Los antecedentes del Plan Cóndor, en una detallada investigación académica

“La coordinación represiva funcionó en Sudamérica entre 1969 y 1981 con el monitoreo, seguimiento, detención, tortura, asesinato y exilio de militantes políticos básicamente de izquierda. No fue un fenómeno homogéneo y por eso hago la distinción de cinco etapas para captar y entender mejor cómo la represión iba cambiando de acuerdo a las necesidades de las dictaduras. La etapa del Plan Cóndor (1975/1978) fue la más ambiciosa, sistemática, sofisticada e institucionalizada. Tenía todo un sistema como el Condortel que permitía a los países miembros intercambiar rápidamente información sobre sus víctimas y Condoreje que era la oficina operativa en Buenos Aires donde había militares uruguayos y chilenos de planta, establecidos en la capital argentina para hacer operativos de secuestro y tortura. Y tengamos en cuenta que durante el período 1975 al 1978 -el del Cóndor propiamente dicho-, se concentra el 60% de las víctimas del período completo comprendido entre 1969 y 1981”. Con estas palabras Francesca Lessa, la investigadora italiana de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, explica a Tiempo Argentino en qué consiste su novedosa investigación académica sobre la coordinación represiva en Sudamérica en los años setenta.

Los juicios del Cóndor. La coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en América del Sur es el título del libro editado por la editorial Taurus del Grupo Penguin en Montevideo y que curiosa y lamentablemente no llegó aún a las librerías argentinas.

Lessa lleva años trabajando el tema. Esta vez presenta en 382 páginas un trabajo de diez años de investigación en los que recorrió Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Italia y Estados Unidos para entrevistar a víctimas, familiares, jueces, fiscales, investigadores y periodistas. Buceó en archivos y oficinas estatales, de organismos de Derechos Humanos, policíacos, militares y de diarios, leyó libros, presenció sólo en Argentina 74 audiencias del juicio al Plan Cóndor en 2016, en los juicios extraterritoriales llevados adelante en Roma y se metió en los voluminosos expedientes judiciales archivados y sentencias recién emitidas. “Entre 2017 y 2020 construí una base de datos con 805 casos de represión trasnacional sistematizados entre 1969 y 1981 que sirvieron de base a esta investigación”, señala Lessa.

“Las cinco etapas de las que hablo en el libro son parte de la originalidad de la investigación. La primera abarca de 1969 a 1974 con los primeros casos de represión trasnacional. La segunda abarca de febrero de 1974 a enero de 1975 y toma la coordinación policial que cobró 55 víctimas. La tercera etapa fue de cooperación híbrida entre febrero de 1975 y febrero de 1976 y se cobró 101 víctimas a partir de la inclusión de fuerzas de inteligencia militares con roles más definidos y protagónicos. La cuarte etapa es el Cóndor propiamente dicho que va de marzo de 1976 a diciembre de 1978 y se cobró 487 víctimas. Entre enero de 1979 y febrero de 1981 se produjo la quinta etapa que llamo dinámica post Cóndor con 112 víctimas. Siempre tomando aquella base construida con 805 casos emblemáticos”, aclara la investigadora.

Casos iniciales

El 6 de septiembre de 1969 el militante del Partido Comunista disidente brasileño, Wilson Barbosa fue detenido en Montevideo por la policía uruguaya, y salvajemente torturado en la jefatura de la capital. Identificado por policías brasileños que viajaron especialmente alertados de la detención, fue devuelto a Brasil en la madrugada del 4 de noviembre en la frontera seca que separa las ciudades de Rivera (Uruguay) y Santa do Livramento (Brasil) y meses después expulsado del país. En diciembre de 1970 el coronel brasileño Jefferson Cardim, un antigolpista y contrario a la dictadura establecida en Brasil en 1964, fue invitado por el presidente chileno Salvados Allende a integrarse a su gobierno como asesor ante la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc). Cardim viajó desde Montevideo a Buenos Aires y fue detenido junto a su hijo por la Dirección de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal argentina y llevados a las dependencias de Coordinación Federal donde fueron torturados durante horas. Detenidos clandestinamente, las autoridades brasileñas sugirieron expulsarlos de Argentina para poder llevarlos de regreso a Brasil. El general Jorge Cáceres Monié, jefe de la Policía Federal, argumentó que la expulsión debía ser decretada por el presidente Roberto Levingston. Efectivamente, días después el dictador Levingston firmó el decreto de expulsión de dos ciudadanos brasileños que jamás habían ingresado formalmente a la Argentina.

“Para entender la represión transnacional primero tuve que investigar las solidaridades transfronterizas de diferentes agrupaciones políticas. Sobre eso se montó luego la represión estatal”, indica. Y Lessa se remonta hasta el policía croata argentino Juan Vucetich que en 1905 acuñó la etiqueta de “delincuente subversivo” para referirse a los comunistas, socialistas y anarquistas que ponían en riesgo al sistema en Sudamérica a partir de la solidaridad ideológica que no conocía fronteras. Por eso en 1902 las policías de Rio de Janeiro (Brasil) y La Plata (Argentina) decidieron compartir información sobre personas peligrosas para el orden y casualmente en ese mismo año fue sancionada la ley de Residencia en Argentina, para expulsar a los revoltosos.

En 2017 el comando Pedro Barneix  –un grupo paramilitar de derecha en Uruguay- amenazó de muerte a Francesca Lessa y una docena más de jueces, fiscales y defensores de los Derechos Humanos que de alguna manera investigaban delitos de lesa humanidad que involucraban a militares sudamericanos. Pero la globalización y el acceso digital a documentos de los años de plomo permitieron a la investigadora seguir trabajando sobre un pasado que nunca se fue de estos países por falta de Justicia. El resultado es esta precisa y puntillosa obra sobre los crímenes estatales de los años setenta. «