Los estatales nacionales van a paritarias con una caída salarial acumulada del 36%

A fin de mes expira la paritaria vigente de los empleados públicos nacionales. Son alrededor de 200 mil trabajadores de la administración pública que, de una u otra forma, dependen de la negociación que, si bien todavía no fue convocada por el Estado, deberá comenzar en los próximos días.

Hace pocas semanas se dio por concluido el período 2022-23 que, luego de una serie de revisiones y un 5% adicional para mayo, que se acordó el 26 de abril, arrojó una suba interanual del 107,8%. Ya en abril la inflación interanual había escalado al 108,8% y, para mayo, se espera que supere el 110%. Así, nuevamente, los empleados públicos habrán perdido contra la inflación, en este caso, dos puntos porcentuales adicionales.

Según el Informe de Salarios que publica mensualmente el Indec, el sector público nacional arrastra una pérdida del poder adquisitivo de casi el 17% desde enero de 2017.

Sin embargo, en la agregación de ese informe se incluyen sectores más amplios como los docentes universitarios, el personal de seguridad y de las Fuerzas Armadas, así como los empleados judiciales y los trabajadores dependientes de las administraciones provinciales con fuerte influencia de los docentes.

Según el informe que elabora mensualmente la Junta Interna de Ate Indec, enfocado en la evolución de la categoría testigo D0 del SINEP (el convenio que rige a los empleados públicos de la administración nacional), desde diciembre de 2015, el salario del sector retrocedió en términos reales un 36,4%.

Esa categoría percibía un salario de $ 10.191 en diciembre de 2015 que, a valores de abril de 2023, equivalen a $ 220.956. Sin embargo, en la actualidad, un trabajador D0 del escalafón SINEP percibe apenas $ 136.510.

El delegado general de la Junta Interna del Indec, Raúl Llaneza, explicó a Tiempo que «para recuperar lo que hemos perdido necesitaríamos un aumento en un solo pago del 62% y, a partir de ahí, un proceso de actualización salarial con cláusula gatillo atada al Índice del Precios al Consumidor (IPC)».

Pero esa cifra tampoco alcanzaría para garantizar el salario que necesita una familia trabajadora para alcanzar la «canasta de consumos mínimos», que elaboran los mismos técnicos del organismo oficial y que en abril  tenía un valor de $ 322.290. Por eso, esa agremiación también reclaman una suma fija de $ 60 mil en carácter de urgente.

Inflación imparable

Para el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) , Hugo «Cachorro» Godoy, la caída del salario que estima la Junta Interna del Indec «no es equivocada. Tenemos casi un 30% que perdimos con el macrismo, luego volvimos a perder en 2020 y estamos perdiendo ahora. El retroceso es muy grande».

Godoy señaló que «la convocatoria formal a la paritaria todavía no ha llegado. En mayo se tiene que abrir para que a partir de junio empiece el nuevo año paritario. Es un compromiso asumido. No nos equivocamos cuando rechazamos el ofrecimiento del gobierno porque dijimos que no iba a alcanzar esta inflación que sigue escalando».

El titular de ATE vaticinó que la inflación en el período junio–mayo de 2023 «va a estar por encima del 110%. Y, si toma alimentos y vestimenta, que son los insumos básicos del magro ingreso de los trabajadores, va a estar cerca del 120%. Evidentemente no alcanza».

Daniel Catalano, dirigente de ATE CABA y de la opositora lista Verde y Blanca, señaló que «con Macri perdimos un 40% de masa salarial y en estos tres años llevamos perdiendo un 10% más. Los índices que  toman para medir la inflación son obsoletos. Deberían usar el transporte público, alimentos, alquiler, ropa, impuestos. Para no perder hacia adelante necesitamos una suma fija e intentar estar entre 3 y 5 puntos por arriba de la inflación».

Desde la Lista Multicolor, que también enfrentará a la conducción de ATE en las elecciones pautadas para agosto, Alejandro Lipcovich señaló que «la paritaria tendría que estar en debate público ahora mismo y, sin embargo, las y los trabajadores estatales desconocen por completo en qué condiciones se está discutiendo su salario».

Lipcovich, dirigente de la Junta Interna del Hospital Garrahan, señaló que «la última cuota de reajuste del 5,5% apenas araña la mitad de la inflación esperada para el mes en el que se acordó. Eso augura una nueva entrega del salario por parte de UPCN y de ATE que no firmó la última acta pero sí todas las anteriores y, en cualquier caso, no está promoviendo una deliberación sobre cuánto deberíamos reclamar ni de qué modo. Mucho menos para organizar un plan de lucha». Para Lipcovich, el salario testigo debería estar en el nivel de la «canasta de consumos mínimos» que elaboran los técnicos del Indec.

Godoy, por su parte, adelantó que «vamos a seguir insistiendo con el aumento de emergencia y discutir una paritaria corta con aumentos que den cuenta de esta realidad inflacionaria para no solamente no seguir corriendo de atrás sino para recuperar lo que llevamos perdido. Estamos en estado de movilización, alentando que se haga una medida de fuerza nacional con todos los trabajadores que esperamos definir el miércoles en un Congreso».

Catalano, de ATE CABA, recordó que «ya llevamos tres movilizaciones en mayo y todo indica que se vuelve a la calle en junio».

Para Godoy, de todas maneras, «la única salida es desengancharse del plan del FMI porque el esquema inflacionario es parte de ese plan. La reducción del déficit también es imposición del FMI. Si no ocurre eso, el gobierno está sin capacidad de dar respuestas. Si no lo hacen haremos paro». «