El gobierno cordobés acusa recibo de la derrota legislativa de octubre. Dos ex ministras, degradadas pero con premio.

Lo que desde el Gobierno se plantea como modernización y achique de gasto público es, en rigor, debilidad política: nada de esto hubiera ocurrido sin el impacto de la elección legislativa nacional. Como a buena parte del país, octubre vistió a Córdoba de violeta, y aunque el oficialismo provincial retuvo las bancas que ponía en juego, las caras largas en El Panal anticiparon este barajar y dar de nuevo.
Para contextualizar: el proyecto político que lleva casi tres décadas gobernando la provincia tuvo y tiene muchos dirigentes, pero dos padres fundadores: José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. Uno falleció trágicamente en un accidente vial, el otro se encuentra en el otoño de su carrera política, y por problemas de salud no pudo asumir su flamante banca de diputado nacional. En este contexto, en el PJ provincial rige un espíritu de supervivencia política, mechado con aires de renovación generacional. O viceversa.
El sanfrascisqueño Llaryora representa ese recambio, más por fecha de nacimiento que por praxis política. Su agrupación histórica, de hecho, se denomina “El peronismo que viene”; uno bien pragmático, que en 2023 tuvo que hacer alianzas a derecha (muchas) e izquierda (pocas) para no perder la gobernación. Así, sumó a la gestión a sectores del Pro, la UCR y del progresismo local, y planteó un esquema de gobierno con 14 ministerios y 10 agencias.
Luego de una campaña 2025 en la que ensayó un poco creíble perfil opositor a Milei, y la consiguiente derrota del tres veces gobernador Schiaretti a manos de un libertario desconocido, Llaryora tomó nota del espíritu de época y de cuánto caló Milei en una provincia por décadas “alambrada” por el peronismo provincial. Y ensayó una movida en dos tiempos: primero entronizó en un flamante Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional al legislador y diputado nacional electo Miguel Siciliano, que había sido un ariete fundamental en su pasada gestión municipal. Y ahora eliminó nada menos que los ministerios de Ambiente y Economía Circular, y de Desarrollo Humano, de este último cuya ex titular se jactaba de diferenciarlo del de Capital Humano que conduce Sandra Petovello a nivel nacional.
Lo cierto es que en el cordobesismo difícilmente alguien se quede sin trabajo: a cada una de las dos ex ministras se les creó una secretaría general especial en el ministerio de Salud (Liliana Montero) y el de Educación (Victoria Flores), siendo estas dos carteras las que absorben las áreas estatales degradadas.
Recortado el esquema original, el organigrama gubernamental se reduce ahora a 12 ministerios y 5 agencias descentralizadas. La movida obedece a una estrategia de ordenamiento interno de cara a 2027, con miras a disputar el voto mileista. Cabe igual preguntarse porqué el electorado elegiría copias, pudiendo optar por el original.
Nuevo Código, viejos estigmas
En el cambio de rumbo hay tanto una cuestión de clima de época como un sinceramiento acerca de para quiénes y cómo gobernar. Hay que decir que Ambiente repartió muchos árboles nativos y avanzó en ordenamiento territorial, pero no supo, quiso o pudo dar respuestas a la debacle ambiental en una provincia con lagos contaminados y menos del 4% de su monte nativo original. Y que Desarrollo Humano, siempre escasa de recursos, no estuvo a la altura de la monumental crisis social que atraviesa la provincia.
Pero ahí hay una clave: la política provincial engorda presupuestos en “seguridad”, bioagroindustria y obra vial, y relega las áreas vinculadas a la educación, lo social y lo cultural. El desprecio no es sólo presupuestario: en Cultura acaban de nombrar a un empresario gastronómico sin expertise en la materia que le tocará gestionar.
Para todos estos acomodos, enroques y recortes Llaryora aprovechó el caluroso fin de año. Una secuencia que continuará este lunes 29, con la eventual aprobación en la Legislatura provincial de la modificación al Código de Convivencia que persigue especialmente a cuidacoches, limpiavidrios y otros trabajadores marginados del sistema social. La Iglesia está en contra. Y los gremios estatales, reclamando en las calles ante un nuevo recorte salarial.
De nuevo: para quién y cómo gobernar.
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