$Libra: citaron a Milei para una mediación y sus socios buscan que la Corte saque a los querellantes

Javier Milei fue citado para este jueves a comparecer por primera vez en torno al caso $Libra. Es que uno de los inversores del token que promocionó el presidente tiene intenciones no solo de que el caso sea investigado por la Justicia Penal, sino que también apunta a presentar una demanda civil para reclamar por la pérdida económica. Para ello, se fijó una mediación prejudicial para este jueves, y hay dudas sobre la participación del mandatario.

La mediación está pautada para mañana a las 10 de la mañana vía Zoom, a instancias de Martín Romeo, un joven experto del mundo cripto que invirtió 2 mil dólares en el token y perdió el 75%, según le dijo a la Justicia. Junto con su abogado Nicolás Ozsust, Romeo es querellante en la causa judicial que tiene la jueza María Servini junto con el fiscal Eduardo Taiano. Pero ambos quieren ir más allá, y por eso pidieron la mediación, paso obligatorio y previo al impulso de una demanda en la Justicia Civil.

Si hay acuerdo, la instancia judicial queda desactivada. Caso contrario, Romeo y su abogado quedan habilitados para redactar una demanda y exigir una reparación económica del daño que, alegan, sufrió el joven tras el desplome del token.

Según pudo saber Tiempo, la citación no solo alcanza a Milei, sino que también a su hermana Karina, la secretaria general de la Presidencia; al vocero Manuel Adorni; al ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales, y a los fundadores del Tech Forum Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Este medio consultó a abogados del presidente y también a fuentes en Casa Rosada, y al cierre de este artículo no hubo respuestas respecto de si Milei, su hermana Karina y Adorni concurrirán a la citación de este jueves o si designarán un representante legal.

No es la primera vez que Milei es convocado a una mediación. Años atrás, cuando era diputado, demandó a cinco periodistas que lo habían cuestionado en TV. Les exigió $1 millón a cada uno, tras la falta de acuerdo en la instancia prejudicial. En ese proceso fue el actual titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, quien ofició como su abogado.

Este medio pudo saber que el presidente firmó semanas atrás un poder en el cual lo habilitó para atender sus cuestiones judiciales. También incluyó al abogado Francisco Onetto y a la abogada Bibiana Lourdes Blanco. Ninguno de ellos le contestó a este medio respecto de la mediación de este jueves.

Otro intento por sacar a los querellantes

Por otro lado, Novelli y Terrones Godoy, quienes vienen de formalizar en un escrito una especie de defensa de Milei -que todavía no se presentó en la causa de Comodoro Py-, tienen la intención de llevar a última instancia su intento para que saquen del expediente a la querella de tres damnificados que están bajo el ala de Juan Grabois.

Así se vio reflejado en un recurso extraordinario federal que elevó el abogado defensor Daniel Rubinovich. El objetivo de la presentación es que el máximo tribunal penal del país les habilite la posibilidad de que la Corte defina si corresponde o no que los tres damnificados estén en el expediente. Como el intento ya fue agotado tanto en la Cámara Federal como por la propia Cámara de Casación, buscan que esta última les permita llevar a la Corte un planteo que revoque los dos fallos adversos anteriores.

Para hacerlo, en el recurso extraordinario reiteraron los argumentos por los que consideran que su reclamo debe ser atendido. En primer lugar, que “los peticionantes (NdR: los tres querellantes de Grabois) no probaron adecuadamente la titularidad y adquisición de los tokens que alegaron tener”.

Como ha mencionado este medio, los tres compradores representados por el dirigente social y su equipo jurídico que integran Nicolás Rechanik y Camila Palacín adjuntaron una serie de comprobantes de sus billeteras en los que figura el monto de la inversión. Sin embargo, para Rubinovich y sus defendidos Novelli y Terrones Godoy, “la presentación de supuestas capturas de pantalla de wallets o transacciones aisladas no permite establecer la trazabilidad de los tokens, su origen, ni si realmente fueron adquiridos por los denunciantes en las condiciones que alegan”.

El intento por correr a los querellantes solo alcanza a los tres ligados a Grabois, no así al inversor Martín Romeo, también querellante.

En la presentación a la que accedió Tiempo, el defensor también planteó que no hay constancia “de que los montos supuestamente invertidos hayan sido efectivamente desembolsados por los pretendientes”.

Más allá de esa argumentación, la presentación está centrada en responder los argumentos utilizados por la Sala II de Casación, con el voto de los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, quienes declararon inadmisible el recurso anterior. Entre otras cuestiones, los camaristas habían sostenido que “no se ha argumentado de modo acabado la existencia de una cuestión federal que habilite la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio”.

Al respecto, en uno de los párrafos del recurso, el abogado de Novelli y Terrones Godoy sostuvo que “se evidenció cómo el fallo dictado por la Sala II de la Cámara de Casación desatendió sesgadamente las críticas expuestas por esta defensa en el recurso interpuesto, al cual declaró inadmisible en dos escuetos párrafos que distan de exhibir la fundamentación que se le exige a toda resolución jurisdiccional para ser considerada válida”. Eso, según el escrito, “refleja la arbitrariedad de ambos decisorios y reviste la cuestión federal que habilita el tratamiento del gravamen por la Corte Suprema de Justicia”.

El concepto de “cuestión federal” define si hay elementos para llevar un planteo a la Corte. Esos elementos deben ser la puesta en cuestión de leyes o artículos de la Constitución como parte de la fundamentación del reclamo. En este caso, alegaron la “arbitrariedad de la sentencia” y la “afectación al principio de igualdad de armas que hace al derecho de defensa en juicio”.

Ahora, la Sala II debe definir si les concede o no el paso a la Corte, para que defina si los querellantes deben o no estar dentro del expediente. Previo a ello, los camaristas deben pedirle opinión a las partes involucradas, es decir, los tres abogados y el fiscal de Cámara. Según consignaron fuentes judiciales, será Javier de Luca quien dictaminará en representación del Ministerio Público Fiscal.