Los efectos del decreto con el que Macri habilitó la importación de residuos

Un mes antes de concluir su gobierno, el ex presidente Mauricio Macri reglamentó un decreto a través del cual habilitó la importación de basura de otros países siempre que esta se incorpore al proceso productivo. Es decir: siempre que se le dé un fin específico y que exista un mercado, se puede ingresar al país desechos de otras naciones. Todo esto afectando al principal actor social para la gestión de residuos en Argentina, y también el más vulnerable: los cartoneros. Ese decreto, además, vino a hacer más laxos los controles: antes de su vigencia, se exigía un certificado de inocuidad sanitaria y ambiental emitido por altas autoridades en país de origen para demostrar que los residuos no son peligrosos, pero eso ya no es requisito. Los controles, no especificados, se realizarán acá y con procedimientos poco claros. El Ciudadano habló con Mirko Moskat, referente del Taller Ecologista de Rosario, sobre los cuestionamientos que las organizaciones socioambientales hacen a la normativa.

El 26 de agosto de 2019, el Boletín Oficial publicaba un decreto firmado por el entonces presidente Mauricio Macri, su jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ex ministro de la Producción, Dante Sica, que modificaba la ley de Residuos Peligrosos para permitir el ingreso a la Argentina de sustancias y objetos procedentes de otros países que puedan ser utilizados para otras finalidades, o para los que exista un mercado a o demanda específica.

La modificación más importante que el decreto trajo a la ley, es que antes se exigía un certificado de inocuidad sanitaria y ambiental emitido en origen. Es decir: un papel del país del que provienen los residuos que diga expresamente que el residuo no es peligroso. Esto, según las leyes argentinas, es “todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.

La normativa quedó reglamentada un mes antes de Alberto Fernández asumiera como presidente, y si bien cosecho críticas de diversas organizaciones ambientalistas y recuperadores urbanos –de los que depende la mayor parte del reciclaje que se realiza en el país– fue puesta en funcionamiento.

—¿Cuáles son los principales cuestionamientos a la ley que permite importar residuos a la Argentina?

—Son varios los ejes. Por un lado lo que preocupa es que está muy desdibujado cómo se va a asegurar que los residuos que se vayan a importar no sean peligrosos, cuál va a ser el control que van a tener esos residuos antes de ingresar al país. Por otra parte está el impacto que van a sufrir aquellas personas que viven del reciclaje, en particular los sectores más vulnerables, que son los cartoneros. Y además, la ley pone el foco en que los residuos puedan ser incorporados por alguna empresa que los utilice acá. El problema es plantear cuál es la necesidad de importar residuos cuando en el país están siendo mal gestionados. Entonces, el primer paso sería alcanzar la gestión correcta de los residuos que producimos en Argentina. Esto hay que pensarlo en el marco del problema global que hay con los plásticos: lo que nos preocupa es que Argentina termine siendo receptora de residuos plásticos de Estados Unidos o de países europeos, que hoy en día son los mayores exportadores de basura plástica. Hasta 2017 inclusive sus residuos iban principalmente a China, pero cuando China decide empezar a imponer restricciones fuertes a la importación de plásticos y residuos en general, esa basura empieza a ir a países del sudeste asiático como Indonesia, Malasia, Hong Kong, Taiwan, Tailandia, Vietnam. Y estos países también han empezado a ver las consecuencias que les genera toda esa cantidad de residuos plásticos que importan y que en realidad después no pueden gestionar correctamente. Entonces también ellos empezaron a poner restricciones al ingreso de residuos.

—¿Cuál es el problema de los residuos plásticos?

—El principal problema del plástico es que con el tiempo se va convirtiendo en partículas más pequeñas y eventualmente se transforman en microplásticos, que por definición son plásticos de menos de 5 milímetros. Lo que estamos viendo hoy en día es que en cualquier lugar donde se busque se encuentran microplásticos. Hay estudios que se han ido acumulando en estos últimos tres o cuatro años que muestran que hay microplásticos, por ejemplo, en los tractos digestivos de los peces analizados del Rio de la Plata, del Rio Paraná, del Mar Argentino. O el estudio que hicieron los investigadores del Acuario de Rosario, que indica que cada vez se registran más microplásticos en suelos de la zona; o un estudio de investigadores europeos que dice que en los Pirineos, un lugar completamente aislado, se depositan microplásticos permanentemente en el suelo; o la verificación reciente de la presencia de microplásticos en la Antártida; o el hecho de que el 90 por ciento del agua embotellada contenga microplásticos. Donde se busque, se encuentran. Es un contaminante que está en todos lados y que recién ahora se está empezando a ver qué impactos puede tener esto en nuestra salud o en la salud de otras especies, porque los microplásticos están ingresando en nuestros cuerpos de manera cotidiana.

—Hablaste de los cartoneros como el principal actor del reciclaje en Argentina. Hace unos meses Jackie Flores referente de la CTEP, del MTE (Movimiento del Trabajadores Excluidos) y coordinadora del Programa de Promotoras Ambientales, dio una charla en el marco del Encuentro de Ecofeministas (organizado por el Taller Ecologista) y habló de la necesidad de que Argentina sancione una Ley de Envases para garantizar el reciclaje y el cuidado medioambiental. ¿Qué aspectos debería abarcar una normativa de ese tipo?

—Lo principal es que no sea una ley de gestión de reciclado sino también de producción, es decir, que esté basada en el principio de responsabilidad extendida del productor, que sean las empresas las que se hagan cargo de los residuos que generan con sus productos, como por ejemplo, cuando Coca Cola decide comercializar sus productos en envases descartables en vez de los retornables. Para comercializar productos en envases retornables, Coca Cola tiene que garantizar todo el circuito de ese envase (recolección, limpieza, controles sanitarios, circulación), pero con los descartables no se hace cargo de nada. Es toda la sociedad la que se hace cargo. Otro aspecto importante es que no se incluya la incineración y quema de residuos como una forma de tratamiento porque terminamos destruyendo un producto que debería volver al ciclo y genera impacto ambiental en término de emisiones tóxicas y gases del efecto invernadero. Lo fundamental es que incluya a los cartoneros como parte de la estrategia de reciclaje. Hoy en día en Santa Fe, en Rosario, en casi cualquier ciudad, sobre todo en las grandes, los cartoneros son los principales actores de la cadena de reciclaje. La mayor parte de lo que se recicla empieza con el trabajo de los cartoneros. Entonces, una ley de ese tipo debería incluir a los cartoneros apuntando a apoyar y formalizar la actividad. Y un cuarto aspecto es que si bien las empresas tienen que hacerse cargo de garantizar la gestión de sus residuos, las decisiones tienen que quedar en manos del Estado y no en manos de las empresas, porque si no es muy difícil diseñar un sistema de gestión que tenga utilidad pública, que sea beneficioso para todos y no solamente para las empresas.

Artículo publicado en El Ciudadano & la región