Los carteles copan el sudeste mexicano y acechan en la frontera con Guatemala

La pasiva mirada de los gobiernos de México y Guatemala ha permitido que, casi de un día para el otro, los principales carteles de la droga que operan en la región centroamericana se fueran adueñando de vastas áreas del Estado fronterizo de Chiapas, en el sudeste mexicano. Desde la última semana de septiembre, ambos gobiernos volvieron a la que parece ser la única respuesta contemplada en sus manuales: la militarización de los 965 kilómetros de frontera común. Para “estabilizar la zona” Guatemala desplegó 2000 soldados y puso en estado de alerta a sus fuerzas armadas. México apostó 1500 efectivos de sus tropas mejor entrenadas. A los resquemores que han enfrentado siempre a los pobladores de uno y otro lado, se suma ahora la presencia de los militares con toda su parafernalia bélica.

Salvo la miseria, todo es aparente en Chiapas, ese rincón selvático donde junto con el primer día del año 1994 nació el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que en 2006 transmutó para dejar de ser guerrilla y convertirse en movimiento político. Parecía un territorio pacificado, pero esto también está entre lo aparente. La calma de ayer y de hoy sólo será el prólogo de la violencia que volverá mañana.

Entre los carteles de traficantes de drogas, armas y personas; por las brutales campañas de reclutamiento; por enfrentamientos entre grupos de pobladores creados a la fuerza, entrenados y armados por los grupos llegados desde el norte; en el peaje que se cobra entre garrote y balas o el derecho de piso que deben pagar los puesteros para volver a ocupar su lugar de siempre en los mercados.

Una suma de relatos de los habitantes de las decenas de poblados dominados por los narcos describe un panorama desolador. El accionar fulminante del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Sinaloa (CS) les ha permitido dominar todas las vías de acceso al área chiapaneca, incluyendo la Ruta Panamericana, lo que dejó a cientos de miles de personas sin el abastecimiento de productos básicos. Algo de verduras entra desde Guatemala. Los servicios de energía eléctrica, agua, combustibles y conexión telefónica están en manos de los carteles, que los cortan según sus necesidades. “Es así –dijo un poblador a la W Radio– que presionan primero e infiltran después a las autoridades y a los líderes políticos, muy permeables ahora que se avecinan las elecciones”.

Para marcar presencia y sembrar el terror entre las habitantes, los narcos irrumpen en los poblados con estruendosas marchas de automóviles y camionetas blindados artesanalmente y filman videos que luego distribuyen profusamente. Hacen ostentación de armas y previamente cooptan a pobladores a los que obligan a apostarse en las calles por donde pasa la caravana, para que den gritos de apoyo a los comandos paramilitares.

El 24 de septiembre los medios del Distrito Federal y todos los Estados reprodujeron hasta el hartazgo un video filmado desde un vehículo, en el que hombres exaltados gritan, con acento aparentemente extranjero: “Que empiece la fiesta, vamos, vamos, y que viva Sinaloa”. Segundos después, uno de ellos asoma por la ventanilla de un vehículo y acribilla con un arma automática a un motociclista al que se ve caer sobre el asfalto.

Como en el norte de México y otras regiones americanas, en Colombia especialmente, los narcos buscan ocultar su accionar simulando un apoyo civil que no tienen. En los cortes de ruta bloquean totalmente el paso de los camiones que transportan mercaderías básicas, y a los automóviles, o les cobran elevados peajes o los obligan a posar junto a sus comandos, portando pancartas de apoyo a los carteles, para que después sean subidos a sus redes sociales. En contrapartida, y muy temerosamente, los pobladores organizan unas caminatas breves y sorpresivas, pero no para condenar el terrorismo impuesto por los traficantes sino para reclamarle al gobierno medidas y paliativos de distinto orden.

En una descripción de la realidad, el diario La Jornada señaló que “el alarmante cóctel” se registra en medio de la inmensa ola de migrantes centroamericanos que entra por la frontera con Guatemala. “Son una mercancía más para los traficantes, que se suma a las drogas y las armas”. El matutino recogió testimonios de gente que aseguró, citando fuentes de la curia de San Cristóbal de las Casas, que “han aparecido restos humanos flotando en los ríos de la región”, donde las ligas deportivas de fútbol y básquet decidieron cancelar sus actividades. En un comunicado oficial titulado “Chiapas desgarrado por el crimen organizado”, la diócesis reclamó al gobierno que asegure la presencia del Estado en la región y denunció “amenazas, hostigamiento y persecución a la sociedad civil, y presión y control social, político y psicológico para que el pueblo tome partido por uno u otro grupo criminal”.

Los pobladores de ambos lados de la frontera recriminan la inacción de sus respectivos gobiernos. En Guatemala están habituados al desamparo oficial, y más ahora, que tanto el gobierno de Alejandro Giammattei como las fuerzas armadas y el Poder Judicial están ocupados en ver cómo se procesa el golpe de Estados contra el presidente electo Bernardo Arévalo.

En México denuncian que las autoridades estaduales y municipales han sido cooptadas, por las buenas o las malas, por alguno de los bandos. El gobierno recibe palos de todos lados, mientras día tras día las noticias que llegan desde Chiapas son cada vez más alarmantes y todos los servicios pasaron a ser manejados por los carteles. Entre los pobladores que empezaron a emigrar prima la idea de que “esto es sólo el inicio”.  «