –jurisdiccionales– y otros “propios” –de las instituciones– que deben respetar contenidos mínimos. Esta definición puede generar un efecto de atomización y disolución de lo común. Abre un camino para que empresas y otras organizaciones puedan no sólo gestionar una escuela, sino diseñar lo que deben saber las y los estudiantes.

El proyecto le otorga un papel preferente a la familia “como agente natural y primario que posee el derecho y deber de orientar la formación de sus hijos conforme a su identidad cultural y convicciones”. La traducción más preocupante de esta idea es la propuesta de crear un “Consejo Escolar de Padres” en las escuelas, capaz de nombrar o remover directores y de incidir en la contratación de docentes.

En esa línea, se propone el homeschooling -educación en el hogar impartida por padres, tutores o personal designado por ellos- como forma alternativa de enseñanza. Idea que estaba ya presente en las primeras versiones de la Ley Ómnibus. También se suman como opciones la educación híbrida y la educación a distancia, incluidas instituciones fuera del país.

Capítulo aparte para el financiamiento educativo, que viene en picada desde los inicios de la gestión de Milei, con un ajuste del 50% en términos reales. En el proyecto se elimina toda referencia a un stock de recursos que deban aumentarse, como en la Ley Federal de Educación de los ’90, o la necesidad de alcanzar un piso, como establecía la LEN. También se derogan artículos de la Ley de Educación Técnico Profesional, en sintonía con la desinversión de los últimos dos años. Y se instituyen los vouchers: asignaciones otorgadas a las familias o alumnos mediante becas, vales educativos, crédito fiscal y otros instrumentos.

Gabriel Brenner, especialista en educación, sostiene que una ley de este estilo, con foco en el desfinanciamiento y la desresponsabilización del Estado, “puede echar las bases para legitimar la desigualdad como necesaria y natural”. Piensa una escuela para una democracia de muy baja intensidad: “Libertad acá es mera abstracción individual. Si busca el bien común no puede separar libertad de solidaridad”.