Los conflictos sindicales se multiplican en la provincia de Buenos Aires

En Azul, provincia de Buenos Aires, las autoridades de Fabricaciones Militares (FM) mantienen cerrada la fábrica de esa localidad –conocida como Fanazul- y persisten con los despidos de 219 trabajadores que estaban contratados mientras que otros 36 que pertenecían a la planta permanente comenzaron a ser reubicados. Los trabajadores afectados levantaron en la mañana del miércoles el corte de 24 horas de la ruta 3 y volvieron a instalar el acampe frente a la Municipalidad de Azul. Presionan por la reincorporación de los despedidos y esperan por una reunión con el interventor de FM, Luis Riva. Entre los trabajadores y sus familias han depositado expectativas en lo que pueda lograr el comité que conformaron los trabajadores de Fanazul, autoridades comunales y representantes del Obispado local.

En tanto, dos fuertes conflictos sacuden el sector de la alimentación. La planta de la firma Molinos Río de la Plata de Esteban Echeverría, en el sur del Conurbano, donde se elaboran productos de las marcas Exquisita, Preferido y Lucchetti, continuaba cerrada por el paro por tiempo indeterminado decidido por sus 300 trabajadores luego del despido de seis de ellos. La empresa justificó los despidos en el “bajo rendimiento, baja productividad, ausencia en los sectores” de los trabajadores. Pero según fuentes gremiales, las cesantías se deben al activismo gremial que desplegaron los seis trabajadores en diversos momentos.

Por su parte, en Cresta Roja, los trabajadores retomaron el trabajo este miércoles 10 tras varios días de paralización en la planta por la falta de pago de los salarios. Aunque volvieron a la actividad, los empleados no cobraron. La empresa prometió el pago de salarios el jueves 11. Si no cumple, volverá el conflicto, aseguraron voceros de los trabajadores. El apremio sucede al mismo tiempo que la justicia está próxima a otorgar la propiedad de los bienes de la empresa a Proteinsa, la firma que logró el control de la ex Rasic con respaldo de la justicia. A pesar de las reiteradas denuncias de incumplimientos laborales y presiones ilegales, Proteinsa estaría cerca de lograr su objetivo. En la semana que duró este último conflicto, la planta más importante de Cresta Roja, también ubicada en Esteban Echeverría, permaneció rodeada por la policía bonaerense. Los trabajadores denuncian que la empresa adeuda el pago de la segunda quincena de diciembre, de un premio de $2900, de las indemnizaciones por el cambio de firma y cuyo pago formaba parte del acuerdo judicial y del plus vacacional a un grupo de trabajadores.

Cerca de allí, en Almirante Brown, 130 obreros pelean desde hace dos semanas contra el lock out de la empresa Stockl, una autopartista ubicada en el parque industrial de Burzaco. El lunes 8 hubo una masiva movilización a la municipalidad, de la que surgió un comité de seguimiento del conflicto pero del que aun no han surgido novedades concretas. Los trabajadores reclaman la reapertura de la planta con la preservación de todos los puestos de trabajo. Los trabajadores de Stockl vienen luchando desde hace tres años contra el atraso salarial, las suspensiones, la falta de ART y de obra social. Aseguran, en cambio, que la empresa recibe subsidios tanto municipales como provinciales.

Por su parte, en La Plata continúa la ocupación del edificio de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), cuyos 200 empleados fueron despedidos por la decisión del gobierno de María Eugenia Vidal de disolver el organismo que realiza tareas en las escuelas bonaerenses. Los trabajadores han lanzado un petitorio que se está firmando de manera masiva en la capital provincial y reciben donaciones para sostener la toma. El lunes, el lugar fue sede de un plenario sindical provincial que reunió a 300 delegados de distintas reparticiones y empresas.