Los 3000 jardines de Macri: el Ministerio de Educación denunció irregularidades por 62 millones de dólares

El Ministerio de Educación de la Nación realizó este viernes una presentación ante la Oficina Anticorrupción para promover una investigación por la transferencia de recursos estatales por 62 millones de dólares en el marco del Programa denominado 3000 jardines, que había sido uno de los caballitos de batalla del entonces recién electo ex presidente Mauricio Macri en 2016.

De aquellos 3000 jardines de infantes anunciados, sólo fueron licitadas 292 obras. Al final, sólo se concluyeron 107.

La información fue recabada por el Ministerio de Educación a través del rastreo y análisis de más de 480 expedientes administrativos, que muestran irregularidades en cuatro licitaciones de un total de 17, para la realización de 93 jardines. Ninguno de esos jardines fue concluido. Y se evidencia una falta de correspondencia entre las obras y los montos erogados por las empresas contratistas, en comparación con las sumas millonarias transferidas que se les transfirió.

De acuerdo a la presentación, el 34% del total de las obras licitadas en el año 2016 fueron adjudicadas a la UTE conformada por Bahía Blanca Viviendas SRL y Escarabajal Ingeniería SRL, y eso a pesar de haber recibido un dictamen de la Comisión Evaluadora que indicaba que no tenía la capacidad operativa para absorber las obras.

Habiendo recibido transferencias por un importe total de U$S 61.920.462 sobre un total de U$S 92.357.315 que abarcaban los cuatro contratos, ninguna de las 93 obras fue finalizada y por el bajo avance de las mismas, tras dos años de plazo, fueron rescindidas 53 de ellas, que se encontraban entre un 50% y un 75% de avance, 19 registraban entre un 20% y un 49% de avance, y otras dos reconocían apenas un avance inferior al 20%. A su vez, se rescindieron 19 obras de mutuo acuerdo cuyo avance de estado promedio era del 11%.

Es decir, el monto total de los contratos superaba los 90 millones de dólares, y se desembolsaron 62 millones de dólares a lo largo del tiempo, lo que equivale, a la fecha, a casi 6000 millones de pesos. Más allá del bajo rendimiento de su labor, la UTE adjudicataria de la construcción de los establecimientos siguió recibiendo transferencias monetarias hasta fines del mes de julio de 2018.

Las irregularidades detectadas incluían abandono de las obras, deterioro de lo construido por incidencias climáticas, faltantes producto de vandalismo, cercos perimetrales sin terminar y ausencia de vigilancia y responsables de obra en la mayoría de los casos con la consecuente pérdida de patrimonio para el Estado.

Otro dato llamativo se vincula a la modalidad de financiación anticipada por parte del Estado nacional: el anticipo financiero se estipulaba a través de los pliegos como el equivalente al 30% pero luego se sumó la posibilidad, a través de una circular aclaratoria, de solicitar en concepto de acopio de materiales en pie de obra, anticipos sin tope a solicitud de la UTE.

Las multas por incumplimiento, calculado a fines del mes de julio de 2018, ascendía a $78 millones pero más allá de los informes confeccionados al respecto no existió acto administrativo posterior para aplicarlas. Sólo se aplicaron por aproximadamente $7 millones.

“Cuando asumimos la gestión tomamos conocimiento a través de la SIGEN de presuntas irregularidades en la ejecución de las obras. Nos dimos a la tarea de rastrear y analizar más de 480 expedientes administrativos. Una vez relevada la documentación, verificamos los créditos ante el conocimiento que ambas empresas integrantes de la UTE se habían presentado a concurso de acreedores sin haber informado a la Justicia que el Ministerio era su principal acreedor”, explicó el ministro de Educación, Nicolás Trotta, al hacer la presentación en la Oficina Anticorrupción.

“Además de poner a disposición la documentación correspondiente para verificar si se cometió algún ilícito en perjuicio del patrimonio del Estado, cuyo encuadre y tipos penales deberá determinar la Justicia, nos propusimos remediar la situación dado que representa un ataque directo a la vulneración del derecho a la educación para nuestras niñas y niños en todo el territorio nacional, por lo que hemos avanzado en la conclusión de muchas de esas obras. A la fecha en nuestra gestión se han finalizado 19 de los jardines de infantes abandonados, 40 se encuentran en ejecución, 20 en proceso licitatorio, 11 en elaboración de proyecto ejecutivo y tres fueron sustituidas”.

Desde el Ministerio señalaron que el fracaso del plan 3000 Jardines se explica también porque dejó de lado la experiencia de décadas en materia de infraestructura escolar, pasando a emplear un sistema constructivo industrializado ajeno a la mayoría de las realidades locales, con tecnologías constructivas y materiales importados concentrados en pocas manos, y paquetes de obras que dejaron sin posibilidad de participación a las PyMEs constructoras locales, adjudicados, además a empresas sin capacidad para su ejecución.

En total, de los 3000 nuevos jardines prometidos por Macri, sólo se licitaron obras para 292. 18 obras fracasaron en la licitación, 26 siguen ejecución, 30 fueron suspendidas y un total de 111 fueron rescindidas. Sólo 107, entonces, se finalizaron.