Licencia para matar; por Adrián Murano

Una represión por semana. Según un informe publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde su asunción, el gobierno de Mauricio Macri promedió un acto represivo cada 5,6 días, para ser exactos. Eso era, al menos, hasta el 1 de septiembre, cuando se dio a conocer el informe. Pero la sensación que dejó esta semana es que el proceso se aceleró.

«Parte del día de la represión» publicó el jueves en twitter la abogada María del Carmen Verdú. Y detalló:

-Balazos contra ATE Neuquén, cuatro heridos, uno grave.

-Amenaza de desalojo a acampe de desocupados en M. Plata.

-Intento de patota PRO de usurpar local del FOL en Villa 31.

-Tres militantes del PO presos en Gessell por pintar contra la reforma laboral.

Referente de la lucha contra la violencia institucional, la organización que conduce Verdú (Correpi) lleva más de 20 años elaborando y difundiendo un informe anual con el detalle de los crímenes cometidos por fuerzas públicas, paraestatales y de seguridad. El mes pasado, luego de la cacería policial desplegada en Buenos Aires contra manifestantes que se habían congregado en Plaza de Mayo para reclamar aparición y justicia para Santiago Maldonado, la organización anunció que registra una alarmante alza en el promedio de muertes por abusos policiales: una cada 25 horas.

«Estamos a nada de pasar la barrera de un muerto por día, algo que sería inédito», explicó Verdú, quien precisó que además durante este tiempo crecieron las denuncias y consultas sobre cómo actuar ante un abuso policial y las políticas de control social: requisas en los transportes públicos, militarizaciones de los barrios y detenciones arbitrarias. 

El próximo 15 de diciembre, Correpi presentará su informe anual en Plaza de Mayo. Rafael Nahuel estará en esa estadística negra. Según consta en la autopsia, la bala de plomo que lo mató tuvo trayectoria ascendente, ingresó por el glúteo y salió por el esternón. El proyectil sorprendió a Rafael por la espalda, mientras buscaba protegerse de la balacera que, cerro abajo, disparaba una patrulla del cuerpo Albatros de la Prefectura Nacional. Todo indica que el joven mapuche fue víctima de un típico caso de abuso de armas de fuego, pero el gobierno eligió –otra vez– respaldar a los uniformados.

En conferencia de prensa, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su par de Justicia, Germán Garavano, hablaron de «enfrentamiento» y vincularon a los okupas con «el RAM», una sigla acuñada por el gobierno para asociar cualquier reivindicación mapuche con «acciones terroristas».

La creación de un «enemigo interno» es un clásico de los Estados predispuestos a utilizar la fuerza pública para suprimir el conflicto social. Pero en el caso de Rafael, la vinculación es tan amañada que hasta Bullrich debió confesar: «El RAM es un concepto». No fue el único sincericidio del día. Consultada sobre la falta de pruebas del supuesto «enfrentamiento», la ministra replicó: «Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad. Le damos a la versión de la Prefectura carácter de verdad».

En el contexto de creciente violencia institucional que vive la Argentina, sus palabras –respaldadas por el presidente Macri– equivalen a extender una licencia para matar. La condena a los genocidas que actuaron en la ESMA, también ocurrida esta semana, debería servir para recordar cómo terminan esas cosas. «