Los costos de la autonomía policial

En principio no permitiremos ni el más mínimo hecho de corrupción. Nos atendremos a la normativa vigente, sin vulnerar ningún derecho humano y garantizando el debido proceso». La promesa fue pronunciada el 30 de diciembre de 2016, hace escasos cuatro meses. No pertenece al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, ni a su ministro de Seguridad Martín Ocampo, sino al comisario mayor José Pedro Potocar, que en ese momento protagonizaba uno de los momentos más importantes de su carrera: en menos de 24 horas había pasado de encabezar la Dirección General de Comisarías de la ex Policía Federal Argentina (PFA) a transformarse en el primer titular de la flamante Policía de la Ciudad, la alquimia definida por la administración del presidente Mauricio Macri para concretar una vieja promesa de campaña: transferir parte de la Federal a la órbita capitalina y fusionarla con la Metropolitana, la fuerza civil armada porteña que Macri creó apenas llegó al Gobierno de la Ciudad y descartó cuando concluyó sus ocho años de mandato como alcalde.

La designación de Potocar como primer jefe policial de Rodríguez Larreta fue la elección de un puente de plata para transitar la transformación institucional más trascendente y determinante que vivió la PFA desde que fue creada por Juan Domingo Perón en su primera presidencia. El último director de Comisarías de la Federal fue uno de los sobrevivientes de las purgas que condujo la exministra de Seguridad Nilda Garré en 2010, cuando Cristina Fernández resolvió crear ese ministerio luego de la toma del Parque Indoamericano en Villa Soldati.

Desde marzo de 2011 Potocar quedó al frente de la comisaría tercera y desde entonces mantuvo su carrera ascendente por la buena relación que mantenía con los mandos civiles del flamante ministerio. Antes de jurar el último cargo que detenta, su historial profesional incluye un paso por la escuela del FBI de los EE UU, y aporta muestras de un crecimiento meteórico: 35 años como numerario de la Federal, con un destacado paso «en el ámbito de las superintendencias de Seguridad Metropolitana, Drogas Peligrosas, Asuntos Internos e Interior de la PFA».

La historia de Potocar en la Federal es impecable para el gobierno porteño, que elige omitir, por supervivencia o complicidad, la serie de investigaciones que lleva el fiscal de distrito de los barrios de Núñez y Saavedra José María Campagnoli, que indaga desde hace una década la corrupción policial en la zona norte porteña, donde la Comisaría 35 juega un papel tan crucial, como el procesamiento que dictó esta semana el juez de instrucción Ricardo Farías contra dos subalternos de Potocar: la comisaria inspectora Susana Aveni y el subcomisario Marcelo Stefanetti.

Ambos, como la cantidad de funcionarios que ya deambularon en ese expediente, son parte del funcionamiento estructural de la Federal que, según demostró Campagnoli, todavía no ha cambiado con la metamorfosis que conducen Rodríguez Larreta y Ocampo. En menos de cuatro meses ya nombraron a nuevos comisarios en las 54 seccionales y ahora se prepararan para entrar al inexpugnable Departamento Central de Policía, de avenida Belgrano, la casa matriz de la vieja fuerza azul y un punto de control territorial tanto o más determinante que los comisarios, gracias al rol de las brigadas de calle, otra parte de la autonomía policial, y una asignatura todavía pendiente para una gestión que desde hoy tiene en Potocar al protagonista de la primera minicrisis para Larreta, desde que la Ciudad tiene una sola policía, como si fuera una provincia más. «