Los abogados del Estado son piezas clave para sostener las querellas

«Si no hay voluntad y militancia de los abogados, no pasa nada», se quejó una abogada del interior del país que integra la querella de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. Es que frente al contexto de retroceso en Derechos Humanos y la inercia judicial, los querellantes en los juicios por crímenes de lesa humanidad volvieron a tener el rol de impulsores de los procesos a los represores de la dictadura que tenían al comienzo. Pero el acompañamiento del Estado nacional es limitado: se acota al pago de los sueldos, no hay viáticos y hasta se sumó un amparo por precarización laboral. 

Las querellas del Estado nacional dependen de un equipo de abogados de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos Humanos, que está a cargo de la abogada especializada en derecho comercial María Aurora García y que depende del subsecretario de Protección de Derechos Humanos, José Brian Schapira. Son una treintena de profesionales repartidos en la Capital Federal y el interior del país. 

Apenas asumidos en la gestión, bajaron una línea de trabajo con dos puntos clave: las querellas del Estado no se opondrían más a las prisiones domiciliarias y les exigieron a los letrados que usen un lenguaje técnico que, traducido, implica no utilizar los términos «represores» ni «genocidas» para referirse a los imputados.

Esa línea directriz vino a entorpecer las coordinaciones con los abogados de las querellas de los organismos de Derechos Humanos, con quienes trabajan en conjunto. Sobre todo en el interior. De hecho, comparten los gastos de insumos, impresoras, viáticos para visitar víctimas, arreglos de computadoras, entre otras necesidades que son básicas, por ejemplo, cuando deben presentar una causa de 200 fojas. Tampoco hay viáticos: en una reciente audiencia de la Cámara de Casación Penal la querella de la Secretaría no estuvo presente porque no le pagaron los pasajes.

Esas deficiencias no llegaron a la gestión, lo que sí ocurrió es que ya no hay voluntad política para llevar adelante los procesos judiciales. «Estamos como cuando comenzó todo: somos las querellas las que tenemos que impulsar los juicios», dicen los abogados querellantes. La diferencia es que el Estado ya no está para acompañarlos. 

El caso más notable fue la salida de Natalia Moyano, la única abogada que la cartera de Claudio Avruj tenía en Rosario dejó al Estado nacional sin representantes en dos juicios a punto de iniciar: la causa Klotzman y la megacausa Feced III, con nueva fecha de inicio para el 5 de abril. En junio del año pasado ya habían despedido a Santiago Bereciartúa como abogado de la Secretaría y habían dejado sola a su colega para enfrentar dos procesos. No quisieron contratar a nadie más. «Quedó en claro que no había voluntad de la otra parte», resumió el letrado. Al cierre de esta nota, la Secretaría no se había presentado en ninguna causa.

Entre los señalamientos de los abogados rosarinos está también la demora en los pagos de los sueldos. Otros abogados del interior también se quejaron de las dificultades para cobrar a tiempo por cuestiones administrativas. 

Algo similar ocurre en Salta, donde el abogado Gastón Casabella presentó el año pasado un amparo ante el Juzgado Federal N° 2 de esa provincia por precarización laboral. A diferencia de los trabajadores del Ministerio de Justicia –incluidos los abogados–, que están contratados por la Ley de Contrato de Trabajo, el representante salteño de la cartera en causas por delitos de lesa humanidad es monotributista y no tuvo aumentos. Según explicó, cobra menos de la mitad que la colega con la que trabaja. En Salta hay cerca de treinta procesos por delitos de lesa humanidad en los que la Secretaría es querellante y él actúa con poderes firmados por el propio Avruj. 

El desinterés del Estado en ser parte de la acusación en los juicios por crímenes de lesa humanidad fue explícito en agosto de 2016, cuando el gobierno retiró su co-querella del caso Saiegh, donde se investigaban delitos de lesa humanidad con la connivencia de civiles y funcionarios del Banco Central. También cuando decidió no apelar los sobreseimientos en la causa por Papel Prensa. 

«Estamos muy mal porque el contexto es muy malo», resumió un abogado. La realidad es que las deficiencias se compensaban con voluntad política. «