Los casos emblemáticos del «cambio» en la política de Memoria, Verdad y Justicia

La detención de Milagro Sala al mes de iniciado del mandato de Mauricio Macri estableció cuál sería el nivel de flotación de la política de Derechos Humanos. Este 24 de marzo, el segundo Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia bajo el nuevo gobierno, se cumplirán 469 días con Cambiemos en el poder en el que se produjeron serios retrocesos en materia de Memoria, Verdad y Justicia, y en los que se ratificó la decisión de acudir a la represión como respuesta a la conflictividad social. Con los Derechos Humanos corridos de la centralidad de la agenda, también se produjeron episodios como el cambio de paradigma en cuestiones migratorias, en un país históricamente reconocido en esta materia, por el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA citó de oficio al país para que dé explicaciones. La otra nación a la que también convocaron fue a EE UU por los decretos de Donald Trump.

En estos 15 meses de Macri en la presidencia y de su aliado radical Gerardo Morales en la gobernación de Jujuy, la líder de la Tupac Amaru sumó once causas penales en las que está acusada por delitos como «asociación ilícita», «fraude a la administración pública», «extorsión», «tentativa de homicidio». Se sumaron este año tres expedientes por una supuesta «inducción a cometer delitos de amenazas” que la líder de la Tupac habría cometido desde su celda de la Unidad Penal N°3 de Alto Comedero. La profundización de la persecución judicial con la iniciativa del poder político llevó a la parlamentaria del Mercosur a una situación de crisis aguda en su estabilidad emocional.

Milagro lleva 429 días en prisión y suma dos condenas. Una es de la Justicia Federal. Es a tres años de prisión en suspenso, por la rotura de siete vidrios de una puerta y el lanzamiento de huevos contra el entonces senador Morales, en una protesta en la que Sala no estuvo. La otra condena es de la justicia contravencional por el acampe que, tras una libre interpretación del código, la inhabilitó para ejercer cargos durante tres años. Su prisión es preventiva y la Corte Suprema deberá decidir sobre su legalidad. Para esto pidió la opinión -que no es vinculante- de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

La prisión de Sala contraría los criterios de los organismos internacionales de control de cumplimiento de los derechos humanos. Esa detención hizo retroceder el prestigio en materia de DD HH que Argentina había construido en el concierto de naciones del mundo. Desde el 28 de octubre del año pasado, el gobierno Macri incumple la recomendación del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la Organización de Naciones Unidas, que calificó de «arbitraria» la detención de la líder social y reclamó su «inmediata libertad».

A ese pedido se sumaron luego la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y otros organismos de la ONU como la CEDAW, así como organizaciones de internacionales como Amnesty y Human Right Watch, entre otros.

«La detención de Milagro por un aliado del presidente y luego el incumplimiento de las decisiones de organismos de protección es un buen diagnóstico sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la actual gestión de Argentina. El país había tenido desde la transición democrática una política de estado. No sólo era de liderazgo en temas internacionales de Naciones Unidas sino también de acatamiento en las decisiones luego de las violaciones graves de la dictadura. Es otra señal del lugar que ocupan hoy, en términos negativos», reflexionó Gastón Chillier, Director Ejecutivo de CELS, organismo que junto a Amnistía Internacional y Andhes llevó a la CIDH el reclamo por Milagro Sala.

En este mes de la Memoria, la Verdad y la Justicia, el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza de San Pedro (SOEA de La Esperanza), todos jujeños, concurrirán con organismos de Derechos Humanos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para denunciar las respuestas estatales que buscan silenciar el disenso en esa provincia «con represión y criminalización, que incluyen la persecución judicial de organizaciones y referentes a través de causas penales y contravencionales, detenciones arbitrarias, multas, la clausura de locales y otras disposiciones punitivas», informaron.

Estos episodios, dijeron, se produjeron en el último año, desde que esa provincia del NOA es gobernada por un aliado fundamental de Macri.

Violencia institucional

La detención de Milagro es la expresión más extrema de la política de resolución violenta y criminalización de la protesta social. En su Informe Anual 2016, de diciembre del año pasado, el CELS tomó nota de que el gobierno de Macri -pero también el se sus gobernadores como María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires- comenzó con «brutalidad». «A pocos días de asumir el nuevo ejecutivo, el 22 de diciembre, la Gendarmería reprimió una protesta de trabajadores de la empresa Cresta Roja que reclamaban por el cobro pendiente de sus salarios y la continuidad laboral. El 8 de enero de 2016, en La Plata, la Policía Bonaerense reprimió una protesta de trabajadores municipales que habían sido cesanteados. En ambos casos se emplearon balas de goma a corta distancia, un modo de uso que puede ser letal», anotó el organismo en el inicio del informe.

Esas expresiones se repitieron a lo largo de todo el año, con particular fuerza en Jujuy, con represión a trabajadores azucareros, y con extrema violencia en Chubut, donde la comunidad Pu Lof fue violentamente reprimida por reclamar tierras. «No se puede decir que la sociedad argentina no usó el espacio público para protestar, porque sucedió, pero episodios como el de la semana pasada (NdR: la represión tras la marcha del 8M por el paro de mujeres) y como la brutal represión a la comunidad mapuche en Chubut, y las respuestas de los responsables políticos que en el caso de la Patagonia, incluyeron al terrorismo como justificación. Esto claramente va en sentido contrario a prácticas tendientes a garantizar el derecho a la protesta», remarcó Chillier.

