Lo esencial es la función del Estado para garantizar el derecho a la educación

El proyecto de Ley presentado por el diputado Alejandro Finocchiaro (PRO) y aprobado por Diputados, que busca declarar a la educación como “servicio estratégico fundamental” para la educación obligatoria, persigue la finalidad del Estado Nacional de cercenar aún más los derechos de los y las trabajadoras de la educación y continuar con su política de vulneración de derechos fundamentales. Esto se suma a la disolución del Ministerio de Educación Nacional, convertido ahora en una Secretaría más dentro del Ministerio de Capital Humano, la eliminación del FONID y el desfinanciamiento a las Universidades Nacionales.

Esta propuesta legislativa establece porcentajes obligatorios de asistencia de los y las trabajadoras de la educación ante una huelga docente que aumenta del 30% al 75 % en función de la cantidad de días que dure la medida (Art. 2, inc. c).  Este hecho es un claro avasallamiento de los derechos constitucionales de los y las trabajadoras quienes se ven privados de hacer públicos sus reclamos como parte del colectivo docente. Asimismo, la determinación de estos porcentajes es arbitraria y discrecional y solo tienen la finalidad de generar fragmentación y malestar en la docencia como colectivo político y un enfrentamiento con las familias.

La educación y lo esencial

Existe acuerdo generalizado en que la esencialidad tiene que ser una medida excepcional y selectiva cuando afecta a la vida, la seguridad y la salud de la población; sólo en esos casos el derecho fundamental a la huelga cede para garantizar la existencia humana de toda sociedad. En ese marco, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no incluye dentro de los servicios esenciales a la educación, por el contrario, explicita que se encuentra fuera de los mismos (OIT, 1996, párrafo 545).

Garantizar la continuidad escolar es responsabilidad del Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con políticas de financiamiento educativo que redunden en salarios docentes acordes a la tarea que desempeñan y las condiciones de vida material en un contexto de crisis, la cobertura de los cargos vacantes en las escuelas y la mejora edilicia de las escuelas. Del mismo modo son necesarias políticas económicas y sociales que permitan a las familias garantizar la escolaridad de sus hijes. Solo así será posible sostener el trabajo cotidiano de enseñar y aprender.

La educación no es un servicio, sino un derecho fundamental y el proyecto que obtuvo media sanción de Diputados en la noche de ayer no puede estar desligado de las circunstancias históricas que estamos viviendo; en ese contexto debe ser analizado y contundentemente rechazado. En este marco de vulneración de derechos, desfinanciamiento educativo y desinterés del estado nacional por la educación, declarar servicio esencial a la misma no persigue otro fin que cercenar los derechos de los y las trabajadoras, es decir, suspender su derecho a huelga e ir sentando las bases para futuras reformas en el ámbito educativo sin resistencias visibles que puedan expresarse públicamente.

Queda demostrado, de este modo, que una medida de este tipo no tiene otra finalidad que dejar en estado de indefensión a los y las docentes y asegurar la ilegitimidad silenciada de futuras políticas educativas tendientes a deslegitimar la educación pública. 

*Paula Fainsod es directora y Magalí Kiler secretaria académica de la Carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.