Los cambios en el documento final

El nuevo acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno de Colombia y las FARC fue renegociado para incluir propuestas de la oposición tras el rechazo en las urnas del pacto original.

A continuación, algunos cambios entre el nuevo pacto y el original:

Urnas por Congreso

El primer acuerdo, firmado el 26 de septiembre en Cartagena, debía refrendarse mediante un plebiscito que se realizó el 2 de octubre y en el que el «No» ganó por 53.894 votos.

Tras el revés electoral, gobierno y FARC elaboraron otro texto que incorporó propuestas de la oposición. Las partes acordaron refrendar el nuevo documento en el Congreso, con mayoría oficialista.

El derechista Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe, dijo que esto constituye un «golpe a la democracia». Sus legisladores votarán contra el texto por considerar que los cambios son insuficientes.

No va a la Constitución

La primera versión debía anexarse a la Constitución una vez refrendada. Ahora solo se incorporará un artículo transitorio, vigente por tres periodos presidenciales (12 años), que señala que «las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe» con el acuerdo.

Límites a justicia transicional

El pacto de septiembre esbozaba la Jurisdicción Especial para la Paz, un sistema de justicia transicional encargado de juzgar los delitos cometidos durante el conflicto, que plantea penas alternativas a la cárcel, pero cuyo alcance en el tiempo no había quedado delimitado.

Ahora se establece un periodo de 10 años para presentar acusaciones, que podría llegar a 15 años. Además, se aclaró que los fiscales deberán ser colombianos.

Narcotráfico y política

El nuevo pacto busca aclarar la conexidad del narcotráfico con los delitos políticos. Ahora, este delito solo será aceptado como crimen conexo a la rebelión -por lo que sería sujeto de amnistía- en caso de que «no haya derivado en enriquecimiento personal».

Pese al cambio, los opositores mantuvieron su inconformidad porque, dicen, la comisión de este delito se mantendrá impune.

Bienes para víctimas

La guerrilla aceptó hacer un inventario de sus bienes, que servirán para reparar víctimas, y entregará una lista de todos sus miembros, incluidos milicianos.

Uribe dice que el acuerdo desconoce «el dolor» de los secuestrados por las FARC y el reclutamiento de menores.

Participación política se mantiene

La participación política de los guerrilleros se mantuvo sin cambios y constituye la principal objeción de los opositores, que rechazan que insurgentes culpables de crímenes atroces puedan presentarse a cargos de elección popular antes de pagar sus penas.

Acto austero

A la firma del primer acuerdo asistieron 15 jefes de Estado y otros 2.500 invitados. La oposición criticó la ceremonia por considerarla un «derroche» de recursos públicos.

La nueva signatura es en el tradicional Teatro Colón, del centro de Bogotá, con capacidad en su sala principal para 785 personas. En el acto participan expresidentes colombianos, congresistas, magistrados y representantes de organizaciones sociales.