El año pasado, ante la evidencia de un incremento de la violencia policial, organismos de derechos humanos iniciaron un Registro de Casos de Violencia Estatal (ReCaVE), que en su primer informe determinó que de los 113 casos de violencia estatal que verificaron en los primeros seis meses de gobierno de la Alianza Cambiemos, el 22,1% fueron episodios de represión de la protesta social, seguido por detenciones arbitrarias (13,3%) y muertes causadas por uniformados (13,3%).

Aunque el siguiente informe estará listo después del 24 de marzo, el abogado y miembro de ReCaVe, Fernando Martínez Forlón, explicó: «Si en el anterior informe hablábamos de una escalada, ahora vemos un recrudecimiento, con cuestiones inauditas como la represión del 8M a las mujeres; la represión a movilizaciones, y a lo que se suman campañas mediáticas con fines persecutorios como en el caso del recital del Indio Solari».

El abogado remarcó que los primeros meses de la gestión de macrista constituyeron ensayos para medir la resistencia social a las prácticas represivas. «Hoy vemos que las fuerzas de seguridad tienen las manos libres para hacer lo que crean y quieran en pos de garantizar pedidos tan opacos como la seguridad ciudadana», detalló. Y advirtió sobre la utilización para campañas políticas de tópicos como la baja de la edad de punibilidad que contradicen a organizaciones como la ONU y Unicef, entre otros, así como la naturalización de prácticas, por parte de las fuerzas de seguridad, que constituyan violencia institucional.

El Informe de la Situación Represiva 2016, elaborado por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) reflejó que, desde la asunción de Macri, hubo casi un muerto por día a manos de las fuerzas de seguridad. Un total, 259 casos en el primer año de la Alianza Cambiemos.

Cárceles y prisiones

La muerte de siete jóvenes privados de su libertad en la comisaría Primera de Pergamino, el 3 de marzo, puso de relieve la ausencia de una política carcelaria seria en la provincia de Buenos Aires, pese a la Emergencia Penitenciaria sancionada apenas asumió la Gobernadora María Eugenia Vidal, por su explícito pedido. Así lo denunció la Comisión Provincial de la Memoria a principios de mes, que alertó que en 2015 la superpoblación alcanzaba hasta el 500% y que «la situación general hoy para toda la provincia indica que sobre un total de 1060 camastros hay más de 3.000 detenidos».

«De emergencia en emergencia, la cuestión de fondo sigue sin ser considerada seriamente en la Provincia. Es necesario reconocer las causas reales que han llevado a este estado calamitoso a todos los lugares de encierro, sean cárceles, comisarías o centros para menores. Este estado de cosas habilita la violación sistemática y cotidiana de los derechos humanos y no produce ningún aporte serio al mejoramiento de la seguridad para nadie», denunciaron al conocerse las muertes en la comisaría de Pergamino.

Migrantes

«Los funcionarios y empleados públicos en cualquier ventanilla del sistema educativo, en el registro civil, o donde sea, nos asocian con la delincuencia», dijo a la cámara Jorge Muñoz Villagrán, de la Pastoral de Migraciones de Neuquén.

«Tratar de emparentarnos con el narcotráfico a los migrantes está teniendo como resultado la violencia institucional, en particular de parte de Gendarmería, que ejerce violencia contra nuestra comunidad», agregó Luis Romero B. Wamani, de la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina. Esos testimonios estarán junto al CELS, Amnistía Internacional, Andhes y Ceprodh en Washington ante la CIDH, en una audiencia de oficio sobre los cambios normativos en materia migratoria en la Argentina.

El 30 de enero pasado Macri firmó un DNU que endureció la Ley de Migraciones, asoció la migración con el delito y amplió las facultades para detener y expulsar a las personas migrantes. «Ese DNU es absolutamente regresivo: permite la expulsión, viola el debido proceso para defenderse y contraría una ley que tuvo un amplio consenso y que fue reconocida internacionalmente porque ponía el migrante en la centralidad de los derechos y no los veía como una amenaza», remarcó Chillier. «

CACERÍA DE MUJERES EL 8M

El 8 de marzo, dos horas después de finalizada la multitudinaria marcha contra la violencia de género que se realizó en las calles porteñas, efectivos de civil de la Policía de la Ciudad detuvieron violentamente a 16 mujeres, una de ellas menor de 18 años, y a cuatro varones a dos cuadras de la Plaza de Mayo. Durante una conferencia de prensa realizada en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las organizadoras de la marcha, la ONG anfitriona, legisladoras y funcionarias de la Defensoría de la Ciudad denunciaron que se trató de una «cacería de mujeres», y que hubo una «decisión política programada para aleccionar al movimiento de mujeres».

AGRESIÓN A MAYRA MENDOZA

El 21 de diciembre de 2016, la diputada nacional por el FpV Mayra Mendoza fue agredida por la policía de Jujuy cuando intentaba ingresar a la audiencia del juicio que se le realizó a la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, por un escrache al gobernador Gerardo Morales en 2009. Unas 40 personas, entre ellas dirigentes como el exministro de Trabajo Carlos Tomada e integrantes de organismos de Derechos Humanos, que pugnaban por ingresar a la sala de audiencias se enfrentaron con uniformados de la Policía jujeña y de la Federal. En esa situación, que dejó como saldo nueve manifestantes heridos, Mendoza fue retenida violentamente por los uniformados.