Llegó el FMI: la estrategia de Guzmán para alcanzar el acuerdo

Una nueva ronda de negociaciones entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional arranca este martes, con la llegada de una misión técnica del organismo encabezada por Julie Kozack y Luis Cubeddu, quienes ya estuvieron en Buenos Aires el mes pasado. El objetivo es profundizar la discusión para acordar un nuevo programa de apoyo financiero y una postergación en el pago de los U$S 44 mil millones que la entidad había prestado al expresidente Mauricio Macri.

Voceros del Fondo dijeron que “no hay fechas establecidas para finalizar las negociaciones” y que “el diálogo se centrará en la agenda fiscal, monetaria y estructural de las autoridades para el mediano plazo”. La enumeración es llamativa: a diferencia de tiempos recientes, y a pesar del cepo y otras restricciones, la cuestión cambiaria no estará al tope de la lista.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, recibirá a la misión con un par de definiciones. En primer lugar, la decisión política de someter el eventual acuerdo a la aprobación del Congreso. “Vamos a presentar un proyecto de ley que contenga como uno de los elementos que la posibilidad de que el gobierno pida préstamos en divisas tendrá que ser previamente aprobada por el Parlamento. Esto tiene que ver con convertir la sostenibilidad de la deuda en una política de Estado”, dijo el titular del Palacio de Hacienda. Con esa herramienta el Ejecutivo busca fortalecerse en la discusión y también comprometer a la oposición en las negociaciones.

La otra decisión de Guzmán es que el crédito que pedirá Argentina es un acuerdo de facilidades extendidas (EFF, por sus siglas en inglés). Esta línea de financiamiento está destinada a “países que experimentan graves problemas de balanza de pagos debido a deficiencias estructurales o a un lento crecimiento y una situación de la balanza de pagos muy debilitada”, según explican en el FMI. El ministro eligió esta línea porque a diferencia del stand by que Argentina había pedido en 2018, el plazo para la devolución del capital es más largo: hasta 10 años, con un período de gracia de cuatro años y medio.

El objetivo es que el nuevo crédito permita recibir desembolsos calzados con el cronograma de devolución del préstamo anterior, que arranca en septiembre del año que viene, y empezar a pagarlos a mediados de 2025. Si eso ocurre, sumado a la reestructuración de los bonos concretada hace un par de meses, más la negociación todavía pendiente con el Club de París, se abriría un período de cuatro años de relativa calma en el frente externo.

No todas son rosas: los EFF comprometen al país receptor a realizar “reformas estructurales para corregir deficiencias institucionales o económicas”. Desde 2016, cuando se reanudó la relación entre las partes, el Fondo viene recomendando con insistencia la reducción del gasto público y la reforma del sistema previsional. En cuanto al primero, el gobierno ofrecerá que el 4,5% del PBI de déficit primario estimado en el Presupuesto 2021 sea un techo máximo que podría reducirse hasta cerca de un punto. También podría incluirse un sendero para tener al equilibrio fiscal en el mediano o largo plazo. En cuanto a jubilaciones y pensiones, el gobierno ya marcó la cancha con el anuncio de que buscará reimplantar en el Congreso el sistema de movilidad de los haberes que regía hasta 2017 y que el macrismo modificó. Por eso los voceros del FMI dijeron que la “agenda estructural” del gobierno será uno de los temas centrales de la discusión.

Otro tema que estará sobre la mesa es el posible giro de fondos frescos por encima de los U$S 44 mil millones a refinanciar. Hasta hace un par de semanas el gobierno desechaba esa posibilidad porque no quería incrementar la exposición con el Fondo, pero la debilidad de las reservas del Banco Central y la necesidad de dar señales enérgicas para enfrentar la corrida cambiaria (que se calmó, pero no terminó) podrían hacerlo cambiar de opinión.