Los «dialoguistas» le piden al gobierno que se haga cargo del costo político de desconocer los cambios a la ley Bases

El apuro del Gobierno por llevar al recinto de Diputados la segunda revisión de la Ley Bases, se encontró con un previsible obstáculo. El vicejefe de Gabinete, José Rolandi, volvió este martes al despacho del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem. Regresó para reunirse con los jefes parlamentarios de los bloques opositores que dieron cuórum y votos a la media sanción del 30 de abril. Mientras la ley Bases y el Paquete Fiscal transitaban por el Senado, el funcionario los sondeó varias veces en privado, aunque en esta oportunidad quedaron dos conclusiones para los participantes del convite. A los diputados les quedó claro que el Ejecutivo, tal como anticipó Tiempo, está interesado en revertir todos los cambios que vinieron del Senado y todavía no sabe si logrará ese objetivo.

Por su parte, Rolandi se fue con un mensaje casi unánime de todos los participantes de la reunión, que combinó el formato virtual con el presencial. Los jefes parlamentarios le reclamaron claridad y también le pidieron que el Gobierno se haga cargo públicamente del plan para desconocer la mayoría de los cambios que el Senado introdujo y que fueron concedidos por Guillermo Francos. El actual ministro coordinador cerró una serie de acuerdos apenas fue designado como jefe de Gabinete, en reemplazo de Nicolás Posse, cuya cabeza rodó, entre otros temas, por la demora para destrabar la negociación del Senado.

El planteo de la oposición que se autopercibe dialoguista apunta a que la Casa Rosada blanquee sus intenciones y se haga cargo de los costos políticos, ya que un rechazo rotundo a los cambios del Senado podría originar un nuevo problema en la relación del Gobierno con la Cámara Alta y también de la Casa Rosada con la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuyo entorno vaticinó tempestades a futuro si los cambios que negoció junto a Francos quedan pedaleando en el aire.

Las advertencias que escuchó Rolandi en el despacho de Menem también le dan un poco de respiro a los bloques opositores para que ordenen sus discusiones internas, porque tanto la UCR como Hacemos Coalición Federal no tienen una posición común sobre las modificaciones que incluyó el Senado y que obligaron a su regreso en segunda revisión a la Cámara Baja.

Ahora los diputados podrán insistir por mayoría simple para ratificar su versión y desconocer los cambios del Senado o, en su defecto, también podrán aceptar los cambios con el mismo número, es decir, la mitad mas uno, salvo que alguna modificación haya sido aprobada por dos tercios. En ese caso, el oficialismo debería empardar en Diputados, pero no cuentan con ese número.

El jueves pasado Francos encabezó la primera reunión en Diputados después de la votación del Senado. Cuando le preguntaron si estaba condicionado por los acuerdos que selló en ese recinto, el ministro coordinador dijo que no y les dejó la inquietud de que insistan todo lo que puedan en la versión que aprobaron en marzo. Cree que podrían llegar a la mayoría simple en varias votaciones, salvo en el capítulo del blanqueo, que fue aprobado en el Senado por 72 votos, es decir, por la unanimidad del cuerpo. En la Cámara Baja el oficialismo no tiene chances de contrarrestar ese número que superó, con creces, los dos tercios de los presentes.

Ahora Francos y su equipo comenzaron a vivir en carne propia el dilema que les vienen preguntando en Diputados. El Gobierno tiene proridades estratégicas con el paquete fiscal. Ante todo quiere insistir con la reimposición de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, que fue rechazada por el Senado. Algo similar sucedió con el Impuesto a los Bienes Personales, porque quedó sin efecto el incremento del mínimo imponible de 27 a 100 millones de pesos y también la posibilidad de que puedan adherir los beneficiados por el blanqueo.

El paquete de privatizaciones también sufrió cambios. En el Senado sacaron a Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio y Televisión Argentina (RTA). Tanto en este punto de la Ley Bases como en el paquete fiscal todavía una instancia previa por resolver. Sobrevuela un debate, todavía sin solución, para interpretar el reglamento. Recrudeció con fuerza adentro de algunos bloques, como la UCR, porque un sector del bloque sostiene que los temas que fueron rechazados en el Senado ahora no pueden ser puestos a consideración en esta segunda revisión de Diputados. No será un debate fácil de resolver y, ante las preguntas de Tiempo, tanto en la UCR como HCF asumen que tienen la biblioteca dividida. Es decir, que no tienen una posición común, especialmente ante el bloque de Unión por la Patria, que insistirá sobre la invalidez de revistar en Diputados temas que el miembro informante del oficialismo aceptó resignar en el comienzo de la sesión del Senado, mucho antes de llegar a la votación en particular.

La versión del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) que aprobó el Senado también podría quedar sin efecto a partir del impulso del Ejecutivo. «Nuestro RIGI es mucho mejor que el de ellos», dijo la semana pasada Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO en la Cámara Baja. Fue solo un anticipo de la posición que mantendrá el bloque macrista en esta etapa. El espacio quiere defender la versión aprobada en Diputados y sus autoridades están expresando las posiciones que la Casa Rosada todavía no jugó en público. «Vamos a volver a votar el texto original de la Ley Bases, el que trabajamos rigurosamente y debatimos en Diputados. Los cambios del Senado atentan contra el déficit cero», dijo la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en una entrevista al canal LN+. De ese modo, Vidal asumió la defensa de la versión que ayudaron a aprobar en Diputados. La diputada lo hizo con mas firmeza y claridad que los legisladores del bloque de La Libertad Avanza, conducido por Gabriel Bornoroni.

El bloque de la UCR, que preside Rodrigo De Loredo, es una de las fuerzas que le dieron respaldo al Gobierno y ahora transitan una polémica compleja, que podrían resolver si el Gobierno se hace cargo de lo que pretende. Si sucede y hay comunicado oficial, los radicales también podrían asumir más costos políticos y animarse a más, como insistir con la versión de la reforma laboral que aprobaron en Diputados y dejar de lado los cambios del Senado.

La complejidad del debate radical no sólo pasa por la interpretación reglamentaria. Tampoco hay una posición común sobre el paquete de privatizaciones, entre otros temas. «Hasta que no haya un comunicado de la Oficina del Presidente diciendo que quieren ratificar y volver al original, la UCR no va a tener su pronunciamiento al respecto», confió una fuente parlamentaria. El espacio radical estaría de acuerdo con las delegación de facultades y con la versión del RIGI que aprobó el Senado, en otra clara diferencia con sus «ex primos» del PRO, jugados a insistir en todo.

Junto a Rolandi también estuvo María Ibarzábal Murphy, secretaria de Planeamiento Estratétigo. La reunión combinó invitados presentes y conectados. Sólo hubo cinco autoridades parlamentarias en persona. Por la UCR estuvieron De Loredo, Karina Banfi y Carla Carrizo.

En representación del PRO participaron la secretaria parlamentaria Silvia Lospennato, mientras que Juan Manuel López estuvo por la Coalición Cívica, el bloque que preside. La lista de conectados es más extensa. Por zoom intervinieron Miguel Pichetto y Oscar Agost Carreño, de HCF. Gabriel Bornoroni, que preside LLA, hizo lo propio junto a José Luis Espert.

Oscar Zago, que lidera el bloque MID, se conectó en forma remota y también Martín Menem, que hizo una videollamada desde Chubut, donde está con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para registrar formalmente la conformación en esa provincia de LLA. Los funcionarios escucharon y quedaron en contestar después del fin de semana largo. El tiempo corre: esperan una sesión el jueves 27, pero los menos optimistas creen que todo pasará para la primera semana de julio, con suerte.