Pese a la media sanción de Diputados, se rechazaron los articulos que quitaban la eximición de Ganancias a los jueces y que prorrogaban la facultad al Ejecutivo para fijar derechos de exportación.

El entrecruzamiento de opiniones fue notable y la disparidad en las diversas votaciones da cuenta de ello. La norma en general fue aprobada por 180 votos a favor y 22 en contra, con 49 abstenciones (el bloque del PRO). Pero el artículo 100 sobre Ganancias, que había sido incorporado durante el debate en la comisión de Presupuesto y Hacienda, no fue aprobado: tuvo 116 votos a favor y 134 negativos, ya que muchos de los bloques que acompañaron al oficialismo para dar la media sanción (Provincias Unidas, Interbloque Federal y algunos sectores del radicalismo) estuvieron en contra de esa cláusula. También votaron en sentido negativo algunos diputados de extracción gremial del FdT, que no aceptaron gravar los salarios de los trabajadores judiciales.
La quita de ese beneficio (que significará una merma en la recaudación del Estado de $ 237 mil millones durante el año 2023) había sido recomendada por el Poder Ejecutivo. En su mensaje de remisión al proyecto, había reconocido que esa exención no contemplaba “una política pública asociada a este beneficio” y que “influye negativamente en la equidad, igualdad y progresividad del impuesto con relación al resto de los contribuyentes asalariados”.
Juntos por el Cambio aprovechó la debilidad del Frente de Todos, al que le faltaban votos para imponer ese artículo por sí solo, y rechazó la propuesta. Así y todo, ensayó una pirueta de equilibrista para intentar dar una explicación razonable que justificara su oposición. «Nosotros no queremos sostener ningún privilegio, pero queremos ir más a fondo: proponemos una reforma integral que elimine todos los privilegios y que lo recaudado sea utilizado para bajar impuestos», dijo el radical Martín Tetaz. Algo así como qué buena idea, pero charlémoslo otro día.
También fracasó una idea de separar en el articulado a jueces y empleados del Poder Judicial, cuya situación salarial es notoriamente desigual, o de postergar el debate para una discusión integral del tributo. “Si tenemos que perder, perderemos; pero quedará en claro quiénes son los diputados que no quieren que los jueces paguen Ganancias”, fue la línea que bajaron legisladores oficialistas.
En tanto, el artículo 95, que prorrogaba hasta fin de 2023 la facultad del Ejecutivo para fijar derechos de exportación hasta un tope del 33% sobre el valor imponible o FOB, fue retirado por la bancada del Frente de Todos al comprobar que no iba a ser aceptado por el cuerpo. Desde el PRO, el diputado Luciano Laspina se cargó al hombro las quejas de los dirigentes agropecuarios: “La presión impositiva que sufre el campo es récord”, dijo.
Ante la evidencia de que no podía imponer su postura, el bloque oficialista aceptó quitar ese artículo del texto. «Vamos a retirar el artículo 95, no compartiendo las cosas que se han dicho, a partir de que nosotros entendemos que el Ejecutivo tiene las facultades para establecer los derechos de exportación”, dijo Carlos Heller.
Los dirigentes agropecuarios, que vienen reclamando incluso judicialmente por el cese de esa atribución fijada por la ley 27.541, que originalmente expiraba a fines de 2021, celebraron la decisión como un síntoma de “madurez legislativa”, según calificó el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. “Son los legisladores los que tienen que trabajar en fijar las reglas impositivas. Un próximo paso hacia la institucionalidad debería ser ordenar la falta de sustento legal que tiene ese impuesto, tal como reclamamos desde la SRA”, opinó. En ese punto, la historia tiene un final abierto.
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