$LIBRA: la cuestión de fondo

Más allá de la trascendencia local e internacional que tiene la “difusión” del presidente Javier Milei de la criptomoneda $LIBRA, no hay que perder de vista un rasgo fundamental: lo ocurrido refleja la concepción de Estado que sostiene el gobierno libertario.

La destrucción del Estado como garante de la regulación de la economía es uno de los ejes principales de la gestión actual, algo que reiteradas veces fue ratificado por el Presidente. El modelo libertario deja en manos privadas todos los recursos y las decisiones económicas, lo cual implica que las prioridades pasan sólo por la rentabilidad de las inversiones y no por los servicios que brindan a la sociedad.

Así lo demuestra, entre otros, el reciente decreto presidencial que establece la transformación del Banco Nación en una sociedad anónima, apuntando a su privatización. Una asignatura pendiente que proviene de las políticas neoliberales aplicadas en los noventa y que fue incluida en el proyecto inicial de la Ley Bases impulsada por el gobierno pero eliminada por mayoría parlamentaria.

Respecto a $LIBRA, el presidente inicialmente señaló que incentivaría el “crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”. Lejos de toda lógica, ya que ningún instrumento volátil y riesgoso, surgido de la especulación, puede servir a los fines de financiar la economía real. Es el caso puntual de las plataformas de “memecoins” como $LIBRA, que involucran mecanismos en los que cualquiera puede lanzar algo parecido a una moneda. Por lo tanto, son inadecuadas como herramienta para fomentar el desarrollo de inversiones productivas de un país.

Además, implican un grado de desregulación en el que se mantiene el anonimato de quienes participan de estas operatorias, y tampoco se requiere ningún tipo de justificación del origen de los fondos. Esto último habilita la posibilidad de llevar a cabo operaciones de lavado de dinero proveniente de delitos como, por ejemplo, el narcotráfico.

Una situación muy distinta a la que ocurre con la operatoria de las entidades financieras, que deben enmarcarse dentro de las normativas establecidas a través del Banco Central y otros entes de control, que incluyen, entre muchas otras, presentar documentación que respalde el origen de los fondos que depositan sus clientes.

En otro plano, cabe preguntar: ¿cuáles son los límites de intervención de un Presidente a la hora de promocionar una iniciativa privada? La responsabilidad de los funcionarios públicos también se pone en tela de juicio.

Desde el bloque de Diputados y Diputadas de Unión por la Patria, y según la tarea que tenemos encomendada como Parlamento por la Constitución Nacional, hemos hecho un pedido de juicio político para dilucidar cuáles son las responsabilidades de Milei en esta operación que generó pérdidas para muchos e importantes ganancias para unos pocos. El rol del Parlamento es distinto al del Poder Judicial. Este último considerará si hubo delito. Al Congreso le atañe determinar si los funcionarios públicos violaron alguna de las leyes que hacen a sus obligaciones, al incentivar a la ciudadanía a invertir en esta “memecoin”.

Modelos antagónicos

En un intento por quitar del centro de la escena el episodio de estafa de $LIBRA, Milei comenzó describiendo, en una entrevista televisiva, los supuestos “logros” de su gestión. En este marco, señaló que el rumbo de la actividad económica está “en franca recuperación”. Una descripción que contrasta significativamente con la realidad.

Según las propias estadísticas oficiales, de un total de 15 sectores que involucra el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), tan sólo cinco presentaron incrementos interanuales en noviembre pasado (último dato disponible) al tiempo que el nivel general de actividad acumula, al undécimo mes de 2024, una reducción del 2,5% al compararlo con igual periodo de 2023. La explotación de recursos naturales es la que tracciona a la economía, mientras que aquellos sectores con mayor valor agregado, como Industria y Construcción, promediaron en 2024 su peor año desde 2006.

En el caso particular de la actividad manufacturera, medida por el Índice de Producción Industrial (IPI), todos los rubros sufrieron caídas, lo cual redundó en la fuerte baja del 9,4% interanual en el nivel general durante 2024. Supera las de 2020 (-7,5%) y 2019 (-6,3%), años de pandemia sanitaria y de crisis del gobierno de Mauricio Macri, respectivamente.

Las divisiones que mayor contracción anual registraron fueron: producción de cemento y vidrio (-24,3%), muebles (-18,6%), acero y aluminio (-17,5%), maquinaria y equipo (-18,6%). Entre las menos afectadas se encuentra alimentos, bebidas y tabaco (-1%, a pesar de estar influenciada por el fuerte aumento de la molienda de oleaginosas post sequía del año anterior: +44%).

Como reflejo del achicamiento de la producción industrial, según el último dato de diciembre poco más de la mitad de la capacidad instalada del sector en nuestro país se encuentra en uso, 56,7%. Es el segundo peor diciembre desde el 2008 (año afectado por la crisis financiera internacional). El peor fue diciembre de 2023, con la devaluación del 118%. En este contexto, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APyME) emitió un comunicado titulado “La estafa es el modelo”. Allí se manifiesta lo llamativo que resulta que el Presidente haya utilizado el argumento de “fondeo” para las pymes cuando las políticas implementadas desde que asumió estuvieron ligadas al “ajuste y desguace del Estado, destrucción del poder adquisitivo de las mayorías y por ende del mercado interno, apertura irrestricta de importaciones (en 2024 registraron valores históricamente elevados, especialmente en bienes de consumo), daño irreparable a la industria y aumentos de costos en insumos y tarifas…”.

Hace pocos meses presenté un proyecto de ley, acompañado por varios diputados/as del bloque Unión por la Patria, de “Declaración de emergencia y medidas de protección a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs)” en el marco de una coyuntura que consideramos muy compleja para el sector.

En el mismo declaramos la “emergencia productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria de las MiPyMEs”. Entre las medidas, se establecen incentivos a la creación de nuevos empleos estables a través de reducciones impositivas, se suspende la iniciación de juicios de ejecución fiscal, se propone la instrumentación de prórrogas para el pago de obligaciones impositivas y de la seguridad social. Para ello se contempla, mientras dure la emergencia, un incremento del 30% en términos reales de las partidas asignadas en 2023 correspondientes a políticas públicas nacionales de protección y apoyo a las MiPyMEs.

Este proyecto de ley parte de la lógica de un Estado presente, utilizando las herramientas y recursos de los que dispone para fomentar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en un escenario local e internacional adverso. Ese es el modelo que genera desarrollo y redistribución del ingreso para que redunde en beneficio de toda la sociedad. Todo lo contrario a un modelo privatista y especulativo que deriva prioritariamente en el enriquecimiento de unos pocos. «