Los contrastes de la Justicia en la causa de los aportes truchos

Las tensiones y contrastes que dispara en los movimientos judiciales la causa conocida como «aportantes truchos» tuvieron una nueva muestra los últimos días. Mientras el gobierno, a través del procurador interino Eduardo Casal, desplazó al fiscal Hernán Schapiro, que iba a intervenir en buena parte de la investigación en la Provincia de Buenos Aires, el titular del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó varias medidas en el marco del expediente que instruye sobre el tema.

Las decisiones del juez Kreplak consistieron, primero, en un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación sobre los beneficiarios de planes sociales. El magistrado apunta a cruzar esos datos con los aportantes a la campaña electoral de Cambiemos, en 2017, en la Provincia de Buenos Aires. Por eso es que también requirió al fuero electoral la nómina de quienes pusieron dinero en la campaña del oficialismo y para saber quiénes eran las autoridades del PRO y los afiliados al partido. En rigor, se trata del mismo cruce de información que el periodista Juan Amorín, de El Destape, hizo para la investigación que disparó el escándalo, con la diferencia de que un juez puede solicitar la remisión de toda la base de datos. El periodista Amorín, además, fue citado como testigo por Kreplak.

El fiscal Schapiro, por su parte, iba a intervenir a partir de ahora en la causa iniciada en Comodoro Py. Hasta este momento había estado en manos del fiscal Jorge Di Lello, que tiene a cargo la fiscalía en materia electoral a nivel nacional. Di Lello había solicitado informes a distintos organismos para corroborar la investigación revelada por El Destape. Una vez reunida la información, la remitió al Juzgado N° 1 de la Plata, que tiene a cargo las cuestiones electorales. Ese juzgado tiene de juez subrogante a Adolfo Gabino Ziulu y también tenía a Schapiro como fiscal subrogante, a cargo de la Fiscalía N° 1 bonaerense, la análoga a la fiscalía que encabeza Di Lello a nivel nacional. Ahora ya no.

Otro elemento que se sumó esta semana, y que toca de refilón la causa de los aportantes truchos porque pone en la mira el financiamiento de la campaña de Cambiemos, fue una denuncia presentada por la diputada provincial del Frente para la Victoria Rocío Giaccone, a partir de una investigación periodística del diario digital Diagonales, en la que se dio a conocer una serie de actos irregulares con respecto a la ley que prohíbe que los partidos políticos reciban contribuciones de empresas concesionarias de servicios y obras públicas.

«Al escándalo de los aportantes truchos de la campaña de Cambiemos se suma ahora el de los empresarios que aportaron dinero y luego ganaron licitaciones millonarias», expresó Giaccone, al referirse en particular al caso de la constructora EVA SA, en Junín.

En la denuncia, la legisladora enumeró varias licitaciones, en las que la mencionada empresa se presentó como oferente único. Todas estuvieron vinculadas al centro ambiental y al relleno sanitario de la gestión del intendente Pablo Petrecca. La diputada del FpV decidió presentar una denuncia formal para que se realicen las investigaciones correspondientes de los empresarios que figuran como aportantes a la campaña de Cambiemos. Los directivos de EVA SA habrían donado 95 mil pesos cada uno; y empleados de la firma aparecen en la lista con aportes de 60 mil pesos por cabeza. «