Los límites del actual esquema

La viabilidad del modelo en curso se juega en múltiples planos. Desde el productivo y el social, hasta el frente externo, muy moldeado por la histórica restricción de divisas, en la última década agravada por el gran endeudamiento externo de los gobiernos neoliberales. Esta condición se exacerba en tiempos de tensión global como el actual, en particular tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

En el plano financiero, el denominado “vuelo a la calidad” global repercute en las tasas de interés internacionales. El gobierno argentino estaría sondeando a distintos países para financiar los próximos vencimientos de capital y habría “desistido” de intentar volver a los mercados internacionales.

La decisión no es casual. El banco internacional Wells Fargo colocó al país entre las economías con mayor exposición a un corte de los flujos de capital, preocupación compartida por otros grandes bancos de inversión, como el Citi, Morgan Stanley o el propio JP Morgan, entidad por la que pasó una gran cantidad de funcionarios del actual gobierno.

Está claro que son los fundamentos económicos los que terminan moldeando las opiniones y recomendaciones, incluso las de aquellos actores que apoyan el actual rumbo, como estos bancos internacionales que igual ponen la mira en el bajo nivel de Reservas, en un financiamiento externo caro, en un tipo de cambio apreciado y en una inflación que continúa elevada.

Por su parte, en un reciente informe del BID sobre la región se señala que Argentina posee el mayor índice de “vulnerabilidad financiera”, un indicador con el que el organismo busca evaluar el impacto financiero de eventos externos negativos, un ejercicio que gana valor ante situaciones como las que se están viviendo en Medio Oriente. No es un resultado casual sino una consecuencia de las políticas de liberalización extrema al comercio y a las finanzas y del elevado endeudamiento externo de nuestro país.

Con el objetivo de fondo de cumplir con el reclamo del FMI para reforzar las Reservas y garantizar el pago de las deudas, Luis Caputo pidió que los dólares del colchón “se formalicen, vengan al sistema financiero”. Sin embargo, los datos van en sentido contrario. En 2025 la compra de dólares para ahorro sin fines determinados por parte de las personas alcanzó a los U$S 35.000 millones, valor similar a la liquidación de divisas de los principales cultivos del complejo agropecuario en dicho año.

Tratando de reforzar las expectativas sobre el modelo, el ministro señaló que “en los próximos cuatros años veremos un nivel de inversión que no se vio nunca”, en alusión a los proyectos aprobados en el marco del RIGI. Una rémora de la lluvia de inversiones que anunció la gestión Macri (de la cual formó parte), del “estamos mal, pero vamos bien” y la “luz al final del túnel”. Caputo también expresó: “el mejor escudo ante los shocks externos es tener una macroeconomía ordenada, que es lo que estamos haciendo”.

En este marco, ¿cuál será el escudo que tendría la ciudadanía, en caso de que las petroleras comiencen a incrementar el precio de los combustibles internamente, dadas las oscilaciones de precios del crudo que genera el conflicto bélico reciente?

Argentina es un país que en la actualidad se autoabastece energéticamente (no de casualidad sino fruto de políticas previas): no hay razones para que se traslade la suba internacional al precio local de lo que se produce internamente. En definitiva, se requiere de regulaciones que ayuden a desacoplar el precio local, del internacional.

Más allá de lo que ocurre en Medio Oriente, esta situación también se repite con la carne o con las producciones del agro demandadas por el mercado interno. Por eso en ciertos momentos de nuestra historia reciente regían restricciones, como la obligatoriedad de que una cantidad de carne faenada fuera al mercado local, para tratar de desacoplar los precios internos.

Si los precios domésticos se fijan por el valor mundial, aquí la población puede comprar menos y se vuelve más pobre. Por ello, como siempre sostengo, no hay equilibrio macro que sirva en sí mismo si todos los días hay empresas que cierran, si la gente pierde su empleo, gana menos, o si el consumo baja. Una política buena es aquella que trata de resolver los problemas de las personas, y no deja todo en manos de unos pocos sectores que incrementan sus ganancias a expensas del resto de la sociedad.

En estos días se conoció que a nivel mundial la industria argentina registró la segunda peor caída en los últimos dos años, según información de Naciones Unidas. Son datos que duelen pero que no deben sorprender, ya que son la consecuencia del modelo que está instalándose.

No me canso de repetir que el único límite que tiene el ajuste es la capacidad de resistencia de los ajustados, frase que dije por primera vez en los 90, cuando me preguntaban dónde iba a terminar el ajuste del menemismo. En ese momento afirmé que sólo iba a terminar cuando la gente dijera basta. Caso contrario no tendría límite.

Transición estructural

El presidente expresa todo el tiempo qué es lo que va a hacer. Él nos dice cuáles serán los sectores ganadores, y también que es un “topo infiltrado para destruir al Estado desde adentro”.

El gobierno reconoce que van a cerrar empresas y que alguna gente se quedará sin trabajo, pero sostiene que los beneficios que tendrá el resto van a superar los costos, ya que la ciudadanía se va a favorecer comprando más barato. El asunto es de dónde van a sacar dinero para pagar, porque van a perder sus trabajos.

En diciembre toqué estos temas en una entrevista y alerté sobre los impactos productivos y sociales del modelo que se está aplicando, basado en tres sectores: minería, energía y agro. Los datos muestran que todo esto ya está pasando, de manera incluso más acelerada. No hace falta ser un iluminado para darse cuenta: son las políticas las que permiten visualizar el rumbo.

Cuando cierra una empresa por la apertura importadora, algunos empresarios pueden reconvertirse e importar, pero la salida tiene sus límites. Los trabajadores de la empresa se quedan sin trabajo. Con todo lo que eso implica desde el punto de vista humano y social, también tiene un impacto en la economía porque dejan de ser consumidores, incluso de los productos que empezaron a importarse. Además, la caída de los ingresos afecta a otros que todavía están produciendo.

A esa matriz productiva le sobra mucha gente, porque los rubros que se fomentan no generan gran demanda de mano de obra. Pero también surge la necesidad de complejizar el tema un poco más, atendiendo a que en el marco de la incorporación de tecnología se van reemplazando trabajos humanos. Quienes queden afuera, que no podrán reconvertirse e ir a trabajar a un gran yacimiento, ¿acaso van a resolver sus problemas transformándose en repartidores de plataformas o manejando un Uber? La retirada del Estado deja aún más expuestos a amplios sectores a los que se les pide que se “reconviertan”.

Luego del discurso del presidente en la Asamblea Legislativa, varias cámaras empresariales salieron a pedir “respeto”, además de, en algún caso, mostrar preocupación por la crisis de la industria. Pero también apoyaron las políticas estructurales del actual gobierno, sin llegar a ir al hueso de la situación: el problema surge por la implementación del modelo económico. Ya lo vivimos con Martínez de Hoz, Menem y Macri, aunque en la actualidad se está aplicando con una rapidez y una intensidad mucho mayor que en aquellas oportunidades.